Secciones
Quintana Roo

Grúas hacen su agosto a costa de las lluvias ¿Es justo?

por La Verdad

Carlos Matus / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Grúas hacen su agosto a costa de las lluvias ¿Es justo? La pesadilla para Miguel Ángel Santiago Pamplona, taxista del sindicato ‘Lázaro Cárdenas del Río’, de Playa del Carmen, inició el 15 de agosto, cuando sufrió un choque. Lo que de por sí ya era un trago amargo para el conductor, se ha convertido en un tortuoso camino de burocratismo y abuso de la empresa de Grúas Peca, quien fue la responsable de mover la unidad siniestrada a sus corralones, en lo que la situación jurídica de Miguel Ángel se aclaraba. El taxista pagó poco más de 19 mil pesos por el arrastre y encierro de la unidad, lo cual considera un robo. “Y más sí le sumamos que la empresa me quería cobrar casi 28 mil pesos, pero me hicieron un descuento”, ironizó Miguel Ángel. A esto se suma que a pesar de ya haber pagado la cantidad solicitada por la empresa Grúas Peca, el conductor no ha recibido su unidad, hasta hace unos días. Además, el vehículo presenta piezas faltantes, señal de que dentro del encierro fue desvalijado de manera sistemática.
“A pesar de que ya cuento con una orden de liberación de la unidad por parte del Ministerio Público y Tránsito, la empresa no me ha dado mi unidad, pues dice que tiene problemas legales con el dueño del predio donde tiene el encierro y no pueden sacar ningún vehículo, pero además, en un recorrido que hice para ver las condiciones en las cuales está el auto, lo encontré con el cofre abierto y sin varias piezas del motor”, expresó Santiago Pamplona.
De esta acusación Miguel Ángel tiene varias fotografías, donde se confirma su versión. Ante esto, el afectado interpuso la denuncia 5075/2017 ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de robo. A su vez, dio conocimiento del caso a las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) para que tome las cartas en el asunto y pueda proceder contra la empresa de arrastre, pero esto no ha sucedido. Al igual que en el caso de Miguel Ángel, se suman voces de queja contra el servicio que prestan las 311 grúas registradas en todo el estado, de acuerdo con datos de la dependencia estatal, donde el común denominador son los cobros excesivos, la falta de un tabulador de servicios, maltrato de las unidades durante el arrastre y en los corralones, además del robo de piezas u objetos.

Dolor de cabeza

En Benito Juárez el poder y abuso de las grúas se ha hecho sentir a través de dos empresas: ‘Cardona Hermanos’ y ‘Peca Vial’. Ambas relacionadas con familiares de la ex regidora Latifa Muza Simón, fallecida en febrero de 2016, pero que durante su periodo logró que la anterior administración municipal realizara un convenio de colaboración en el 2015 para prestar servicios con la Dirección de Tránsito. Dicho convenio físico se encuentra ‘no localizable’ en las oficinas municipales, producto de un incompleto proceso de entrega-recepción por parte de las autoridades del 2013-2016. Esto generó que la empresa de arrastre pudiera pactar las tarifas que deseara con total impunidad, de acuerdo con fuentes dentro de la Dirección de Transporte y Vialidad, que pidieron guardar el anonimato. A pesar de esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Benito Juárez, dio a conocer que durante 2016 se dieron 18 denuncias contra empresas de arrastre, de las cuales 12 fueron contra ‘Cardona Hermanos’ y ‘Peca Vial’. José Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Profeco, comentó que los usuarios no ven una posibilidad de levantar una queja o denuncia contra alguna empresa de grúas, debido a que desconocen los procedimientos.
“Muchos piensan que estas empresas forman parte de las administraciones municipales y que por eso todo el procedimiento de queja se debe de hacer en oficinas municipales, pero lo cierto es que al ser empresas privadas, están regidas en los principios de prestación de servicios justos que velamos como Profeco”, comentó.
De hecho, de las 12 denuncias señaladas en 2016, se logró un monto de recuperación mayor a los 62 mil pesos, afirmó Canto. Estas dos empresas, cuyos propietarios son Roberto Cardona Rojas y Roberto Cardona Musa, viudo e hijo respectivamente de la ex regidora, enfrentaron una queja por parte de Transporte Especiales del Caribe en junio de 2015, luego de un arrastre. Luego de la acción, la empresa pidió el pago de 100 mil pesos para liberar el vehículo, lo que generó una demanda en su contra ante la existente en ese momento Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la averiguación previa asentada en el expediente AP/CAN/89/01/943/7-2015. Al final, se logró un acuerdo fuera de instancias oficiales. A esto se suma que de acuerdo a automovilistas en Benito Juárez, coinciden que el cobro por el servicio de arrastre en caso de accidente u operativo es de entre cinco a ocho mil pesos, más la liberación de la unidad, y en caso de desperfecto mecánico el servicio dentro de la ciudad es de cuatro mil pesos mínimo. En ciudades como Villahermosa, Tabasco y Mérida, Yucatán, el servicio ronda entre los tres mil a seis mil pesos. Es decir, en Benito Juárez el incremento del tarifario es de al menos el 30%. Autoridades municipales dieron a conocer a partir de mayo que las concesionarias de grúas de Cancún tienen la indicación de no imponer sus servicios, aún y cuando acompañen a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito a los operativos de alcoholímetro, radar, revisión de motocicletas y accidentes.

Urge Ley de Movilidad

“Encontramos un desastre en la dirección”, sentenció Alejandro Ramos, director de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) al tomar posesión en noviembre de 2016.
El director se refería a la forma de operación de las grúas en la entidad y dejó en evidencia que estas operaban sin reglamentación, ni tarifarios, lo que facilitaba abusos en sus cuotas y servicios. De hecho en reuniones previas entre autoridades y empresarios se dio a conocer una tarifa de 500 pesos por banderazo, 18 pesos por kilómetro recorrido y 600 pesos por maniobra, no obstante, de acuerdo con automovilistas, estas tarifas no son respetadas por los prestadores de servicio. Esta semana un conductor que fue multado por estacionarse en lugar equivocado por la Policía Federal de Caminos (PFC) señaló que se le estaba cobrando al menos cuatro mil 500 pesos de traslado y arrastre. Según Sintra, en la entidad operaban hasta julio de 2017 al menos 331 unidades, de las cuales 280 se concentran en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.
“Lo primero que buscamos fue conocer el verdadero estado del servicio de grúas, a través de un número de quejas directamente a la dependencia”, comentó el funcionario, quien confirmó que se trabaja en un tarifario nuevo de servicios, a través de la elaboración de una nueva Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, actualmente en proceso en el Congreso del Estado.

Comentarios

Te puede interesar