La actividad delictiva vinculada al narcomenudeo mantiene su presencia en Quintana Roo. Durante el mes de abril se reportaron 211 detenciones relacionadas con este delito, la cifra más alta registrada en lo que va del año, de acuerdo con el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En total, de enero a abril se acumulan 782 casos.
El comportamiento mensual de la estadística muestra que enero inició con 210 detenciones, seguido por una disminución en febrero con 175 y un leve repunte en marzo con 186 casos, hasta alcanzar el nuevo pico en abril. Esta tendencia refleja un patrón sostenido en la operatividad de grupos dedicados al narcomenudeo, particularmente en zonas urbanas al sur de la entidad.
Narcomenudeo, principal causa de homicidios dolosos en Quintana Roo
Este fenómeno se encuentra estrechamente relacionado con la violencia homicida en la entidad. Según el reporte de incidencia delictiva publicado este 17 de mayo, el primer cuatrimestre del año cerró con 126 víctimas de homicidio doloso en Quintana Roo, lo que representa una disminución del 47 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 237 víctimas.
Sin embargo, el 93 por ciento de los asesinatos estuvo vinculado directamente con ejecuciones relacionadas al narcomenudeo, mientras que el 7 por ciento restante correspondió a hechos derivados de riñas, según confirmó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar en su conferencia de seguridad de este lunes.
Aunque las autoridades han destacado esta reducción como un avance en materia de seguridad, los datos revelan que el conflicto entre células delictivas por el control del mercado de drogas al menudeo sigue siendo uno de los principales motores de la violencia letal en la entidad.
La presencia del narcomenudeo, tanto en entornos urbanos como en zonas cercanas a polos turísticos, no solo impacta en los índices de homicidios, sino que también genera una percepción constante de inseguridad entre la población y representa un desafío persistente para las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
El gobierno estatal ha reforzado la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales para contener esta problemática; sin embargo, los datos muestran que el fenómeno continúa activo y requiere de estrategias integrales que aborden tanto la prevención como la contención y la atención a víctimas.
