Quintana Roo

Entre la deuda y la inseguridad

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Por La Verdad

02/12/2017 06:20
Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Entre la deuda y la inseguridad. A pesar de que en el Cabildo de Puerto Morelos (2016-2018), en la XXI sesión ordinaria del 10 de agosto, se opusieron las regidoras Ludivina Menchaca (Movimiento Ciudadano) y Yamili Alvarado (Morena), a la aprobación de un crédito por 20 millones 400 mil pesos, la alcaldesa Laura Fernández Piña, utilizó el mayoriteo de los regidores de su partido para aprobarlo. Ahora tres meses y medio después, la alcaldesa Fernández Piña en la última sesión de Cabildo, tuvo que desistir, y aceptar que dichas regidoras tenían razón para no hipotecar el futuro de este naciente municipio, pese a que anteriormente argumentó que se requería este “financiamiento para inversión pública productiva” y no lo reconoció como era realmente, un préstamo con cargo a las participaciones federales. La Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) dio a conocer que, entre las dependencias estatales y municipios denunciados por faltantes, se encuentra Puerto Morelos por 28 millones 232 mil pesos en 2016, sin embargo, todavía no ha fincado alguna responsabilidad, pero se podría utilizar dicho préstamo para reponer el faltante, sostuvieron líderes estatales del PAN y PRD. Como se sabe, la alcaldesa dijo que se requería ese dinero para instalar cableado subterráneo de energía eléctrica, sin embargo, para Juan Pallares Bueno (PAN) y Jorge Aguilar Osorio (PRD), lo mismo que organizaciones sociales como “Voces Unidas por Puerto Morelos”, se trató de obtener recursos para su campaña política con miras a su reelección. En este sentido, Pallares recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su anuencia para que la Reforma Electoral pueda ir en razón de que los actuales ediles hagan campaña sin separarse del cargo, y es por esa razón que Laura Fernández pretendía endeudar al municipio y así tener a la mano los recursos suficientes para el financiamiento de su campaña.
“Personajes como Laura Fernández, siempre han hecho uso de viejas y amañadas prácticas para tener recursos a manos llenas en pos de comprar el voto ciudadano”, dijo el líder blanquiazul.
De aprobarse dicho préstamo, confirmó, se estaría hipotecando en más de un 30% las Participaciones Federales del recién creado municipio de Puerto Morelos. En opinión de Jorge Aguilar Osorio, la intención de Laura Fernández era obtener recursos que simulen el fortalecimiento de las finanzas municipales bajo la excusa de inversión en obra pública, pero que al final del día servirán para apuntalar un proyecto.

PELIGRO LATENTE

Este triunfo ciudadano todavía puede diluirse, pues resulta que Fernández Piña, insiste en endeudar a Puerto Morelos y como previsión del ahora intento fallido del crédito de más de 20 millones, obtuvo la aprobación en el Cabildo –con los votos en contra de las regidoras Menchaca, Alvarado– de aprobar un nuevo crédito, ahora por 15 millones de pesos. Organizaciones como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), la asociación “Flora Fauna y Cultura de México” y “Voces Unidas por Puerto Morelos”, entre otras, primero festejaron la cancelación del primer crédito, pero cuestionaron la insistencia de la alcaldesa en el endeudamiento, y los recovecos legales que trata de usar, ya que dicho monto no tiene que ser autorizado por el Congreso y puede adquirirse de manera directa con un banco. El crédito de los 15 millones se aprobó en la sesión extraordinaria de Cabildo del pasado 19 de septiembre y se basa en el artículo 20 de la Ley de Deuda Pública del estado de Quintana Roo y sus municipios: “El Estado y los Municipios podrán contratar Obligaciones a Corto Plazo sin autorización de la Legislatura, siempre y cuando cumplan principalmente con estas condiciones: I.- El saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a Corto Plazo, consideradas en su conjunto, no exceda del seis por ciento de los Ingresos Totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, del Estado o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente. II.- Las Obligaciones a Corto Plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a Corto Plazo durante esos últimos tres meses. Es decir, será un crédito fast track (rápido), ya que esta administración concluye en septiembre del próximo año, aunque de reelegirse, posiblemente se podrá ampliar el plazo de pago.

APOYA A AGUAKAN

En octubre pasado, a pesar de que el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo insistió que las obras de drenaje que realiza Aguakan en este municipio no estaban autorizadas, Fernández Piña, junto con el director de esa empresa Roberto Robles, pusieron en marcha diversos trabajos.
“Vuelven a pasar por encima de CAPA que es la autoridad normativa”, lamentó Mora Vallejo, titular de esta dependencia, que dice ignorar los detalles del proyecto.
“No lo avalamos, no porque la gente no lo merezca, pero por no saberse si está apegado a normativa”, expresó, desconociendo qué precios están marcando o cuáles son los materiales y las medidas utilizadas.
Apuntó que en caso de hallarse anomalías “se sancionaría sin temblarnos la mano, poRque con la ley no se negocia”.

INSEGURIDAD AL ALZA

En lo que va del año, suman 30 asesinatos involucrados con la delincuencia organizada. El último fue el pasado 19 de noviembre, cuando un joven fue ejecutado a balazos en las inmediaciones del fraccionamiento Villas Morelos II. Según testigos, dos sujetos en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra el hombre cuando caminaba por una calle sin pavimentar junto al campo deportivo del mencionado fraccionamiento. A pesar de que anteriormente sólo se con- taba con 16 elementos, dos patrullas y dos motocicletas descompuestas, el crimen organizado y la inseguridad no había penetrado en este municipio, sin embargo ahora desde que tomó posesión Fernández Piña todo indica que es todo lo contrario. Ahora se cuenta con 15 patrullas, 15 motopatrullas en buen estado y 90 elementos, pero cada semana ocurre algún hecho violento. Lo anterior ya provocó pánico entre los residentes y visitantes, pues temen que “una bala perdida” o un secuestro en su contra pu- diera suscitarse, independientemente de que también los robos al transeúnte o a casa habitación son una realidad cotidiana. Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública sostienen que mientras que en 2016 se tuvieron nueve ejecuciones hasta octubre, para el 2017 aumentó a 30, es decir, se triplicó. Esta ola de hechos violentos, pese a ser minimizada, ya causó una enorme preocupación por parte de habitantes, quienes incluso semanas atrás realizaron una protesta contra la ineficiencia de las corporaciones de seguridad en el municipio.