México comenzó el proceso para construir la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una legislación que, de aprobarse, marcará un cambio histórico al establecer por primera vez un marco jurídico integral para proteger y garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios y de las comunidades afromexicanas.
La propuesta será sometida a una amplia consulta nacional antes de llegar al Congreso de la Unión. De acuerdo con el Gobierno federal, el objetivo es que el texto definitivo incorpore las opiniones de quienes serán los principales beneficiarios de la ley: los propios pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa fue elaborada durante varios meses con la participación de numerosas dependencias federales y ahora entra en una etapa de consulta.
«El objetivo del proceso de esta consulta es recibir opiniones, sugerencias, planteamientos sobre la propuesta de iniciativa a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, quienes son los titulares de esta ley», dijo.
La futura legislación tiene como punto de partida la reforma al artículo segundo de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, que reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Ese reconocimiento constitucional es considerado la base jurídica sobre la cual ahora se pretende construir una ley que detalle cómo deberán ejercerse esos derechos en la práctica.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, señaló que la finalidad principal consiste en promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de estos pueblos para que puedan ejercer plenamente su autonomía y participar en la vida pública del país.
«Tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de Derecho público», dijo.
La propuesta abarca a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, 16 mil 728 comunidades registradas, 68 lenguas indígenas y una población cercana a 25.8 millones de personas, equivalente al 20.5 por ciento de la población nacional.
5 etapas antes de llegar al Congreso
El gobierno federal diseñó un proceso de consulta dividido en cinco fases para garantizar la participación de las comunidades.
La primera etapa comienza con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, este lunes 29 de junio en la edición vespertina.
Posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto, se desarrollará la etapa informativa, durante la cual personal del INPI llevará materiales explicativos a las más de 16 mil comunidades registradas para que conozcan el contenido de la propuesta.
Después vendrá la etapa deliberativa, del 7 de agosto al 13 de septiembre, en la que cada comunidad analizará el proyecto conforme a sus propios sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización. Como parte de este proceso se realizarán 82 asambleas regionales de consulta, además de siete mesas de trabajo especiales en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Una cuarta fase permitirá revisar todas las propuestas recibidas para incorporarlas al proyecto definitivo entre septiembre y octubre.
Finalmente, el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena, el Ejecutivo prevé presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso de la Unión.
¿Quiénes participaron?
Para elaborar la iniciativa se realizaron 148 reuniones con 35 dependencias y entidades federales. También participaron un Comité Técnico Asesor integrado por diez mujeres y diez hombres, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y diversas instituciones nacionales e internacionales como observadoras.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aportó opiniones en temas relacionados con el acceso a la justicia, mientras que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representantes de Naciones Unidas acompañarán el desarrollo de la consulta.
LA LEY INCLUYE 8 GRANDES APARTADOS
La iniciativa está organizada en ocho libros, cada uno dedicado a distintos aspectos de los derechos indígenas y afromexicanos.
El primero establece las bases para reconocer jurídicamente a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y define la relación que mantendrán con las distintas autoridades del Estado mexicano.
El segundo desarrolla el régimen de libre determinación y autonomía. Incluye aspectos relacionados con el gobierno comunitario, la administración de tierras, la propiedad intelectual colectiva, los planes de justicia y los caminos artesanales, entre otros temas.
El tercer libro está dedicado exclusivamente a los pueblos afromexicanos, con disposiciones específicas para garantizar sus derechos bajo un enfoque de inclusión y combate a la discriminación.
Uno de los apartados más amplios de la propuesta está dirigido a fortalecer los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. La iniciativa contempla acciones afirmativas para impulsar su participación política, fortalecer sus derechos sobre la propiedad y posesión de la tierra y garantizar una vida libre de violencia. También incorpora medidas específicas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Otro libro está orientado a proteger los derechos de personas indígenas y afromexicanas migrantes, adultas mayores y con discapacidad. Dentro de este apartado se presta atención especial a sectores como los jornaleros agrícolas, las trabajadoras del hogar y los trabajadores de la construcción, grupos que con frecuencia enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.
Uno de los cambios más relevantes que plantea la ley consiste en establecer un procedimiento claro para realizar consultas a los pueblos indígenas cuando alguna medida administrativa o legislativa pueda afectarles.
La propuesta busca fijar metodologías y procedimientos para garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, con el propósito de alcanzar acuerdos antes de adoptar decisiones que impacten directamente a las comunidades. Asimismo, la iniciativa regula la coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para asegurar el cumplimiento de los derechos indígenas.
En ese apartado también se incorpora el mecanismo para la asignación directa de recursos públicos a las comunidades indígenas y afromexicanas, como ocurre actualmente con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a estos pueblos.
Además, contempla la continuidad del llamado Anexo Transversal 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, integrado por alrededor de 99 programas presupuestarios con recursos cercanos a los 253 mil millones de pesos.
Un nuevo juicio de amparo
Entre las innovaciones más importantes destaca la creación del llamado juicio de amparo indígena y afromexicano. La intención es que este mecanismo permita proteger no solamente los derechos individuales de las personas, sino también los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, además de establecer sanciones cuando esos derechos sean vulnerados.
Según explicó Adelfo Regino, titular del INPI, esta figura retoma principios que anteriormente existían en el amparo agrario, pero adaptados a las necesidades actuales de los pueblos indígenas.
SHEINBAUM DESTACA EL ALCANCE HISTÓRICO
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma constitucional de 2024 representa el primer reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos desde la independencia de México.
«Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos», subrayó.
La mandataria recordó que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 incorporaron distintos avances, pero ninguna reconoció plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
También destacó que la nueva legislación permitirá dar sustento legal a mecanismos como la entrega directa de recursos públicos a las comunidades, práctica que actualmente opera mediante el presupuesto federal y que, de aprobarse la ley, quedaría respaldada por una disposición legal permanente.
Sheinbaum señaló además que el proyecto será enriquecido con las propuestas que surjan durante la consulta y reiteró que la intención es presentar la iniciativa definitiva al Congreso el próximo 12 de octubre, una vez concluido el diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos.
ASAMBLEAS EN LA PENÍNSULA
7 de agosto al 13 de septiembre
YUCATÁN
Maxcanú
Valladolid
Izamal
QUINTANA ROO
Felipe Carrillo Puerto
CAMPECHE
Calakmul
Xpujil
San Francisco de Campeche
