California se enfrenta a una crisis de seguridad pública sin precedentes en plena temporada de incendios forestales. Una orden del presidente Donald Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles ha reducido la capacidad de lucha contra incendios del estado a un alarmante 40%, creando una amenaza tangible y potencialmente mortal para millones de residentes.
Mientras California se prepara para lo que se anticipa como una «temporada temprana y activa» de incendios, una disputa política entre el gobernador Gavin Newsom y la administración Trump ha dejado al estado peligrosamente vulnerable. La decisión del presidente de federalizar y desplegar a miles de miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles para responder a protestas contra ICE ha tenido una consecuencia directa y alarmante: la drástica reducción de los equipos especializados en la lucha contra incendios.
La unidad de élite de la Guardia, conocida como Task Force Rattlesnake, que trabaja directamente bajo las órdenes de CAL FIRE, ahora opera a solo el 40% de su capacidad. Ocho de sus 14 equipos han sido desviados a Los Ángeles, dejando solo seis tripulaciones disponibles para todo el estado en un momento de máximo riesgo.
Esta no es una cuestión abstracta de jurisdicción; es una decisión que tiene el potencial de costar vidas y propiedades. La priorización de una presencia militar para una función de orden público en una ciudad por encima de la preparación para catástrofes naturales en todo el estado es una apuesta de alto riesgo.
El Choque Político y la Base Legal
El gobernador Gavin Newsom ha calificado la orden de Trump de «ilegal» y un «abuso de poder», presentando una demanda para revertirla. «Con la temporada alta de incendios en pleno apogeo en todo California, necesitamos todos los recursos disponibles para proteger a las comunidades», declaró Newsom.
La administración Trump, por su parte, justificó el despliegue bajo la autoridad del Título 10, una ley que permite al presidente activar a la Guardia Nacional para servicio federal durante una «rebelión» o si las leyes de EE. UU. no pueden ser ejecutadas. Argumentaron que las protestas contra ICE en Los Ángeles representaban una amenaza para el personal federal, cumpliendo así con los requisitos de la ley.
Aunque un tribunal de apelaciones ha permitido de momento que las tropas permanezcan en Los Ángeles, la disputa ha creado una peligrosa brecha en la defensa del estado contra los incendios.
Un General Pide Revertir la Orden
En un giro sorprendente que socava la justificación de la Casa Blanca, ha surgido que el propio comandante militar a cargo de las tropas desplegadas ha pedido una rectificación. El General Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de EE. UU., solicitó formalmente al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que 200 de los soldados de la Guardia Nacional sean devueltos a sus deberes de lucha contra incendios.
Esta solicitud desde dentro de la cadena de mando militar es significativa. Sugiere que la realidad operativa sobre el terreno indica que la amenaza de los incendios forestales es más inminente y grave que la situación de las protestas en Los Ángeles. Se hace eco de las advertencias del gobernador Newsom y revela una desconexión entre los objetivos políticos de Washington y las necesidades de seguridad reales de California.
«Estamos contentos de ver que el máximo comandante militar que supervisa la militarización ilegal de Los Ángeles está de acuerdo: es hora de retirar a las tropas de la Guardia Nacional y devolverlas a sus críticas tareas de extinción de incendios», dijo la oficina del Gobernador Newsom en un comunicado.
Mientras la decisión del Secretario de Defensa está pendiente, California contiene la respiración. Con las condiciones de bandera roja en el pronóstico y los recursos diezmados, los residentes del estado dorado se enfrentan a un verano en el que la seguridad contra los incendios podría depender del resultado de una batalla política librada a miles de kilómetros de distancia.
