El presidente Donald Trump, en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, ha recibido un fuerte revés judicial luego de que jueces federales bloquearan su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes indocumentados o en situación temporal.
La orden ejecutiva, emitida por la Casa Blanca con el objetivo de restringir el acceso automático a la ciudadanía para los nacidos en suelo estadounidense, fue suspendida por el juez federal Joseph LaPlante en New Hampshire. Aunque inicialmente se concedió una pausa para permitir una apelación del Gobierno, la administración no presentó ningún recurso, por lo que la orden quedó en vigor a nivel nacional.
“La decisión del juez protege a cada niño cuya ciudadanía fue amenazada por una medida claramente ilegal”, declaró Cody Wofsy, abogado de la ACLU, organización que representa a varios de los menores afectados.
Boston: los estados se unen contra el decreto presidencial
Simultáneamente, en Boston, se llevó a cabo una audiencia clave encabezada por el juez federal Leo Sorokin, quien también analiza mantener una orden judicial nacional que impide aplicar la medida de Trump. Representantes de más de una docena de estados argumentaron que el decreto presidencial viola abiertamente la Constitución y generaría millonarios costos administrativos.
Durante la audiencia, Sorokin expresó dudas sobre los argumentos del Gobierno, que pidió limitar el alcance de la medida cautelar a ciertos estados. Sin embargo, los abogados estatales advirtieron que implementar sistemas paralelos —como asignar números de Seguro Social sin otorgar ciudadanía— sería costoso, confuso y discriminatorio.
“Lo que me están diciendo es: lo haremos, pero no tienen una propuesta concreta sobre cómo lograrlo”, respondió Sorokin, rechazando la falta de claridad de la defensa federal.
El peso de la Enmienda 14 y el precedente de Dred Scott
En el corazón de esta batalla legal se encuentra la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., ratificada en 1868, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Esta enmienda surgió tras la Guerra Civil y corrigió precedentes como el infame caso Dred Scott, donde se negó la ciudadanía a un esclavo afroamericano pese a vivir en un estado libre.
La administración Trump sostiene que los hijos de personas en situación migratoria irregular “no están sujetos a la jurisdicción de EE.UU.” y, por tanto, no deberían ser considerados ciudadanos. Sin embargo, tribunales federales han rechazado esta interpretación por contradecir el texto constitucional y la jurisprudencia histórica.
¿El siguiente paso? Una decisión de la Corte Suprema
Aunque los tribunales inferiores han bloqueado el decreto presidencial, el caso podría llegar próximamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de negar la ciudadanía por nacimiento a ciertos grupos.
Hasta que eso ocurra, los niños nacidos en territorio estadounidense —sin importar el estatus migratorio de sus padres— continúan protegidos por la Enmienda 14.
Una victoria para miles de familias migrantes
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la ACLU, han celebrado los fallos como una victoria contundente para la democracia y la justicia constitucional.
“Este es un mensaje claro: Estados Unidos no puede romper su promesa de ciudadanía a quienes nacen bajo su bandera”, concluyó Wofsy.
El fallo no solo protege derechos individuales, sino que reafirma los límites del poder presidencial y fortalece el principio de igualdad ante la ley en el país.
