En septiembre, una redada de ICE impactó la construcción de la nueva planta de Hyundai en Georgia, arrestando a cientos de trabajadores surcoreanos. Este operativo generó preocupación tanto en la automotriz como en el gobierno de Corea del Sur, que teme repercusiones económicas y retrasos en la inversión extranjera.
El CEO de Hyundai, José Muñoz, destacó la importancia de estos trabajadores para garantizar la fabricación de maquinaria y equipos complejos.
“Antes de que salieran, les dije que podían quedarse… y que van a regresar”, declaró, subrayando que la experiencia internacional es clave para el proyecto.
Trump apoya el regreso de los trabajadores
El presidente Donald Trump coincidió con la postura de Hyundai y expresó su oposición a la redada. Durante un vuelo hacia Asia, afirmó que los trabajadores deportados tendrán un papel crucial al regresar para apoyar la producción en Estados Unidos.
Trump enfatizó que la presencia de este personal extranjero permitirá desarrollar tecnología avanzada y garantizar la eficiencia de las operaciones iniciales en la planta de Georgia, minimizando retrasos que podrían afectar la competitividad de la compañía.
Preocupación de Corea del Sur por inversión y seguridad laboral
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, manifestó su preocupación por la seguridad y el trato de los trabajadores deportados. Señaló que algunos empleados podrían mostrarse renuentes a regresar debido al trauma generado por la redada, lo que podría afectar la continuidad de proyectos y la confianza en la inversión extranjera.
Lee declaró que, sin medidas para proteger a los trabajadores, la construcción de fábricas en Estados Unidos podría verse pospuesta significativamente, un riesgo para la expansión industrial y la relación bilateral entre ambos países.
Implicaciones para la industria automotriz y la política migratoria
El caso de Hyundai refleja un desafío crítico para la industria automotriz en EE. UU.: equilibrar la seguridad laboral y la política migratoria con la necesidad de mano de obra especializada. La automotriz confía en que un retorno ordenado de los trabajadores permitirá mantener los cronogramas de producción y el desarrollo tecnológico de la planta de Georgia.
Además, expertos señalan que la resolución de este conflicto podría convertirse en un ejemplo de cómo las compañías multinacionales y los gobiernos pueden coordinarse para proteger la inversión extranjera y garantizar un entorno laboral seguro.
