La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para crear mecanismos preventivos que permitan detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y organizaciones criminales antes de las elecciones de 2027.
La propuesta surge después de diversos casos registrados en los últimos años, en los que alcaldes y funcionarios municipales han sido detenidos o investigados por presuntos nexos con grupos delictivos. El objetivo, según explicó, es brindar a los partidos políticos herramientas para identificar “riesgos razonables” antes de definir candidaturas.
Una comisión ligada al INE
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta instancia estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por un periodo de tres años.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la comisión funcionaría como un enlace entre los partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esta iniciativa de reforma pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán a partir de la elección del 2027”, señaló Alcalde.
El mecanismo sería voluntario para los partidos políticos. Las dirigencias entregarían listas de aspirantes y la comisión consultaría a las distintas dependencias para determinar si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos criminales. Las instituciones no compartirían carpetas de investigación ni detalles específicos, únicamente una clasificación de riesgo.
El gobierno federal aclaró que la propuesta no implica prohibir candidaturas ni retirar derechos políticos. La decisión final seguiría estando en manos de los partidos políticos.
“Esto no es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata”, explicó Luisa María Alcalde. “El partido político toma sus decisiones internas de a quién va a postular, pero ya con esta información que antes no se tenía”.
La iniciativa también establece que quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar expresamente ser evaluados por esta comisión, aunque el partido decida o no someter el caso a revisión. Todo el procedimiento se realizaría bajo condiciones de confidencialidad y respetando el principio de presunción de inocencia.
LOS CASOS QUE DETONARON LA PROPUESTA
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en los primeros meses de su administración se detectaron casos de presuntos vínculos entre autoridades municipales y organizaciones criminales en distintas entidades del país.
“Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos de vínculos entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, declaró la mandataria. Mencionó casos registrados en el Estado de México, Jalisco y Morelos, además de investigaciones derivadas de denuncias ciudadanas.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Morelos, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como del ex alcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, por presuntos vínculos con extorsión y delincuencia organizada.
La presidenta señaló que muchas investigaciones comienzan a partir de testimonios ciudadanos. “Cuando me lo dicen a mí o alguna otra persona del Gobierno tenemos un mecanismo para que esa denuncia que hace de manera personal se procese”, afirmó.
Un problema extendido
Entre 2020 y 2026, al menos 35 alcaldes y cientos de funcionarios municipales han sido detenidos o vinculados a proceso por presuntos nexos con organizaciones criminales en México, de acuerdo con casos documentados públicamente.
Estados como Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Estado de México concentran buena parte de los expedientes relacionados con presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos locales. Entre los grupos señalados aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel Chiapas-Guatemala.
En Jalisco destacó el caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, detenido por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG. También sobresale la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, tras investigaciones relacionadas con el Rancho Izaguirre, señalado como un centro de entrenamiento criminal.
En Chiapas fueron detenidos funcionarios como Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, acusado de presuntos nexos con el CJNG y el Cártel Chiapas-Guatemala. Mientras tanto, en Michoacán, un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló desde 2021 que al menos 29 alcaldes presentaban señalamientos relacionados con grupos criminales.
OPERACIÓN ENJAMBRE Y LAS INVESTIGACIONES RECIENTES
Uno de los operativos más relevantes en este contexto ha sido la llamada “Operación Enjambre”, enfocada en combatir redes de extorsión y complicidad entre autoridades municipales y grupos delictivos.
En el Estado de México, la operación derivó en la detención de varios funcionarios y alcaldes. Uno de los casos más notorios fue el de María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, sentenciada a 70 años de prisión por el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y vinculada con La Familia Michoacana.
También fueron detenidos María del Rosario “N” y Pedro Luis “N”, de Santo Tomás de los Plátanos, acusados de utilizar sus cargos para cometer actos de extorsión vinculados con organizaciones criminales.
Sheinbaum insistió en que el objetivo de la reforma es fortalecer mecanismos preventivos sin vulnerar derechos constitucionales. “Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia”, afirmó.
LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS
Funcionarios vinculados al crimen organizado en México
Jalisco — José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán
Acusado de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La FGR señaló que habría facilitado protección y logística relacionada con el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de entrenamiento criminal.
Jalisco — Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila
Detenido por presunta extorsión y supuestos vínculos con el CJNG.
Chiapas — Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa
Capturado por presuntos actos de corrupción y posibles nexos con el CJNG y el Cártel Chiapas-Guatemala.
Chiapas — José Antonio “N”, alcalde de Frontera Comalapa
Investigado por desaparición forzada, homicidio, extorsión y presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Estado de México — María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco
Sentenciada a 70 años de prisión por el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz. Las investigaciones la relacionaron con La Familia Michoacana.
Estado de México — María del Rosario “N”, funcionaria de Santo Tomás de los Plátanos
Detenida por presuntamente utilizar su posición política para cometer actos de extorsión ligados a La Familia Michoacana.
Estado de México — Pedro Luis “N”, funcionario de Santo Tomás de los Plátanos
Acusado de participar en redes de extorsión vinculadas con La Familia Michoacana.
Michoacán — Artemio Moriya Sánchez, alcalde de Tacámbaro
Señalado en reportes de inteligencia tras la detención de su hija en Texas con casi 250 mil dólares y armas de fuego, en un caso relacionado con presuntos nexos con el CJNG.
Michoacán — Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec
Identificado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Fue asesinado en febrero de 2022.
Veracruz — Jorge Fabián “N”, alcalde de Lerdo de Tejada
Detenido y recluido en un penal federal acusado de secuestro agravado.
Morelos — Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan
Detenido en operativos contra la extorsión y presuntos vínculos con grupos criminales.
Morelos — Irving Sánchez, ex alcalde de Yecapixtla
Capturado como parte de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y extorsión.
Morelos — Patricia “N”, síndica municipal de Amacuzac
Acusada de extorsión agravada y presuntos vínculos con La Familia Michoacana.
Morelos — Azucena “N”, regidora de Amacuzac
Detenida por su presunta participación en redes de extorsión vinculadas con grupos criminales.
Morelos — Alejandro Bladimir “N”, tesorero de Amacuzac
Investigado por extorsión agravada y presuntos nexos con La Familia Michoacana.
