A mediados de julio, un dato estremecedor sacudió a organizaciones de derechos humanos: el gobierno de Donald Trump tenía a más de 55 mil migrantes detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La cifra representa un aumento del 49 % desde el inicio de su mandato. La consecuencia inmediata: 150 cárceles locales comenzaron a operar como centros migratorios improvisados.
Lo que ocurre detrás de estos números es un fenómeno estructural, histórico y alarmante. ICE, al borde de su capacidad, ha transformado prisiones locales, instalaciones federales y cárceles privadas en un mosaico de detención sin precedentes, con más de 436 sitios activos en todo Estados Unidos.
“Alligator Alcatraz” y los centros invisibles del sistema
Uno de los casos más simbólicos es el de ‘Alligator Alcatraz’, un nuevo centro de detención al oeste de Miami, que ni siquiera aparece en los registros oficiales de ICE. Pese a reportes periodísticos confirmando su operación desde el 3 de julio, el centro permanece ausente en las estadísticas públicas.
“Hay una falta de transparencia aquí. Aparecen nuevos centros sin previo aviso ni documentación clara”, denuncia Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, que analiza las detenciones migratorias.
Cifras ocultas y una detención masiva sin condenas
Aunque el discurso oficial sugiere medidas contra criminales, el 71.1 % de los migrantes detenidos no tienen sentencias criminales. En otras palabras, 7 de cada 10 personas están encarceladas por razones exclusivamente migratorias.
De los 181 centros oficialmente reconocidos por ICE, 30 operan por encima de su capacidad, y la mayoría son cárceles de condados. Pero organizaciones como Prison Policy Initiative y The Marshall Project han detectado centros no reportados, con más de 10 mil migrantes detenidos entre mayo y junio en prisiones locales.
Un sistema “parcheado” y dominado por intereses privados
“El sistema de detención siempre ha sido un mosaico de soluciones: centros federales, cárceles locales y empresas privadas”, explica Jeff Migliozzi, de Freedom for Immigrants. Su organización denuncia que el 90 % de los detenidos están bajo custodia de contratistas privados.
Y la tendencia no cambia. ICE recibirá 45 mil millones de dólares hasta 2029, una cifra 62 % mayor que el presupuesto total del sistema federal de prisiones, según el American Immigration Council.
“Más dinero, más centros, más opacidad”, resumen activistas que ven con preocupación el fortalecimiento de un sistema sin supervisión clara y con conflictos de interés entre contratistas y agencias federales.
“Esto no es nuevo, pero los números son impactantes”
Michael Flynn, director del Global Detention Project, sostiene que la raíz del problema está en el modelo carcelario adoptado por Estados Unidos:
“No es nuevo que se usen cárceles para detener migrantes. Lo alarmante es cómo ha crecido el sistema sin rendición de cuentas. Es un modelo que ignora las convenciones internacionales”.
Para Flynn, la administración Trump ha profundizado una práctica que ya estaba instaurada, pero que ahora escala con cifras sin precedentes y una retórica que criminaliza la migración.
El costo humano del encarcelamiento migratorio
Más allá de las estadísticas y los millones de dólares, hay historias humanas silenciadas entre rejas. Familias separadas, solicitantes de asilo criminalizados, menores detenidos sin acceso a representación legal.
La estrategia migratoria de Trump no solo ha sobrecargado el sistema carcelario, sino que ha redefinido la frontera entre detención administrativa y castigo penal, afectando a miles de personas cuya única falta fue buscar una vida mejor.
