El enredo de cables que cuelga en postes y atraviesa calles y avenidas mexicanas pronto llegaría a su fin. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recientemente aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados, obligará a las empresas de televisión por cable, internet y telefonía fija a retirar los cables en desuso y enterrarlos de manera progresiva.
Este cambio no solo busca mejorar la estética de las ciudades, sino también fortalecer la seguridad pública y la resiliencia frente a desastres naturales, según informaron las autoridades.
¿Qué dice la Ley de Telecomunicaciones aprobada?
El artículo 126 de la Ley establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.
La ley señala que estos lineamientos: “Deberán tomar en consideración la gradualidad en su aplicación y un análisis de costo-beneficio que permita asegurar su implementación de manera proporcional y sostenible”.
En otras palabras, la obligación de enterrar cables no se aplicará de golpe, sino que se diseñará un plan progresivo y técnicamente viable para que las empresas de telecomunicaciones realicen la transición sin afectar su operación ni sus finanzas de forma abrupta.
El texto legal también define la responsabilidad de los concesionarios y proveedores de infraestructura pasiva, como postes y ductos, de cumplir con las nuevas reglas de ordenamiento urbano y seguridad.
Cambio esperado para la seguridad y la imagen urbana
José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó en la “Mañanera del Pueblo” que el soterramiento permitirá retirar miles de cables viejos o en desuso que ya no brindan servicio pero siguen colgados en postes y cruceros, generando contaminación visual y peligros para peatones y vehículos.
El soterramiento también reducirá el riesgo de cortes de servicio durante tormentas, sismos o vientos fuertes, al tiempo que mejorará la resiliencia de la infraestructura crítica de comunicaciones.
En la Ciudad de México, ya es realidad
Aunque la ley es de alcance nacional, la Ciudad de México puso en marcha esta iniciativa desde años atrás. Desde 2021, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se impulsó la obligación para que las empresas invirtieran en ductos subterráneos. El cálculo inicial estimó un costo de 3 millones de pesos por kilómetro para migrar el cableado aéreo al subsuelo.
El gobierno actual de Clara Brugada continúa con el retiro de cables viejos y enmarañados, logrando hasta el año pasado más de 626 kilómetros de cables retirados gracias a la colaboración con empresas como Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable.
Con la ley aprobada, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberá definir en los próximos meses los lineamientos técnicos para el soterramiento, especificando zonas prioritarias, plazos de aplicación y mecanismos de supervisión.
