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Quintana Roo

Hay cuenta regresiva para Borge

por La Verdad

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Desde un par de horas, hasta nueve meses es el plazo que podría tardar para que Roberto Borge Angulo sea extraditado a México, luego de que autoridades solicitaron de manera formal la extradición al gobierno de Panamá, detenido en aquel país desde el pasado 4 de junio.

El gobierno mexicano emitió la solicitud formal de extradición ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, de acuerdo con fuentes del gobierno del país centroamericano.

De aceptar Roberto Borge la orden de extradición, sería trasladado a una prisión federal, luego de que son autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) quienes levantaron los cargos que se le imputan.

En cambio, si el exmandatario decide ampararse contra la orden de extradición, esta podría tardar hasta nueve meses, explico Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso del Estado, quien señaló que desde Quintana Roo se han brindado todos los elementos necesarios para fincar responsabilidades contra los responsables del desfalco del estado.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró el seis de junio pasado la legal aprehensión con fines de extradición de Borge y ordenó su detención provisional por 60 días, “por la supuesta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, precisó entonces el Órgano Judicial panameño. El gobierno mexicano solicitó la extradición a 10 días de que se venciera el plazo.

SOLICITUD

El gobierno panameño añadió que la decisión judicial se tomó en atención al artículo 525 del Código Procesal Penal, que indica que “la autoridad judicial competente podrá ordenar la detención provisional con fines de extradición por un plazo de 60 días, dentro de lo cual el estado requirente deberá formalizar la solicitud de extradición y cumplir con los requisitos previsto en este Código”.

La Procuraduría General de la República (PGR) señala que Roberto Borge está implicado en la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

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