Este miércoles 2 de julio, un juez federal de Estados Unidos bloqueó una de las políticas migratorias más restrictivas impuestas durante el gobierno de Donald Trump, la cual impedía a los migrantes en la frontera con México solicitar asilo en territorio estadounidense. El fallo representa un revés legal significativo para la postura migratoria del expresidente republicano.
La decisión fue emitida por el juez de distrito Randolph Moss, quien dictaminó que Trump excedió su autoridad presidencial al tratar de imponer una norma que sustituye las leyes migratorias existentes aprobadas por el Congreso. De acuerdo con Moss, la norma violaba la obligación legal de atender las solicitudes de asilo de manera humanitaria.
“El Presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya los estatutos que ha promulgado el Congreso”, escribió el juez en su fallo.
La medida de Trump había sido diseñada para frenar la llegada de migrantes solicitantes de refugio, especialmente aquellos provenientes de Centroamérica, bajo el argumento de que debían pedir protección en otros países antes de llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes denunciaron desde un inicio que la norma ponía en peligro a miles de personas vulnerables, al negarles el derecho legal de solicitar asilo en la frontera sur.
El fallo reactiva el acceso al proceso de asilo
Con esta decisión judicial, se restaura la posibilidad de que los migrantes que lleguen a la frontera puedan presentar solicitudes de asilo bajo los procedimientos establecidos por la ley estadounidense. Aunque el fallo no implica una apertura total, sí obliga a que el gobierno cumpla con el marco legal existente y no lo sustituya por órdenes ejecutivas que contradicen las normas del Congreso.
Grupos de defensa migratoria celebraron la decisión como un paso hacia la justicia, mientras que expertos legales consideran que podría sentar un precedente importante en futuros intentos de restringir derechos migratorios por vía ejecutiva.
Se espera que la administración de Trump —o sus representantes legales— presenten una apelación en las próximas semanas.
