El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envía este martes al Senado de la República su iniciativa de Plan B de reforma electoral, una propuesta que busca recortar gastos en la política local y redirigir esos recursos a obras y servicios públicos.
Se trata de una nueva versión de la reforma electoral que no logró avanzar en su intento original, pero que ahora retoma algunos puntos con un enfoque más concreto, tales como reducir privilegios, bajar costos y abrir más espacios de participación ciudadana.
Uno de los cambios más novedosos es el establecimiento de un tope de 0.70% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. Esto significa que ningún congreso podrá gastar más allá de ese límite, sin importar el tamaño o los recursos de cada entidad.
La medida, dijo Sheinbaum, busca poner orden en un sistema donde hay diferencias muy marcadas. Hay estados que destinan cantidades muy altas por diputado, mientras que otros operan con presupuestos mucho más bajos, aun teniendo el mismo número de legisladores.
“Aquí presentamos el ejemplo de Baja California, que tiene un gasto por diputado de casi 38 millones de pesos al año, mientras Colima tiene el mismo número de diputados y gasta 5 millones de pesos por diputado al año. Repito, esto no es que todo llegue a los diputados o las diputadas, una parte, se va para los trabajadores de los congresos o para el pago de luz, pero es un exceso que haya congresos que, en promedio, tengan 38 millones de pesos por diputado; entonces, se pone un límite, un tope, de 0.70% del presupuesto del Estado”, explicó.
Menos regidores, más eficiencia
Otro punto central del Plan B es la reducción en el número de regidores en los municipios. La propuesta establece que los cabildos deberán tener un mínimo de siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo del tamaño de la población.
Hoy en día hay municipios con más de 20 o incluso 25 regidores, lo que, según el diagnóstico del gobierno, representa un gasto elevado sin necesariamente traducirse en mejores resultados para la ciudadanía.
“No importa el tamaño de la población del municipio, en algunos lugares es un exceso de regidores. Entonces, el planteamiento es que, de acuerdo a la población del municipio, vaya de 7 a 15 regidores y que ningún regidor, ningún presidente municipal, pueda ganar más ni se pueda asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal, más allá de su salario”, dijo Sheinbaum.
La reforma también plantea que solo habrá una sindicatura por municipio, con el objetivo de simplificar la estructura administrativa y evitar duplicidades.
El dinero, directo a obras
Uno de los argumentos principales del gobierno es que el ahorro generado por estos ajustes no irá a la Federación, sino que se quedará en los estados y municipios.
Ese dinero, según la propuesta, deberá destinarse a necesidades concretas como bacheo, agua potable, drenaje, alumbrado o infraestructura básica.
Según Sheinbaum, los gobiernos locales dependen en gran medida de las aportaciones federales, y en muchos casos tienen ingresos propios limitados. Por eso, cualquier ahorro puede tener un impacto directo en la calidad de vida de la gente.
Topes salariales y fin de privilegios
El Plan B también incluye cambios importantes en los organismos electorales. Uno de ellos es que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral ni de tribunales electorales podrá ganar más que la presidenta de la República.
Esto aplicará tanto para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como para magistrados y altos funcionarios de órganos electorales locales.
Además, se eliminarán beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros ingresos extras, que durante años han sido motivo de críticas.
En el caso de los partidos políticos, aunque no se logró reducir su financiamiento público en la propuesta original que fue rechazada, la reforma sí plantea nuevas reglas de transparencia.
“Ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos, que ningún presidente de partido, secretario general de partido, servidor público de partido, puede ganar más que la Presidenta, o se otorgue bonos y seguros de gastos médicos, etcétera”, dijo la Presidenta.
Más control y vigilancia
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que otro componente relevante del Plan B es el fortalecimiento de la fiscalización. La propuesta abre la puerta para que el INE pueda coordinarse con otras autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera, para revisar el origen de los recursos en campañas.
También se prohíbe el uso de dinero de origen ilícito, aportaciones en efectivo o recursos provenientes del extranjero, con el fin de cerrar espacios a irregularidades.
Además, se plantea que el cómputo de votos inicie desde el momento en que llega el primer paquete electoral, y no días después como ocurre actualmente. La intención es reducir riesgos y dar mayor certeza a los resultados.
Revocación de mandato más accesible
La reforma también toca el tema de la participación ciudadana. Se propone que la revocación de mandato pueda realizarse el primer domingo de junio del cuarto año de gobierno, lo que en el caso actual sería en 2028.
El objetivo es ampliar las posibilidades de que la ciudadanía evalúe a sus gobernantes y decida si deben continuar o no en el cargo.
“El pueblo de México ha tenido como demanda histórica formar parte de manera permanente en la toma de decisiones. Por ello, ampliar los periodos en los que se pueda solicitar la revocación de mandato será en beneficio de la ciudadanía. Que la ciudadanía pida este ejercicio en diversos momentos amplía sus derechos”, dijo la secretaria de Gobernación.
Reforma seguirá en debate
Aunque este Plan B retoma solo una parte de la propuesta original, la presidenta ha dejado claro que su gobierno seguirá insistiendo en otros cambios, como la reducción del financiamiento a partidos o ajustes en la Cámara de Diputados.
“Ahora no se pudo, pero después puede ser”, dijo, al reiterar que no abandonará la intención de transformar el sistema electoral.
Con su envío al Senado, la iniciativa abre una nueva discusión sobre el uso del dinero público en la política y sobre la forma en que se organiza la representación en México.
El debate apenas comienza, pero el eje central ya está sobre la mesa: menos gasto en estructuras políticas y más recursos para la gente. Los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que han trabajado aliados desde hace varios años, están listos para votar esta reforma constitucional que requiere mayoría calificada.
