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El fabricante de millones…para Roberto Borge

por La Verdad

ARIEL VELÁZQUEZ / Diario La Verdad Cancún, Q,Roo.- El fabricante de millones…para Roberto Borge El ex subsecretario del Trabajo de la Zona Norte y al final del quinquenio nombrado por Roberto Borge como titular de la Notaría 101, Enrique Alejandro De la Cruz Pineda, sigue en la antesala de la cárcel al documentarse por autoridades judiciales, millonarios despojos vía juicios laborales que orquestó bajo las órdenes del ex gobernador, así como ‘lavado de dinero’, a través de evasión de impuestos entre otros presuntos ilícitos. Durante su cargo en la Subsecretaría del Trabajo ( 2012-2016 ), inclinó la balanza de la justicia conforme a su conveniencia e intereses, denunciaron litigantes, lo que ocasionó serios conflictos legales que derivaron en temor e incertidumbre tanto para empresarios como inversionistas. La semana pasada, el gobernador Carlos Joaquín González, al inaugurar la Quinta Reunión Nacional de los Registros de la Propiedad y Catastros, hizo alusión al tema, con el fin de garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, logrando con su modernización, generar orden, claridad y confianza en los dueños de inmuebles, accionistas, al mercado inmobiliario y todos los involucrados. Pues es de todos conocido que el ex gobernador Roberto Borge, entre los cargos que enfrenta fue la venta ilegal de terrenos propiedad del estado, así como delitos contra la administración de la justicia y en donde sobresalen estos despojos que realizó Enrique de la Cruz, bajo su cobijo o complicidad. En Cancún, este ex funcionario, auspició despojos en plena zona hotelera y puso como uno de sus objetivos al conjunto Lagoon Lofts, proyecto de 62 condominios- con un valor superior a los 20 millones de dólares- dentro del club de golf Pok Ta Pok, en el kilómetro 7.5 del bulevar Kukulcán, zona habitacional del lado de la laguna Nichupté. Según el expediente 49/2012 de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, en Lagoon Lofts un grupo de 21 supuestos trabajadores demandaron pagos y liquidaciones, por lo que fue inscrito un embargo de más de 48 millones de pesos ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Cancún con fecha del 29 de septiembre de 2014. Por fortuna todo eso ya se revirtió. La Barra de Abogados de Quintana Roo, la Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social y otras agrupaciones y bufetes jurídicos de la entidad, denunciaron durante el sexenio pasado, la permanente corrupción en las 5 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje tres en Cancún, una en Cozumel y otra en Solidaridad, de las que fue responsable De la Cruz Pineda, sin embargo junto con su pandilla, permaneció intocable. Y es que de acuerdo a las autoridades judiciales tanto del estado como de la Procuraduría General de la República (PGR), fue el enlace de Roberto Borge para conseguirle lucrativas propiedades para lo cual fabricó juicios laborales. Estos hechos son sólo parte de la punta del iceberg que privaron en estas Juntas Laborales, debido al tráfico de influencias con que se manejó la mayoría de los juicios, sostuvieron las autoridades del caso- quienes solicitaron el anonimato, al grado que como un hecho cotidiano, en la lista de estrados de los diversos juzgados federales existió durante el borgismo, un sinnúmero de solicitudes de amparos en contra de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de la Zona Norte por dilación en la resolución de expedientes, negativa de emitir laudos o en su caso proceder a ilegales embargos. Los litigantes, entre ellos Manuel Alcocer Jr. Tesorero de la Barra de Abogados, informó a La Verdad, que durante su gestión privó el ‘tortuguismo’ y corrupción al interior de estas Juntas y en las que se demostró que ningún presidente contaba con autonomía para decidir personalmente en sus resolutivos, sino que cualquier determinación, primero la tenían que consultar con el subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Zona Norte y que desde ahí se determina si procedía o no. Con De la Cruz persistió la corrupción, influyentísimo, coyotaje y abusos tanto de patrones como de obreros, principalmente a través de sus líderes, insistió. En la práctica los problemas fueron más graves de lo que se aparentó, sobre todo cuando existieron juicios con más de 10 años, especialmente en la número 2 a cargo de Alexis Zavala Ávila, a quien también se le vinculó con una presunta tentativa de homicidio contra Roberto Erales Huerta, quien fue director del Consejo Municipal de Población.

Más despojos

En Tulum a principios del sexenio borgista, un convoy conformado por camiones de mudanza, policías municipales y actuarios al servicio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, llevaron a cabo un operativo coordinado y planeado para despojar, justificados en el cumplimiento de un laudo laboral, a cuatro propietarios de centros de hospedaje, ubicados en la codiciada zona costera de Punta Piedra. El operativo no tendría mayor trascendencia si no fuera porque el acto de autoridad -acusaron los afectados- estuvo revestido de ilegalidades y encubrimientos para favorecer con la entrega de los inmuebles a personas que no detentan ningún derecho sobre los mismos. En otras palabras, los “trabajadores” que ganaron el juicio y a quienes se les adjudicaron los cuatro hoteles, son desconocidos para las partes. Los propietarios de Cabañas Ixchel, Dos Ceibas, Playa Azul y Puerta del Cielo no fueron notificados jamás de las respectivas demandas instauradas en su contra, como lo establece el principio Constitucional de “ser oído y vencido en juicio”, aseguraron. Los turistas de los cuatro hoteles asentados en la zona costera de Tulum fueron desalojados, junto con los empleados y propietarios de estos inmuebles, debido a que como lo llamaron los afectados, un descarado fraude procesal maquinado en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECyA) para variar la número 2 de Cancún, donde despachó Alexis Zavala, incondicional del subsecretario De la Cruz Pineda, mediante el expediente 138-2012. Los empresarios hoteleros, que fueran sacados de sus propiedades, no dudaron en acudir a manifestarse en la entrada del hotel Moon Palace, en donde el presidente Peña Nieto presidió la cumbre de Procuradores, hace cuatro años. Fue así que Jorge Jaime Cruz Hernández, fue destituido como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Solidaridad, tras ser vinculados a montaje en predios de Punta Piedra, ubicado en el municipio de Tulum, ya que Alexis Ayala, fue encubierto y culparon al titular de la zona. La firma del ex funcionario quedó asentada en el banquillo de los acusados, conforme al oficio dirigido a la Dirección General de Seguridad Pública de Tulum, con número JECA/PC/1164/2014, donde la Junta Especializada de Conciliación y Arbitraje se utilizó para favorecer a particulares, según denunciaron los afectados. Por si fuera poco dos extranjeros fueron víctimas de corrupción, precisaron que en el 2009, la pareja conformada por Thomas Gerard Doody y Pamela Anne Robins dejaron Playa del Carmen para regresar a sus lugares de origen, sin embargo, en el 2010 fueron demandados por dos supuestos trabajadores Roselin Ramírez Aguilar y Pedro Arcos Montejo por más de un millón de pesos, motivo por el cual el entonces presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jorge Jaime Cruz Hernández firman el documento para el embargo de una propiedad en Playacar fase II. El entonces titular de la Secretaría del Trabajo estatal Patricio De la Peña Ruiz de Chávez, fue un mudo cómplice de todo lo que hizo de la Cruz Pineda, señalaron las autoridades.

Notario frustrado

A finales del quinquenio de Roberto Borge, lo premió y después de “renunciar” al cargo del subsecretario de Trabajo en la Zona Norte, Enrique Alejandro De la Cruz Pineda reapareció como flamante titular de la Notaria Pública Número 101. Por fortuna al entrar el gobernador Carlos Joaquín, esta maniobra se detuvo y está suspendida, lo mismo que los nombramientos de otros 34 notarios. Según reiteraron abogados, la oficina de Enrique Alejandro De la Cruz Pineda no atendía a los reclamos laborales, respondía a los dictados del gobernador Borge de implementar juicios laborales armados “a modo” para que los verdaderos dueños sin tener la menor idea se enteraran sobre la marcha que tenían una orden de embargo para despojarlos de sus propiedades. La estrategia en todos los casos era similar: preparar embargos millonarios a través de juicios laborales de supuestos trabajadores que al ser desconocidos por los dueños de los inmuebles o predios, jamás hacían algo al respecto, y se enteraban hasta que eran notificados de que sus propiedades se embargaban y después se remataban.

Se impartió justicia

En abril pasado, la Secretaría del Trabajo estatal informó que impartiendo estricta justicia laboral se restituyó a sus legítimos dueños los bienes inmuebles que fueron embargados a Maioris Cancún, restituyéndose así los daños causados por el gobierno anterior. El actuario de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, realizó formal diligencia en apego a orden de Juez Federal, por lo que se procedió a dar posesión legal de forma pacífica a los legítimos propietarios de los 4 departamentos ubicados en condominios Maioris Tower, en la zona residencial. Estos bienes identificados con los números 80-P4A-S, 92-P16-A-S, 08-P7-A-N y 25-P4-B-N fueron embargados en el juicio laboral 392/2010, se precisó.

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