La Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló un nuevo golpe contra el Cártel de Sinaloa, acusando a 26 de sus líderes en Illinois de manejar no solo el tráfico de drogas hacia el Medio Oeste, sino también lavar millones de dólares en bancos estadounidenses mediante complejas estructuras financieras.
El anuncio de la DEA y el modus operandi
El administrador Terrance Cole explicó que no se trata de operaciones callejeras aisladas, sino de una red criminal internacional con alcance financiero:
“El Cártel de Sinaloa no solo introduce drogas; infiltra nuestras instituciones financieras con millones de dólares en ganancias ilícitas”.
La investigación confirma que los acusados utilizaban bancos, casas de cambio y empresas fachada para dar apariencia legal a los recursos obtenidos del tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína.
Los 26 líderes acusados en Illinois
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra 26 integrantes del cártel, entre ellos operadores financieros y logísticos responsables de coordinar envíos de droga y movimientos de dinero.
Entre los nombres destacan Próspero Coronel-Sánchez, José Luis Angulo-Soto, Ángel Alemán Alatorre-Monge y Miguel Ángel Aramburo Jr., además de otros operadores que mantenían la red activa en distintas ciudades.
Drogas incautadas: cifras que revelan la magnitud
La fiscal general Pamela Bondi informó que las incautaciones alcanzaron:
- 360 kilos de fentanilo
- 80 kilos de metanfetamina
- 50 kilos de cocaína
Estos cargamentos estaban destinados a Illinois, Missouri y estados vecinos, consolidando al Cártel de Sinaloa como uno de los mayores proveedores en la región.
Estrategia “Recuperemos América”
El operativo forma parte de la campaña “Recuperemos América”, impulsada en la administración de Donald Trump, donde el cártel fue designado como Organización Terrorista Extranjera.
Esa clasificación permite aplicar sanciones más severas y vincular el narcotráfico con financiamiento al terrorismo.
Arrestos y próximos pasos judiciales
Durante la última semana, la DEA confirmó la captura de 15 acusados, mientras que los demás permanecen prófugos o bajo investigación.
Los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans coordinan ahora el proceso judicial, considerado un duro golpe a la infraestructura criminal del Cártel de Sinaloa.
