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Quintana Roo

Empresarios corruptos de Borge y Duarte

por La Verdad

Ariel Velázquez/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Proveedores del gobierno de Quintana Roo y de Veracruz, durante los gobiernos de Roberto Borge y Javier Duarte también son investigados por la PGR para sustentar acusaciones contra ambos mandatarios y dichos empresarios. Lo anterior de acuerdo con pesquisas de la Fiscalía de la Nación, quien  ya tiene ubicado por lo menos a uno de ellos. Se trata de uno de los socios y presunto prestanombres de ambos, cabeza visible del Grupo Intra, Francisco Ruiz Anitúa, según pesquisas de la PGR y en donde también está involucrado su hermano del indiciado, Javier Ruiz Anitúa. A través de empresas fantasmas de este grupo y de otros presuntos prestanombres se facturaron miles de millones de pesos, y en donde también destacan las compañías Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora EDME, Construcciones y Desarrollos Padrín, entre otras, cuyos empresarios son Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce, según trascendió y quienes se asegura, ya pusieron tierra de por medio. La PGR investiga los compadrazgos de Francisco Anitúa con Borge y Javier Anitúa con Duarte, quienes de acuerdo con documentación recibieron más de 80 millones de pesos en obras sin licitar y lo peor, todo indica que no se realizaron o quedaron inconclusas. Otro personaje que surgió en las pesquisas de la PGR, según trascendió, es Sayed Mohamed Faraugh Fatemi Corcuera, alias ‘El Pelón Faruk’. El nombre de este personaje de origen iraní, que saltó a la fama como consecuencia de la persecución contra los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados de diversos ilícitos, nuevamente es investigado, pues ahora está detrás de licitaciones estatales a modo. ‘El Pelón Faruk’,  identificado por las autoridades federales como ‘Zar de las medicinas y de la construcción’, e incluso es proveedor del gobierno federal. Ahora que a través de las empresas Comercializadora Hisa, S.A de C. V., como Inmobiliaria Santa Dolores, S. A de C.V., ambas con sede en Ciudad Victoria, son las empresas que investiga la PGR.

PRESTANOMBRES         

Diversas fuentes, tanto oficiales como en el ciberespacio, señalan que sus prestanombres son Alejandro Higuera de la Garza y  Vicente Salazar (Hisa), el primero extesorero del gobierno de Tamaulipas y el segundo primo hermano de la empresaria Mónica Roca, quien fue proveedora del DIF estatal y es tía de Salazar, aunque el reporte de la Fincen (Financial Crimes Enforcement Network- agencia del Departamento del Tesoro de EU), detalló que Fatemi cuenta con 18 empresas, entre ellas Inmobiliaria Santa Dolores, Inmobiliaria y Urbanizadora El Cairo, Feseta, Super Servicio Corona El Olmo, Grupo Inmobiliario Cormon y GMC, entre otras. Así, de la noche a la mañana durante las administraciones de Tomás Yarrington como Eugenio Hernández Flores, uno detenido y el otro prófugo e incluso solicitados por las autoridades de Estados Unidos por presuntos ilícitos, entre ellos ‘lavado de dinero y narco’, HISA servía de fachada para vender a la administración estatal desde lápices, medicamentos, llantas, lubricantes, hasta vehículos y maquinaria, en resumen se facturaron más de 100 millones de dólares. Es ahí donde sale a escena Seyed Mohamed Farough Fatemi Corcuera, mejor conocido como ‘El Pelón Faruk’, quien ahora se pasea libremente ahora por el Golfo y toda la Península de Yucatán, sabedor de que la SIEDO no le encontró cargos después de ser ‘investigado’ hace unos años, pero según trascendió en fuentes oficiales no se debe de confiar.

AMPAROS BORGE- DUARTE

Una Juez suspendió dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte por delitos no graves; tiene otras por lavado y crimen organizado. Durante su audiencia, de los más de 439 millones de pesos que la PGR le imputa por haber desviado recursos públicos durante su gestión y lavado en empresas para adquirir muebles e inmuebles, la dependencia sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos. En tanto, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra, sin embargo, el litigante Roberto Márquez, de la Academia Mexicana de Derecho Penal, puntualizó que dicho amparo es sólo mediático, pues la ley establece que no procede este tipo de protección legal contra delitos graves. Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió dos órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa por cinco delitos que no son graves, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La jueza admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del exgobernador veracruzano, la cual presentó recién llegó extraditado al país. Los mandatos fueron librados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de justicia penal. Robledo Magaña fijó a Duarte el pago de una garantía de seis mil pesos para que continúe vigente la suspensión provisional. Acordó celebrar el próximo 26 de julio la audiencia donde determinará si concede la suspensión definitiva. Para el tres de agosto se tiene prevista la audiencia constitucional y, a partir de ese momento, podría emitir su sentencia de amparo. Estuvo tres meses de detención en el país centroamericano, donde Duarte trató de permanecer allá y librarse de la extradición, aunque finalmente la aceptó. Fue capturado el 15 de abril de este año; enfrenta a la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito de Quintana Roo, con sede en Cancún, admitió el pasado viernes el juicio de garantías promovido por el expriísta y le concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama, según información del Consejo de la Judicatura Federal. Para que dicha protección sea vigente, le impuso el pago de una garantía de 59 mil pesos, según los acuerdos publicados por el Juzgado sobre el amparo 1096/2017. Borge fue detenido el cinco de junio y se encuentra preso en Panamá, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero. A Roberto Borge se le atribuye el ecocidio cometido en el manglar Tajamar, en Cancún, por aprobar un proyecto inmobiliario que afectó al menos 57 hectáreas, y el cual, gracias a la intervención de activistas, se suspendió, aunque también estuvo involucrado Fonatur. También se le acusa de vender a precios de regalo miles de hectáreas a familiares, amigos y prestanombres.

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