La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) entregó un contrato de 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, decisión que ha encendido las alertas por un posible conflicto de interés.
El acuerdo, firmado el 31 de julio, busca garantizar el mantenimiento de los equipos de rayos X en las aduanas del país. Sin embargo, detrás de este contrato surgen dudas: desde vínculos políticos con altos funcionarios, hasta la falta de experiencia acreditada de la empresa ganadora.
Vínculos con exfuncionarios cercanos a Peña Merino
La investigación revela que el propietario de Umami, Jesús Daniel Pérez González, ocupó la dirección de Tecnología del C5 de la CDMX durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Allí trabajó bajo la coordinación de José Peña Merino, hoy titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
A esto se suman nombramientos recientes en Aduanas de funcionarios que coincidieron con Pérez González en el C5, como Carlos Meléndez Sagahón y Arturo Jeshván Alcántara Villanueva. La cercanía entre todos ellos alimenta los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la adjudicación.
Inconsistencias en experiencia y capital social
La polémica crece al revisar los requisitos. Según documentos oficiales, Umami Ingeniería fue fundada en mayo de 2024, apenas meses antes del contrato, con un capital social de 50 mil pesos. No cumplía con los dos años de experiencia ni con el capital social mínimo exigido de 2.5 millones de pesos.
Además, se detectaron irregularidades en las cotizaciones y cartas de exclusividad, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia del proceso.
El papel del fideicomiso FACLA en las aduanas
El contrato fue financiado con recursos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Este fondo estratégico concentra los ingresos del comercio exterior para proyectos de seguridad e infraestructura.
Su relevancia es clave: se trata de uno de los principales mecanismos del gobierno para reforzar la seguridad fronteriza y mejorar la recaudación aduanera.
Transparencia y confianza en riesgo
Aunque Peña Merino defendió la política de adquisiciones tecnológicas como un modelo que garantiza austeridad y eficiencia, el caso Umami genera un efecto contrario: dudas sobre la credibilidad institucional y la transparencia en el gasto público.
La sociedad civil y especialistas en temas de corrupción advierten que la adjudicación podría convertirse en un nuevo ejemplo de cómo los vínculos políticos influyen en decisiones estratégicas para la seguridad nacional.
