Quintana Roo

Cancela Tribunal negocio de basura del Niño Verde en Cancún

Jorge Emilio perdió el negocio de la basura que se adjudicó de Cancún

Cancela Segundo Tribunal Colegiado del 27º Circuito, asignación de concesión de basura a la empresa Red Ambiental decretada por el gobierno de Benito Juárez

Por Alfredo Rodríguez

22/01/2021 04:23

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, canceló el negocio de 350 millones de pesos que el Niño Verde, Jorge Emilio González Torres, orquestó con el ayuntamiento de Benito Juárez, para hacerse de la concesión de basura del municipio.

A través del expediente 18/2021, los magistrados decidieron que se debe restituir la concesión a la empresa Intelligencia México S.A. de C.V., para que opere la recolecciòn de residuos de la ciudad de Cancún, conforme al título de concesión otorgado.

El negocio de Red Ambiental representa un incremento de más del 400% del precio original

“Esto es, se permita a la concesionaria quejosa continuar con el servicio que le fue concesionado, exactamente en los términos que establece el contrato respectivo y con derecho a la contraprestación pactada; y,”

“De existir omisiones por parte de la prestadora del servicio, no existirá impedimento para que la autoridad responsable determine lo conducente conforme al propio contrato de concesión”, señala la resolución firmada por la magistrada presidenta Patricia Elia Cerros Domínguez, y los magistrados María Adriana Barrera Barranco y José Luis Zayas Roldán.

La resolución del Tribunal Colegiado suspende de inmediato la operación de la empresa Red Ambiental, vinculada al Niño Verde, a quien se le asignó el contrato sin licitación de por medio.

El fallo de los magistrados sienta un precedente en el que otorga a la razón a la concesionaria original, que durante los meses recientes y por instrucciones del Niño Verde, fue obstaculizada en la prestación del servicio concesionado para hacerse de la concesión de manera irregular y a precios exhorbitantes.

Y es que mientras Intelligencia México tenía un contrato en el que cobraba 150 pesos por tonelada de desechos, la empresa Red Ambiental vinculada al Niño Verde cobra actualmente 830 pesos por tonelada, lo que representa un sobreprecio de 453% respecto al costo con el que operaba la concesionaria original.

El Tribunal detectó que la "emergencia" del ayuntamiento fue creada y no real

La decisión del Tribunal Colegiado se sustenta en el análisis del centenares de pruebas presentadas por la concesionaria a al que le fue retirada la concesión de manera irregular, además de analizar decenas de Fes de Hechos e Inspecciones Judiciales.

En ellos se encontró la grave evidencia de que el Ayuntamiento de Benito Juárez, de manera deliberada obstruyó durante meses la operación de la empresa concesionaria, asfixiándola económicamente, además de provocar conflictos laborales con los empleados de la misma.

Con esta maniobra, las propias autoridades en contubernio con el Niño Verde, provocaron la idea de una “emergencia ambiental” para otorgar, sin los procedimientos de ley correspondientes, la concesión a la empresa Red Ambiental, que está plenamente vinculada a Jorge Emilio González.

La resolución, que forma parte del expediente 18/2021, señala que la concesión de la suspensión a favor de Inteligencia México no contraviene “el interés social” ni se contravienen disposiciones de orden público.

“Por lo que es de tener por satisfecho el requisito previsto por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, máxime que el caso no se incluye en los que el numeral 129 de la misma legislación expresamente determina que se causa esa afectación. En efecto, no se comparte lo decidido por el juez federal, pues contrario a lo que apreció, no se observa que el otorgamiento de la suspensión solicitada incida negativamente respecto de los objetos que en el caso concreto resguarda el interés social y que identificó, a saber: la salud de la población y su derecho a un medio ambiente sano”, expresa tajantemente la resolución.

Con este fallo se determina que la suspensión está enfocada en la ejecución del Acuerdo del Ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo, tomado en la vigésima sesión extraordinaria privada de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, conforme al cual se determinó interrumpir o intervenir temporalmente la concesión que se otorgó a la hoy quejosa, por el lapso veinte años, para prestar el servicio referente a la recolección y transportación de residuos sólidos generados.

“No se observa que el interés social se vea afectado con la concesión de la suspensión del acto reclamado, pues ello deviene en que la empresa quejosa continúe prestando el servicio de recolección de residuos sólidos en los términos en que le fue concesionado; y con ello se garantiza la continuidad del servicio, con la consecuente satisfacción de la necesidad pública”, afirman los magistrados.

Justicia social

Los Magistrados Federales del Segundo Tribunal Colegiado otorgaron la suspensión a favor de Inteligencia México, en los términos siguientes:

A.- Efectos: 1.- La medida cautelar provisional tiene el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban en el momento en el que se dictó el acuerdo recurrido, esto es, se permita a la concesionaria quejosa continuar con el servicio que le fue concesionado, exactamente en los términos que establece el contrato respectivo y con derecho a la contraprestación pactada; y,

2.- De existir omisiones por parte de la prestadora del servicio, no existirá impedimento para que la autoridad responsable determine lo conducente conforme al propio contrato de concesión y además, realice todas las gestiones necesarias para las prestación del servicio público concesionado, incluso a través de terceros, a fin de guardar el interés social y no contravenir disposiciones de orden público.

La suspensión decretada por el poder judicial federal, para permitir a la empresa concesioanaria continuar con el servicio de recolección de residuos, surte sus efectos desde luego, es decir desde el momento mismo que se concedió y  dejará de hacerlo si la agraviada no otorga garantía ante el juez de amparo, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas en la ley, para garantizar los posibles daños y/o perjuicios que con tal medida se pudieran ocasionar a quien le revista el carácter de tercero interesado, dentro del lapso de cinco días.

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