El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo una resolución judicial favorable el pasado 28 de mayo luego de que un juez federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada, uno de los procesos más graves que enfrentaba desde su detención en 2017.
La decisión fue emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la responsabilidad penal del exmandatario priista en este delito relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esta resolución, Borge dejará el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde permanecía recluido desde 2018, para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso judicial que aún enfrenta por presunto lavado de dinero.
PRI en Benito Juárez habla sobre el caso
El presidente del PRI en Benito Juárez, Jorge Rodríguez Méndez, confirmó que el fallo judicial fue emitido durante una audiencia celebrada el pasado 28 de mayo y señaló que dentro del partido observan el tema como un proceso de justicia.
“Hubo una audiencia a la 1 de la tarde, en la cual quedó el exgobernador absuelto de todos los cargos. Parece que todavía tiene otros procesos o juicios pendientes, pero la información que tenemos hasta el momento es que ya está absuelto. Todo indica que le darán arraigo domiciliario en la Ciudad de México y estaremos pendientes de lo que suceda”, expresó.
El dirigente priista indicó que, aunque el caso no forma parte actualmente de la agenda interna del partido, sí existe cercanía personal con el exmandatario, lo que les ha permitido mantenerse informados sobre su situación jurídica.
“No es un tema que se hable dentro del partido, pero por la amistad que se tiene con el exgobernador es que estamos enterados”, comentó.
Rodríguez Méndez aseguró además que la resolución judicial representa una muestra de que el proceso legal continuó su curso y que las autoridades federales tomaron una decisión basada en los elementos presentados ante el juez.
“Para el partido significa que se está haciendo justicia, que se está llevando un proceso jurídico en forma y que el tiempo pone todo en su lugar”, declaró.
Continuará proceso por lavado de dinero
Aunque Roberto Borge fue absuelto del delito de delincuencia organizada, aún permanece abierto el proceso relacionado con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este expediente, el exgobernador ya había obtenido desde 2023 el beneficio de prisión domiciliaria, medida cautelar que ahora podrá hacerse efectiva tras la resolución emitida por el juez federal.
La defensa del exmandatario cumplió previamente con diversos requisitos impuestos por las autoridades judiciales, entre ellos el pago de una garantía económica y el uso obligatorio de un brazalete electrónico para monitoreo permanente.
Entre las condiciones establecidas se encuentran permanecer bajo vigilancia electrónica, mantener restricciones de movilidad y presentarse ante cualquier requerimiento judicial relacionado con el proceso.
Las acusaciones contra Roberto Borge
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que durante su administración, entre 2011 y 2016, Roberto Borge habría favorecido la venta de terrenos propiedad del estado a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor comercial.
De acuerdo con las autoridades federales, estas operaciones involucraron predios ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, generando un presunto daño patrimonial superior a los 900 millones de pesos.
Los señalamientos incluían operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, posibles beneficios a personas cercanas al exmandatario y afectaciones millonarias al patrimonio estatal.
Detención en Panamá y extradición a México
Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia.
Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 y trasladado al penal federal de Morelos, donde permaneció privado de la libertad mientras avanzaban los distintos procesos judiciales en su contra.
Durante estos años también enfrentó acusaciones por peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder. Sin embargo, varios de esos procesos estatales ya no continúan vigentes.
Cabe mencionar que, el exgobernador continuará sujeto a supervisión judicial y aún enfrenta un proceso abierto, la absolución por delincuencia organizada modifica de manera importante su situación jurídica y le permitirá abandonar el penal federal después de más de seis años de reclusión.
