El Gobierno de México inició el proceso para establecer nuevos lineamientos que buscan hacer efectivos los derechos de las audiencias de radio y televisión.
La propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), abrió un periodo de consulta pública de 20 días, durante el cual ciudadanos, empresas de comunicación, especialistas, universidades y organizaciones civiles podrán presentar observaciones antes de que las reglas entren en vigor.
Desde el Gobierno federal se insiste en que el propósito no es censurar contenidos, sino fortalecer el derecho constitucional de la población a recibir información veraz y diferenciada de las opiniones o la publicidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada hace aproximadamente un año. Esto ocurre tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo con autonomía técnica encargado de regular este sector.
“El derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México”, afirmó la mandataria.
Añadió que la elaboración de los lineamientos corresponde exclusivamente a la Comisión, pero consideró importante que toda la población conozca su contenido y participe en la consulta pública.
La presidenta destacó que el proceso está abierto tanto para grandes empresas de radio y televisión como para radios comunitarias. El objetivo, dijo, es enriquecer las reglas antes de su aprobación definitiva.
Derechos vigentes hace 13 años
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados por primera vez a la Constitución en 2013 y desarrollados posteriormente en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014.
Sin embargo, explicó que en 2017 esos derechos fueron reducidos mediante una reforma legal que, según señaló, fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 al considerar que representaba un retroceso en la protección de las audiencias.
De acuerdo con la funcionaria, la legislación impulsada durante el actual gobierno recuperó esos derechos y ahora corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitir las reglas que permitan aplicarlos en la práctica.
Las nuevas disposiciones están dirigidas exclusivamente a los concesionarios de radio y televisión. Incluyen tanto a las estaciones de radio y televisión abierta como a los servicios de televisión y audio restringidos, además de programadoras comerciales, públicas y sociales. La regulación también contempla a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.
La presidenta aclaró que la prensa escrita y las plataformas digitales no forman parte de este proceso regulatorio.
“Esta Comisión regula radio y televisión. La prensa escrita no está incorporada en este proceso… las plataformas tampoco están en esta regulación”, explicó.
QUÉ DERECHOS SE BUSCA PROTEGER
Uno de los ejes centrales de los lineamientos consiste en precisar los derechos que ya reconoce la ley para evitar interpretaciones ambiguas o discrecionales.
El primero es el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna. Según la propuesta, los medios deberán evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o presentar hechos antiguos como si fueran actuales.
También se establece la obligación de distinguir claramente cuándo un contenido corresponde a una noticia y cuándo se trata de una opinión. Para ello podrán utilizarse avisos en pantalla, cortinillas, plecas o menciones que permitan a la audiencia identificar con claridad el tipo de contenido que está consumiendo.
Otro aspecto consiste en separar la publicidad del contenido editorial. La intención es que las personas puedan reconocer fácilmente cuándo un mensaje tiene fines comerciales y cuándo forma parte de la programación informativa o de entretenimiento.
Asimismo, se mantiene el derecho de réplica para que cualquier persona pueda solicitar la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen.
Los lineamientos también incorporan medidas específicas para fortalecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, incluyendo servicios dirigidos a personas con discapacidad auditiva y representaciones visuales incluyentes y respetuosas.
Gobierno rechaza que sea censura
Uno de los principales cuestionamientos surgidos tras la publicación de los lineamientos ha sido la posibilidad de que representen un mecanismo de censura para los medios de comunicación.
La presidenta Sheinbaum rechazó esa interpretación y aseguró que el esquema privilegia la autorregulación.
“No se trata de multar… el objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información”, sostuvo.
Explicó que serán los propios medios quienes designen a sus defensorías de audiencias y elaboren sus códigos de ética, por lo que el papel de la Comisión será intervenir únicamente cuando no se atiendan las recomendaciones emitidas por esos mecanismos internos.
La mandataria subrayó que la finalidad principal consiste en ofrecer a las audiencias herramientas para reclamar cuando consideren que una información es falsa, incompleta o parcial, y propiciar que existan espacios para responder o corregir los contenidos.
Consulta pública abierta
La consulta pública permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual cualquier persona podrá revisar los lineamientos y presentar comentarios o propuestas.
El Gobierno federal sostiene que esta etapa permitirá mejorar el documento antes de su aprobación definitiva y ampliar la participación de especialistas, concesionarios, organizaciones civiles y ciudadanos.
CÓDIGO DE ÉTICA Y DEFENSORÍA DE AUDIENCIAS
Otra de las obligaciones previstas consiste en que todas las estaciones de radio y televisión cuenten con un código de ética.
Ese documento deberá explicar expresamente cuáles son los derechos de las audiencias, los criterios editoriales utilizados por el medio, los procedimientos para presentar quejas y los mecanismos para designar a la persona defensora de las audiencias.
Cada concesionario también deberá nombrar al menos una persona defensora encargada de recibir, analizar y resolver las inconformidades presentadas por el público.
En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la propuesta establece que la persona defensora deberá pertenecer a la propia comunidad.
De acuerdo con los lineamientos, quienes ocupen ese cargo deberán actuar con imparcialidad, independencia, objetividad, transparencia y sin conflictos de interés.
¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS?
Si una persona considera que alguno de sus derechos como audiencia fue vulnerado, podrá presentar una queja ante la defensoría del propio medio.
La persona defensora solicitará un informe a la empresa de comunicación y analizará el caso.
Si concluye que efectivamente existió una violación a los derechos de la audiencia, emitirá una recomendación para que el medio corrija la situación.
En caso de que la recomendación no sea atendida, el asunto podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá facultades para intervenir.
Solo en casos extremos y cuando persista el incumplimiento podrían imponerse sanciones económicas previstas en la ley.
La defensoría contará con un plazo máximo de 20 días para resolver cada queja presentada.
CONSULTA PÚBLICA
De los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias
20 días de consulta
27 de julio al 21 de agosto
portal.crt.gob.mx/consultapublica
