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Aprueban “de panzazo” las cárceles del Estado

por La Verdad

Aunque por primera vez obtuvieron calificación aprobatoria, las cárceles del Estado enfrentan problemas de hacinamiento, sobrepoblación y deficiente atención médica para los internos. Agencias/Diario La Verdad Chetumal De acuerdo con el ombudsman estatal, Harley Sosa Guillén, el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de 2017 permitió una calificación promedio general de 6.04, en una escala del 1 al 10, de los centros de reclusión. Destacó que el promedio general de calificación registró un ascenso en comparación con el año anterior, puesto que en 2016 la calificación fue de 5.25. Las cárceles incluidas en este diagnóstico fueron el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Chetumal, que obtuvo un promedio de 6.23; la cárcel pública de Benito Juárez con 5.51; la cárcel de Cozumel con 7.24; el centro de Retención Municipal de Playa del Carmen con 6.40 y la de Felipe Carrillo Puerto con 4.84. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos refirió que la cárcel de Cozumel registró la mejora más importante, incluso con posibilidades de lograr una certificación internacional, mientras que la de Felipe Carrillo Puerto obtuvo el promedio más bajo. Sin embargo, la penitenciaría de Benito Juárez se mantiene como la de mayor problemática con relación al respeto de los derechos humanos, en función de las condiciones de infraestructura y sobrepoblación. Tal y como ha ocurrido en años anteriores se calificaron aspectos como garantías para la integridad física y moral del interno; estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimientos específicos. Por cierto, aunque es un tema no reconocido por las autoridades, Harley Sosa resaltó que sí existen autogobiernos en los centros de reclusión de la entidad y que el caso más sobresaliente es el CERESO de Chetumal. También destacó la necesidad de que las autoridades tomen en cuenta estos señalamientos a fin de que se garanticen los derechos de la población interna, pues la pérdida de su libertad no significa que hayan perdido su dignidad. Consideró que deben atenderse cuestiones como mejorar las condiciones de infraestructura, sobrepoblación, capacitación para la reinserción social, que exista una adecuada separación entre sentenciados y procesados, además de mejorar la atención médica.

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