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La decisión del Ejecutivo está apegada a la norma de ley ante el incremento de la violencia.
Quintana Roo

El gobierno del estado no violento ningún artículo Constitucional en Solidaridad: Abogados de Quintana Roo

La decisión del Ejecutivo está apegada a la norma de ley ante el incremento de la violencia.

por RobertoBeceril Gomez

La decisión del Ejecutivo está apegada a la norma de ley ante el incremento de la violencia.

La decisión del Ejecutivo está apegada a la norma de ley ante el incremento de la violencia.

El presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Ángel Ramírez Florescano aseguró que el gobierno del estado no violentó alguna ley o artículo de la Constitución, motivo por el cual no tendría efecto algún recurso legal realizado por las autoridades del municipio de Solidaridad.

Indicó que la determinación antes mencionada está apegada a las normas de ley establecidas en la Constitución, además al estar enfocadas estas acciones a garantizar la seguridad de los ciudadanos, está justificada la decisión.

Cabe recordar que la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete anunció que acciones legales contra el decreto del gobierno de Quintana Roo para asumir el mando de la policía municipal, sin embargo, de acuerdo a declaraciones del Ramírez Florescano, en ningún momento fue violentado algún artículo de la Constitución.

“La decisión del gobernador va encaminada en fortalecer la seguridad pública en dicho municipio y si bien se podría decir que fue una determinación audaz, pero se realizó con la única intención de garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que está justificada de manera legal”, dijo.  

El presidente de la Barra de Abogados calificó como necesario que cualquier autoridad anteponga los intereses ciudadanos a cualquier diferencia de carácter político, de lo contario no se estaría trabajando en beneficio de los habitantes del lugar como debe ser en cualquier gobierno.

 

Destacó que en caso de no actuar ante el incremento de la violencia en algún municipio, cualquier gobierno estatal estaría incurriendo en una omisión, lo cual también se convertiría en un reclamo social.

 

  

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