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Quintana Roo

Alcaldesas se unen y exigen derogar a Aguakan

por La Verdad

Ariel Velázquez/ Diario La Verdad  CANCÚN, Q. Roo.- En tanto los  mil 50 millones de pesos que Aguakan pagó al gobierno de Roberto Borge en forma de fianza para conservar y agrandar su concesión, ‘siguen desaparecidos’; las alcaldesas de Solidaridad y Puerto Morelos, Cristina Torres Gómez y Laura Fernández, respectivamente, luchan por mejorar este servicio y en el caso específico de este último ayuntamiento, el año próximo se sacudirá este yugo y retornará la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Los habitantes de estos jóvenes municipios sufrieron durante mucho tiempo abusos por parte de la empresa concesionaria Aguakan, con cobros injustificados y con un mal suministro del líquido. Además, la empresa jamás reparaba las calles que dañaba cuando requería abrir zanjas, expusieron ambas alcaldesas, al tiempo de agradecer el respaldo del gobernador Carlos Joaquín González, quien privilegió los intereses del pueblo antes que de los voraces empresarios. En tanto, es la Secretaría de Gestión Pública estatal, a cargo de Rafael del Pozo Dergal, quien le sigue la pista al abultado monto entregado por la concesión. El secretario de Sefiplan, Juan Vergara Fernández, expuso que el efectivo salió del financiamiento que respaldó un banco, se depositó en la cuenta de CAPA, de ahí se transfirió a Sefiplan y a partir de ese momento ‘desapareció’. Reiteró que la investigación la encabeza Gestión Pública y ellos han solicitado a los bancos la información que permita determinar el destino de esos mil 50 millones de pesos. [caption id="attachment_777062" align="alignnone" width="636"] Jamás reparaban las calles cuando hacían trabajos.[/caption]

REVISAN DENUNCIAS

Por su parte la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, presentó formalmente recientemente la solicitud para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) revise las denuncias de incumpliendo de Aguakan que presentaron cientos de ciudadanos solidarenses a través de las mesas de trabajo.
Con ello, aseguró, “se da un paso firme para lograr la rescisión de la concesión de Aguakan por no prestar los servicios adecuados de conformidad con el contrato”.
Cristina Torres aseveró que la razón de presentar este tema ante la CAPA es, después de recabar todas las pruebas, no proceder políticamente, sino jurídicamente con todas las herramientas necesarias.
“La ciudadanía reclamaba respuestas inmediatas, nosotros nos dimos a la tarea de recabar todo el material probatorio para poder presentarlo ante ustedes y poder tener argumentos que consideramos solidos jurídicamente para iniciar un procedimiento formal, esto con base, obviamente en los títulos de concesión en la base cuarta y quinta que da la facultad a la CAPA para ser el supervisor del cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria”, señaló.
“Por eso venimos hoy para solicitar, por medio de la CAPA, la inspección, la formulación de la carpeta correspondiente con todas esas pruebas que nos comprometemos a aportar formalmente e iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 122 de la Ley de Agua Potable para poder rescindir la concesión formalmente, dando la garantía de audiencia al concesionario como está establecido en la propia ley, pero tomando en cuenta todos estos elementos con causales totalmente imputables de recesión hacia el concesionario”, expuso.
Afirmó que “más allá de cualquier tema político, que sea un tema jurídico y que tomemos en cuenta la necesidad, sobre todo de las casas habitación quienes son los que están exponiendo este atropello de la concesionaria y se tomen en cuenta todos esos elementos, además de que todos y cada uno de los usuarios que acudieron están dispuestos a suscribir las demandas correspondientes que sean necesarias y todo el aparato jurídico del Ayuntamiento estamos dispuestos a apoyar”.
Explicó que actuar desde un punto de vista político, sin respetar los derechos jurídicos, generaría un detrimento a la misma población afectada por la mala prestación del servicio, porque terminaría no sustentando sólidamente las causales de la rescisión y tener que pagarle a la concesionaria cualquier daño.
“Si lo hacemos jurídicamente como se está haciendo a través de darle personalidad a los usuarios, de tener las carpetas necesarias, de recabar las pruebas para poderlas presentar ante la autoridad judicial entonces estaríamos sustentando la causal de revocación”, subrayó.
 

QUEJAS CIUDADANAS

En relación a las quejas ciudadanas, detalló que meses atrás se establecieron mesas de trabajo en todo el municipio de Solidaridad, que fueron públicamente difundidas y en las que participaron más de cinco mil personas, para saber el grado de satisfacción de los usuarios y se creó a través del Cabildo una Comisión revisora de las concesiones. Destacó que dentro de todas las quejas presentadas se encuentran principalmente el cobro excesivo al no tener una relación directa entre los litros consumidos y los litros facturados; los usuarios estiman la mala calidad en el bombeo del agua y que los medidores siguen marcando aunque no se esté suministrando agua. Al respecto, el director general de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, destacó que la munícipe actúa conforme a derecho en defensa de los solidarenses, más allá de hacer una batalla política, de ahí la importancia de respaldarla.
“Esperemos los resultados de las evaluaciones que mencionamos. El trabajo que ella (Cristina Torres) hizo es importante y nos servirá de base para para poder continuar con esta supervisión. Estamos para presentar en la siguiente sesión, nosotros para terminar la revisión que sería para julio, quizá convoquemos a un comparativo nacional para ver los resultados de la concesión y en coordinación con nuestra área jurídica, creemos que la vía que está siguiendo es la correcta y la ideal”, concluyó.
[caption id="attachment_777063" align="alignnone" width="565"] Las quejas ciudadanas son por el cobro excesivo.[/caption]

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