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Comienzan auditorías en el Tribunal Superior

por La Verdad

CARLOS MATUS / Diario La Verdad  CANCÚN, Q.Roo.- Los tribunales se van de vacaciones, cierran y regresan el ocho de agosto a sus funciones y en esa fecha debe renovarse al presidente magistrado, esperándose que se haga realidad un cambio y terminé también allí el borgismo.

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo

En ese marco, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) inició los primeros pasos para realizar revisiones a los trabajos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al sospecharse diversas irregularidades en el destino de millones de pesos de fianzas entregadas por ciudadanos por procesos judiciales, de los cuales no se tiene constancia de su devolución a los contribuyentes, a lo que se suma que desde el 2014 ya había realizado seis observaciones ante la falta un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, además la carencia de un Código de Ética. Se sospecha que desde el 2014 se presentaron diversas irregularidades en el pago de las fianzas y pensiones, lo que ha llevado al órgano auditor a solicitar se le proporcionen información relacionada, al tener sospecha de que este concepto tuvo algunas irregularidades en los últimos tres años. La auditoría incluye el envío de decenas de oficios a ciudadanos para que declaren a la ASE si han recibido la devolución de esos recursos, firmados por el Auditor Suplente Interino del Estado, Manuel Palacios Herrera.
“Les solicito nos proporcione información relacionada (…) confirmando si fue recibido a su entera satisfacción los recursos depositados por usted, indicando el medio de pago, el importe, y cualquier comentario o aclaración que considere al respecto, a efecto de verificar y constatar que se haya efectuado conforme a derecho su devolución”, se lee en una de los oficios.
Lo que busca la auditoría financiera es determinar si los recursos que se depositan por fianzas, y que conforman el Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia, son luego devueltos como lo manda la ley. De acuerdo con diversas denuncias que han llegado a la ASE, las fianzas que depositaba algún inculpado en un proceso no le eran devueltas, y se cree que pudieron haber sido “devueltas” a otras personas, que falsificaron firmas para tal fin. También se investiga la demora en la entrega de los recursos por pensiones alimenticias, que se depositaban ante el Poder Judicial. En ambos casos, los recursos van a parar al Fondo para el Mejoramiento de Administración de Justicia, que desde hace años es una de las áreas más oscuras en el manejo del presupuesto del TSJ. La auditoría financiera a la que se hace mención es parte de los análisis de la Cuenta Pública 2016 del TSJ, aunque también se están investigando diversas situaciones de años anteriores, que pudieran configurar desvío de recursos públicos en ese organismo.

OTROS ANTECEDENTES

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado en el pasado diversas irregularidades dentro de los procedimientos de Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo. En la recomendación 14-A-23000- 14-0993-01-001, emitida en el 2015, el organismo auditor señaló que el control interno para la gestión del subsidio para las adecuaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penas se ubicó en un rango medio, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. Este subsidio era de más de 12 millones de pesos. En dicha revisión ya se había señalado que el Gobierno del Estado de Quintana Roo no acreditó contar con la evidencia documental que compruebe la evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 2014, un lastre que cargaron hasta octubre del 2015, como lo dice el fragmento del oficio número DARFT”A1”/283/2015.
“En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo un expediente certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes”.
A pesar de ser un mandamiento federal, el TSJ no castigó a nadie.

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