Con la llegada de 2025, México inaugura una nueva etapa en materia de seguridad pública bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Reformas clave, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), han dado paso a una estrategia renovada que fortalece instituciones y redefine políticas.
Entre los cambios más relevantes destacan la creación de una “supersecretaría” dirigida por Omar García Harfuch y la ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, medidas que han generado tanto apoyo como críticas.
Guardia Nacional: el inicio de la transformación
La transición de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) marcó el primer paso de esta reforma. Desde el pasado octubre, este cuerpo civil pasó a formar parte del Ejército, buscando robustecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Omar García Harfuch, entonces senador, defendió esta medida argumentando que “la Guardia Nacional proporcionará el apoyo necesario para las investigaciones e inteligencia del país.” Su visión se materializó al ser nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La nueva SSPC: más facultades y poder
El fortalecimiento de la SSPC es otro pilar central de estas reformas. Ahora, esta dependencia no solo coordinará la estrategia de seguridad a nivel nacional, sino que también desempeñará un papel clave en la investigación y persecución de delitos, trabajando de la mano con las procuradurías estatales.
Además, los recursos destinados a la seguridad serán monitoreados rigurosamente, garantizando su uso eficiente a través del Sistema Nacional de Seguridad.
Ampliación de la prisión preventiva oficiosa
Otra reforma significativa es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que ha sido cuestionada por organismos internacionales.
A partir de 2025, delitos como extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo se suman a los casos que ya contemplaban esta figura, como feminicidio, secuestro y robo de hidrocarburos.
Sin embargo, en un gesto conciliador, el Congreso decidió excluir delitos menores como narcomenudeo y defraudación fiscal del catálogo.
Críticas y desafíos
Las reformas han sido recibidas con opiniones divididas. Mientras que algunos sectores ven en estas medidas un avance hacia la consolidación de la seguridad, organizaciones de derechos humanos y la ONU han expresado preocupación por posibles abusos, especialmente con la prisión preventiva oficiosa.
Claudia Sheinbaum y su equipo enfrentan ahora el desafío de demostrar que estas reformas fortalecerán la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales.
Un cambio estructural en la seguridad mexicana
La implementación de estas reformas inaugura una nueva era en la estrategia de seguridad nacional. Con la SSPC reforzada, la Guardia Nacional bajo Sedena y un enfoque integral en investigación e inteligencia, México apuesta por un modelo más coordinado y eficiente.
2025 apenas comienza, pero las expectativas son altas. El éxito de estas medidas definirá el rumbo de la seguridad en el país y, posiblemente, el legado de este gobierno.
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