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El punto PUT ha representado una disputa iniciada por Yucatán
Quintana Roo

Cierran filas poderes públicos para defender territorio a Quintana Roo

Atienden los poderes ejecutivo, legislativo y judicial el llamado del gobernador Carlos Joaquín a defender el territorio de Quintana Roo

por Alfredo Rodríguez

El punto PUT ha representado una disputa iniciada por Yucatán

El punto PUT ha representado una disputa iniciada por Yucatán

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial atendieron el llamado del gobernador Carlos Joaquín González para enfrentar en conjunto la controversia presentada por Quintana Roo sobre los presuntos límites territoriales de la entidad.

Para ello, una comisión de delegados de los tres poderes presentaron un escrito de pruebas para refutar la controversia constitucional 226/2019, que promueve el estado vecino de Yucatán para adueñarse de una parte de del territorio quintanarroense ubicado dentro del llamado Punto de Unión Territorial (PUT).

Esta es la franja que Yucatán pretende despojar a Quintana Roo vía una controversia constitucional
Esta es la franja que Yucatán pretende despojar a Quintana Roo vía una controversia constitucional

La zona en conflicto entre ambos estados es la región limítrofe que incluye también a Campeche y tiene una extensión de 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo.

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Estas pruebas señalan, entre otras cosas, que la controversia impulsada por Yucatán contraviene el Decreto 303 de la 15 Legislatura del Estado, que fijó constitucionalmente los límites de Quintana Ro, en concordancia con el decreto que creó el estado el 8 de octubre de 1974.

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Esta llamada del gobernador a los poderes públicos de Quintana Roo busca defender a la entidad de los embates de Yucatán, y al mismo tiempo defender el decreto y los límites del estado.

Para ello se integró un grupo de trabajo con especialistas que dan seguimiento a la controversia, mediante la cual demanda Yucatán para sí, territorios que forman parte de Quintana Roo dentro del PUT.

El documento contiene pruebas que refrendan la legitimidad del decreto, su correspondencia con la Constitución Mexicana y los propios límites estatales.

De eta forma, el gobierno estatal en su conjunto, acompañado por los poderes públicos, busca garantizar la certeza jurídica a los pobladores de la zona en disputa, además de otorgarles los servicios públicos y los programas estatales.

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