La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó finalmente el proyecto “Camino Artesanal Puerta al Mar”, una obra impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conectar la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto con la costa de Vigía Chico, en Quintana Roo. La resolución pone fin a un largo proceso que estuvo marcado por protestas, bloqueos, consultas públicas y cuestionamientos sobre los impactos ambientales de una de las obras más controvertidas desarrolladas en la zona maya durante los últimos años.
De acuerdo con el resolutivo ambiental, el proyecto contempla una fase de construcción de seis meses y una etapa de operación de hasta 50 años.
La autorización llega después de que la dependencia federal analizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Sedena y de que se llevara a cabo un proceso de consulta pública para recoger opiniones de ciudadanos, especialistas y organizaciones interesadas.
Una obra que inició sin permiso
La historia de Puerta al Mar comenzó oficialmente el 30 de agosto de 2023, cuando la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó el arranque de los trabajos junto con autoridades federales. Desde entonces, el proyecto fue presentado como una demanda histórica de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto para recuperar el acceso al mar Caribe y generar oportunidades económicas para las comunidades mayas de la región.
Sin embargo, la obra avanzó sin contar con autorización ambiental federal. Mientras maquinaria y trabajadores abrían paso sobre el camino existente hacia Vigía Chico, la Manifestación de Impacto Ambiental todavía no había sido ingresada a evaluación. Los trámites ante Semarnat fueron presentados hasta el 18 de diciembre de 2024, más de un año después del inicio de los trabajos.
Para julio de 2024, la propia gobernadora informó que los trabajos registraban un avance cercano al 47 por ciento, equivalente a unos 22 kilómetros pavimentados. Esa situación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y habitantes de la zona, quienes señalaron que el proyecto se desarrollaba sin la autorización ambiental correspondiente.
Bloqueos y oposición en la zona maya
La inconformidad también surgió entre grupos de ejidatarios y habitantes mayas de Felipe Carrillo Puerto. Diversos sectores manifestaron preocupación por los posibles efectos de la carretera sobre la selva y por la manera en que se estaba ejecutando el proyecto.
Las protestas derivaron en bloqueos que llegaron a detener temporalmente las obras. Durante varios meses se realizaron intentos de diálogo entre autoridades estatales y grupos opositores, aunque no se logró alcanzar un acuerdo definitivo.
En noviembre de 2024 los trabajos fueron suspendidos temporalmente debido a las manifestaciones. Posteriormente, el 16 de enero de 2025, el gobierno estatal anunció la reanudación de las labores, argumentando la importancia social y económica del proyecto para la región.
Mientras tanto, la discusión pública continuó creciendo. Organizaciones civiles insistieron en la necesidad de contar con estudios ambientales completos y transparentes antes de permitir que la obra avanzara.
¿Qué contempla el proyecto?
Según la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada para la Sedena, el proyecto consiste en la rehabilitación y modernización de 54.6 kilómetros del tramo Felipe Carrillo Puerto-Vigía Chico. Además de la carretera, se incluye infraestructura turística considerada de bajo impacto.
La obra contempla un tramo asfaltado de aproximadamente 22 kilómetros y otro denominado “camino artesanal” de poco más de 32 kilómetros. También prevé la construcción de una estación de transferencia, áreas de estacionamiento, locales comerciales, sanitarios, zonas administrativas, módulos de servicios, consultorio médico, infraestructura para bicicletas y espacios de atención para visitantes.
La MIA también señala que se realizarán trabajos de rehabilitación en el museo histórico de Felipe Carrillo Puerto y la construcción de infraestructura turística sobre pilotes en la zona de Playa Vigía Chico.
El proyecto es promovido por la Sedena y fue diseñado para ejecutarse en un periodo de 18 meses, aunque la autorización definitiva establece una construcción de seis meses y una operación proyectada de 50 años.
El debate ambiental
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto fue su impacto sobre los ecosistemas de la región.
La Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que será necesario realizar un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para una superficie de 1.548 hectáreas de selva mediana subperennifolia, principalmente en la zona donde se instalará la estación de transferencia.
No obstante, el documento sostiene que dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an no se prevé el retiro de vegetación forestal para la ampliación del camino, debido a que se utilizará el trazo ya existente. La única remoción prevista en esa zona corresponde a algunas palmas de coco consideradas especies invasoras.
Aun así, especialistas y grupos ambientalistas advirtieron sobre riesgos asociados a la fragmentación de hábitats, el aumento de la presión turística, la posible contaminación de cuerpos de agua y la alteración de ecosistemas cercanos a la costa y a la Reserva de Sian Ka’an.
La documentación ambiental también reconoce posibles impactos derivados de la construcción y operación de infraestructura turística, así como alteraciones relacionadas con ruido, tránsito vehicular, residuos y presencia humana en una zona que conserva importantes áreas de vegetación natural.
La consulta pública
Ante la magnitud de la controversia, Semarnat abrió un proceso formal de consulta pública para el proyecto. Entre septiembre y octubre de 2025, ciudadanos, especialistas, académicos y organizaciones pudieron revisar la documentación y presentar observaciones sobre los posibles efectos ambientales y sociales de la obra. El expediente estuvo disponible tanto de forma presencial como digital para facilitar la participación ciudadana.
Durante ese periodo se analizaron observaciones relacionadas con la biodiversidad, la protección de ecosistemas costeros, los efectos sobre la fauna silvestre y las implicaciones del crecimiento turístico en una de las regiones con mayor riqueza ambiental de Quintana Roo.
La consulta se convirtió en uno de los momentos más importantes y exigidos del procedimiento, ya que permitió incorporar opiniones externas antes de la emisión de la resolución definitiva.
La visión del gobierno
A lo largo de todo el proceso, el gobierno estatal defendió la construcción de Puerta al Mar como una obra de justicia social para las comunidades mayas.
Durante una visita realizada en octubre de 2025, cuando el proyecto aún carecía de autorización ambiental definitiva, Mara Lezama afirmó que la obra representaba una demanda histórica de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto y aseguró que permitiría generar desarrollo económico con prosperidad compartida.
La mandataria sostuvo que el acceso al mar abriría nuevas oportunidades para las comunidades de la zona maya y fortalecería el turismo comunitario. También destacó la inclusión de espacios comerciales, servicios para visitantes y acciones de restauración ambiental asociadas al proyecto.
Por su parte, la Sedena ha señalado que la carretera mejorará la conectividad terrestre, facilitará el acceso a Vigía Chico y contribuirá a fortalecer actividades económicas, sociales y turísticas en la región. La dependencia sostiene además que el proyecto aprovechará un camino ya existente y que se implementarán medidas para prevenir y mitigar impactos ambientales.
Una nueva etapa
Con la autorización ambiental ya emitida, Puerta al Mar entra ahora en una nueva fase.
La resolución de Semarnat permite continuar formalmente con un proyecto que durante casi tres años estuvo rodeado de cuestionamientos legales, ambientales y sociales. Aunque la autorización representa un respaldo institucional a la obra, el seguimiento de las medidas de mitigación, compensación y protección ambiental será uno de los aspectos que permanecerán bajo observación durante su construcción y operación.
La carretera, concebida para unir la ciudad de Felipe Carrillo Puerto con las playas de Vigía Chico, se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes de la zona maya en los últimos años. Al mismo tiempo, seguirá siendo un caso emblemático dentro del debate nacional sobre desarrollo, turismo, conservación ambiental y participación comunitaria en proyectos de gran escala.
