La crisis migratoria en la frontera sur de México se intensifica con el avance de una nueva caravana, compuesta en su mayoría por ciudadanos hondureños, que recorre el estado de Chiapas con la intención de llegar a Estados Unidos. Este fenómeno se produce en un contexto de firmes advertencias por parte del gobierno mexicano sobre la aplicación de la ley, incluyendo detenciones y deportaciones para quienes ingresen de manera irregular, y una creciente preocupación por la infiltración de traficantes de personas.
Una nueva columna de migrantes, predominantemente de origen hondureño, se desplaza actualmente por territorio chiapaneco, marcando otro episodio en el continuo flujo migratorio que busca alcanzar la frontera norte de México y, eventualmente, cruzar hacia los Estados Unidos. Este movimiento humano pone de nuevo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas y reaviva el debate sobre las políticas migratorias.
Respuesta Gubernamental: Protocolos y Advertencias
Ante este nuevo contingente, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han sido enfáticas en reiterar la postura oficial: toda persona que ingrese al país de forma irregular será sujeta a los procedimientos administrativos correspondientes, lo que podría culminar en su deportación a su país de origen. Las autoridades argumentan que esta medida no solo busca el cumplimiento de la legislación nacional, sino también proteger a los propios migrantes de caer en manos de redes de tráfico de personas y trata, que representan un grave riesgo para su seguridad e integridad.
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) son las instituciones designadas para atender las solicitudes de refugio. Conforme al marco legal mexicano, estas peticiones deben realizarse de manera individual y pueden tomar hasta 45 días hábiles para su resolución, plazo que puede ser extendido. Durante este periodo, los solicitantes deben, por norma general, permanecer en las estaciones migratorias gestionadas por el INM.
Operativos y la Presencia de la Guardia Nacional
En respuesta a la llegada de caravanas anteriores y como parte de la estrategia de control fronterizo, se ha reportado el despliegue de elementos de la entonces Policía Federal, ahora integrada en la Guardia Nacional, en puntos clave como Tapachula, Chiapas, para brindar apoyo al INM en sus labores. La Guardia Nacional ha participado en operativos previos destinados a la contención de estos flujos masivos de personas. Si bien esta corporación también tiene asignadas tareas de acompañamiento y seguridad para las caravanas de connacionales que regresan al país , su rol frente a los migrantes indocumentados se centra en la contención y el aseguramiento para aplicar los protocolos migratorios.
Una preocupación constante, tanto para las autoridades como para los activistas de derechos humanos, es la presencia de «polleros» o traficantes de personas que se infiltran en las caravanas. Estos individuos buscan engañar, extorsionar o robar a los migrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad.
* «Hemos detectado a varios pero luego se van, aunque los que hemos visto son porque quieren robar a los integrantes de la caravana, los quieren azuzar o engañar; hemos sacado como a cuatro o cinco personas en todo el recorrido de la caravana», detalló un activista en relación a experiencias pasadas.
Impacto en Rutas y Fronteras: Un Desafío Constante
La situación actual ejerce una considerable presión sobre la frontera sur de México y a lo largo de las rutas que los migrantes utilizan en su tránsito hacia el norte. Estos flujos no solo tienen implicaciones humanitarias y de seguridad, sino también económicas. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) ha señalado en ocasiones anteriores cómo los bloqueos carreteros –que pueden surgir por diversas causas, incluyendo protestas o situaciones de inseguridad vinculadas al paso de migrantes o a la respuesta de las autoridades– impactan negativamente el traslado de mercancías, generando retrasos significativos y un aumento en los costos operativos para el sector transporte. En algunos momentos críticos, la crisis migrante ha llegado a frenar el comercio exterior, como se evidenció en cruces fronterizos como el de Ciudad Juárez, donde la capacidad de procesamiento de camiones de carga se vio drásticamente reducida.
México enfrenta así una compleja «tenaza» migratoria. Por un lado, la presión de Estados Unidos para contener los flujos hacia su frontera, una constante en la relación bilateral que ha incluido amenazas de cierres fronterizos en el pasado. Por otro, los desafíos internos de gestionar humanitaria y legalmente a miles de personas en movimiento, garantizando sus derechos y la seguridad nacional. A pesar de las estrategias de contención, la persistencia de las caravanas sugiere que las causas profundas de la migración –pobreza, violencia, falta de oportunidades en los países de origen– continúan siendo un motor más poderoso que las medidas disuasorias implementadas.
