El salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien había sido deportado ilegalmente a El Salvador a principios de este año, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras entregarse voluntariamente en un centro de detención en Baltimore, Maryland.
El caso de Kilmar Ábrego García
Ábrego García, padre de tres hijos, fue regresado a Estados Unidos en junio para enfrentar un proceso federal por un caso de tráfico de personas en Tennessee. Su deportación previa a una prisión en El Salvador había violado una orden judicial de 2019 que impedía enviarlo al país centroamericano.
Antes de entregarse, el salvadoreño agradeció el respaldo de la comunidad que lo acompañó en su lucha legal y moral. “Hoy puedo decir con orgullo que estoy libre, me reuní con mi familia. Un milagro gracias a Dios y a toda la comunidad (…) nunca dejaron de creer y luchar por mi libertad”, expresó.
Riesgo de deportación a un tercer país
De acuerdo con sus abogados, las autoridades estadounidenses han considerado la posibilidad de deportar a Ábrego García a terceros países como Uganda o Costa Rica, a pesar de que un juez federal en Maryland le permitió seguir trabajando y viviendo en el estado mientras enfrenta su proceso. La condición es que se presente periódicamente ante la oficina local del ICE en Baltimore.
Activistas y grupos de derechos humanos, como CASA, han denunciado que el caso se ha convertido en un ejemplo de “represalias” por parte de la administración de Donald Trump contra quienes se atreven a desafiar sus políticas migratorias.
“Están utilizando todo el aparato federal contra un padre de tres hijos para demostrar que nadie debería atreverse a desafiar su autoridad”, señaló Lydia Walther-Rodríguez, representante de la organización.
El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, aseguró que continuará respaldando a Ábrego García y su familia en esta batalla legal. “Si se le niegan sus derechos, los derechos de todos los demás están en riesgo”, advirtió.
Mientras tanto, el futuro del salvadoreño sigue siendo incierto, pues aunque el juez no ha prohibido una eventual deportación a un tercer país, su defensa insiste en que cualquier decisión debe respetar el debido proceso.
