La reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum llega este miércoles al Congreso de la Unión en medio de un escenario político complejo. Aunque Morena cuenta con una amplia representación legislativa, las señales de rechazo por parte de sus aliados tradicionales, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han encendido alertas dentro de la coalición gobernante.
El proyecto, denominado “Decálogo por la Democracia”, plantea cambios de fondo en el sistema electoral mexicano, particularmente en el mecanismo de elección de diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Sin embargo, la reforma requiere una mayoría calificada para aprobarse, es decir, el respaldo de dos terceras partes del Congreso, lo que vuelve indispensable la unidad del bloque oficialista.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que el escenario se ha complicado. “Cada vez se pone más difícil”, admitió al referirse a las negociaciones con el PT y el PVEM, aunque aseguró que seguirán buscando acuerdos antes de la votación. Si alguno de estos partidos decide votar en contra o abstenerse, la reforma constitucional no alcanzaría los votos necesarios. Morena tiene 253 diputados, mientras que el PT cuenta con 49 y el PVEM con 62, por lo que cualquier ruptura dentro del bloque sería suficiente para frenar la iniciativa.
Sheinbaum tiene un plan alternativo
Ante la posibilidad de que la reforma no logre la mayoría calificada, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que existe un plan B, aunque evitó detallar su contenido o alcance.
La mandataria explicó que su prioridad es primero agotar la vía constitucional en el Congreso. Solo después, en caso de que la iniciativa sea rechazada, se evaluarán alternativas legislativas.
“Sí hay un plan B, pero ya sería después, no nos adelantemos”, respondió cuando se le preguntó si la estrategia implicaría modificaciones a leyes secundarias.
Sheinbaum insistió en que, independientemente del resultado legislativo, la presentación de la reforma representa el cumplimiento de un compromiso con la ciudadanía.
Según explicó, el objetivo central es profundizar la democracia y evitar que las cúpulas partidistas definan las listas de representación proporcional.
“La gente no quiere las listas plurinominales porque son representantes de los partidos. El representante tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido”, afirmó.
Para la presidenta, la iniciativa busca que los aspirantes a cargos legislativos tengan que hacer campaña y obtener respaldo ciudadano, incluso cuando aspiren a ocupar un espacio proporcional.
La presidenta argumenta que en muchos casos las listas de representación proporcional son definidas por las dirigencias partidistas sin consulta ni competencia electoral. Con el nuevo modelo, explicó, quienes aspiren a esos espacios deberán participar en campañas y obtener respaldo ciudadano.
“Los que quieran tener el voto tienen que ir a campaña y pedir el voto popular”, afirmó.
Sheinbaum también rechazó las críticas de que la reforma busque construir un “partido de Estado”. Según dijo, el objetivo es exactamente el contrario: reducir el poder de las élites partidistas. Incluso aseguró que renuncia a cualquier influencia en la designación de legisladores plurinominales.
“Yo renuncio a poner cualquier plurinominal. Que los ponga el pueblo”, declaró.
El PT rompe filas
La principal resistencia a la reforma dentro de la coalición gobernante proviene del Partido del Trabajo. El coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, fue claro al advertir que su partido votará en contra si la iniciativa modifica el esquema actual de representación proporcional.
Para el PT, eliminar o alterar el sistema de plurinominales podría debilitar la pluralidad política en el Congreso. Sandoval sostuvo que las reglas electorales actuales ya demostraron su eficacia, pues permitieron a la coalición oficialista ganar la Presidencia y obtener mayoría legislativa. Desde su perspectiva, cambiar el sistema podría abrir la puerta a la concentración del poder.
“El riesgo es que se configure un partido de Estado”, advirtió.
El PVEM mantiene cautela
El Partido Verde Ecologista de México ha adoptado una postura más cautelosa, evitando adelantar un posicionamiento definitivo. El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, señaló que el partido analizará la iniciativa una vez que conozca el texto final.
En el Senado, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, expresó coincidencias con Morena, pero la dirigencia nacional del Verde aclaró que se trató de una opinión personal y no de una postura institucional.
La posición definitiva del PVEM dependerá del análisis interno del partido, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro de la reforma.
La oposición anticipa su rechazo
Mientras el oficialismo intenta mantener la cohesión interna, la oposición ya adelantó que votará en contra de la reforma electoral.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que su bancada no respaldará la iniciativa y llamó a los aliados de Morena a reflexionar sobre sus implicaciones.
Según el legislador priista, la reforma podría alterar el equilibrio del sistema político mexicano.
La postura del PRI se suma a la resistencia del PAN y de Movimiento Ciudadano, lo que deja a Morena con un margen muy estrecho para reunir la mayoría calificada necesaria.
Se pondrá a prueba la coalición
Más allá del contenido de la propuesta, la discusión sobre la reforma electoral podría convertirse en una prueba política para la coalición que llevó a Morena al poder. La posibilidad de que PT y PVEM rompan filas revelaría tensiones internas dentro de la llamada Cuarta Transformación.
También podría influir en la configuración de alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados.
Si la reforma fracasa, el gobierno federal aún tendría margen para impulsar cambios mediante leyes secundarias, aunque con un alcance más limitado.
Por ahora, el debate apenas comienza. Pero lo que ocurra en el Congreso en los próximos días no solo definirá el futuro de la reforma electoral, sino también la solidez de la alianza política que hoy gobierna México.
DECÁLOGO POR LA DEMOCRACIA
El eje de la propuesta electoral se resume en un decálogo de diez puntos que, según el gobierno federal, pretende modernizar el sistema político mexicano, reducir costos y fortalecer la participación ciudadana.
El primer punto propone modificar el sistema de diputados de representación proporcional. Actualmente existen 200 plurinominales definidos por listas partidistas. La reforma plantea que 100 se asignen a los mejores segundos lugares de las elecciones distritales, mientras que los otros 100 serían elegidos directamente por los ciudadanos dentro de cada circunscripción. En el caso del Senado, la reforma eliminaría la representación proporcional. De aprobarse, la Cámara Alta quedaría integrada únicamente por dos senadores de mayoría y uno de primera minoría por estado.
El segundo punto del decálogo propone reducir en 25% el gasto electoral, lo que implicaría ajustes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y del financiamiento público de los partidos.
El tercer punto plantea reforzar la fiscalización de recursos en campañas, mediante una mayor coordinación entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El objetivo sería detectar recursos de procedencia ilícita y evitar el rebase de topes de campaña.
El cuarto punto se refiere al voto en el extranjero. La reforma propone que los ocho diputados que representan a mexicanos en el exterior sean elegidos directamente por los ciudadanos que viven fuera del país.
El quinto punto propone reducir los tiempos de radio y televisión durante las campañas, al considerar que la saturación de propaganda política genera rechazo entre la ciudadanía.
El sexto punto introduce reglas para el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Los anuncios elaborados con esta tecnología deberán incluir un sello visible que indique que fueron creados con inteligencia artificial, con el objetivo de evitar manipulación o desinformación.
El séptimo punto busca modificar el sistema de cómputos distritales, permitiendo que el conteo oficial de votos comience el mismo día de la elección conforme lleguen las actas, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada electoral.
El octavo punto promueve mecanismos de democracia participativa, permitiendo que con el respaldo del 2% de la lista nominal los ciudadanos puedan solicitar consultas públicas sobre decisiones relevantes en municipios o estados.
El noveno punto incorpora la prohibición del nepotismo electoral, estableciendo que a partir de 2030 ningún familiar pueda suceder directamente a otro en un cargo de elección popular.
Finalmente, el décimo punto propone eliminar la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular también a partir de 2030.
