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Aguakan desvió más de mil mdp en recursos públicos
Quintana Roo

Aguakan desvió más de mil mdp en recursos públicos

Son recursos públicos que no fueron ejercidos para lo establecido cuando se otorgó
la concesión, advirtió Gerardo Mora Vallejo, Director de CAPA.

por PatriciaMartínez

Aguakan desvió más de mil mdp en recursos públicos

Aguakan desvió más de mil mdp en recursos públicos

Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan) está a punto de perder la concesión de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, luego de que se detectara aparente desvío de recursos públicos superior a los mil millones de pesos.

“En cuanto a la auditoría financiera no puedo entrar mucho a detalle de los rubros y términos legales, pero te puedo decir que arroja un crédito fiscal que está fincado hacia la concesionaria de cerca de mil millones de pesos, que tendrán ellos sus causas legales para poder dirimir esas diferencia para poder defenderse como a derecho les corresponda”, reveló Gerardo Mora Vallejo,  director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En entrevista Mora Vallejo, dijo que las evaluaciones que se han efectuado a la prestación del servicio de  dicha empresa arroja un resultado reprobatorio; además de que el crédito otorgado a esta por parte del gobierno de Q. Roo, no se aplicó conforme a lo acordado en los títulos de concesión.

“Se les otorgó en la concesión del permiso para administrar ese recurso, pero no pierde el carácter fiscal, ni pierde el carácter legal;  es un dinero de los quintanarroenses y tienen que gastarlo como se convino al otórgales la concesión”, sentenció.

Y es que de acuerdo con el director de CAPA, existen irregularidades en la aplicación del dinero.

“Se utilizaron en rubros distintos a lo que dicen los títulos de concesión y eso deriva una serie de faltas e irregularidades, que por obvias razones y por seguirse el debido proceso no podemos entrar a detalles”.

Al ser cuestionado sobre si esta situación sería causal para el retiro de la concesión a la empresa Aguakan, Mora Vallejo precisó: “Por supuesto puede ser un aliciente para determinar el retiro de la concesión, pero es un tema que se tendrá que dirimir en juzgados, seremos respetuosos de los tiempos que marca la ley”.

Cabe mencionar que en Quintana Roo, activistas sociales entre los que se encuentra Marciano Toledo Sánchez, han solicitado de manera reiterada la cancelación de la concesión a Aguakan, debido a las múltiples deficiencias con las que opera la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado, además del alto costo en el cobro del servicio y mala calidad del agua.

Millonarios ingresos

Después de que en junio pasado el municipio de Solidaridad demandó ante tribunales estatales a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), el síndico de este Ayuntamiento, Juan Carlos Beristain informó que fueron contrademandados por la concesionaria, de la que se sabe obtuvo ingresos en 2017 por más de 2 mil 335 millones de pesos.

Por si fuera poco, dicha empresa, que se dice 100% mexicana, solicitó un posible arbitraje internacional en París, Francia, para que sea esta instancia la que determine si existe incumplimiento en sus responsabilidades como concesionaria en el abastecimiento de agua potable, lo que a todas luces suena a un “pleito arreglado”.

Beristain rechazó la posibilidad de realizar dicho arbitraje, y sí atender la demanda en el Juzgado Civil, Mercantil y Familiar 36 interpuesto por Aguakan, apelando a que “los Derechos Constitucionales en relación al agua potable de los ciudadanos de Quintana Roo no pueden ser sometidos a un órgano extranjero, siendo que el acceso al vital líquido es un derecho humano establecido en la Carta Magna”.

Destacó que su equipo jurídico trabajará de forma conjunta con el próximo gobierno que encabezará su hermana, la presidenta electa, Laura Esther Beristain Navarrete y manifestó que habrá coordinación en el marco de la transición de gobierno para darle continuidad al proceso legal en contra de Aguakan.

Se espera que la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, dé por terminada de una vez por todas la concesión que genera millones de pesos a la cuestionada concesionaria Aguakan, que se resiste a salir del Estado de Quintana Roo.

Acorralan legisladores a la concesionaria

Por Ariel Velázquez

El regidor electo de Benito Juárez,  Luis Humberto Aldana Navarro, así como el diputado local Esquivel Cruz González, se mostraron de acuerdo en el sentido de reformar la Ley de Aguas Nacionales para evitar la explotación y comercialización con fines de lucro del vital líquido.

Como se sabe tanto en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, Aguakan obtiene más de dos mil millones de pesos al año de ganancias producto del manejo de 350 mil cuentas cautivas.

La concesionaria Aguakan obtuvo una prórroga hasta el año 2053 durante el gobierno del procesado ex gobernador Roberto Borge, para lo cual dio en garantía poco más de mil millones de pesos, mismos que ‘esfumó’ el ex mandatario junto con su equipo de colaboradores.

Ahora tanto en Solidaridad como en CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado), buscan revertir la concesión por el mal servicio que están otorgando y el excesivo cobro, además de múltiples anomalías en contra de los usuarios.

Como se sabe, el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama presentó una iniciativa para prohibir la privatización del servicio de agua, ya que es un derecho humano que debe garantizar y prestar el Estado para evitar la explotación, administración y comercialización con fines de lucro de este líquido vital.

Sostuvo que conforme al Artículo 4 de la Constitución es facultad del Estado, en sus tres niveles de gobierno, el suministro de agua y este servicio público no debe ser prestado por particulares que buscan lucrar con su explotación, administración y comercialización.

Sin embargo en Derecho, debido al principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones, por regla general la ley no es retroactiva y sólo regula hechos posteriores a su sanción.

De la misma forma Martín Batres apuntó que el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

Además, precisó que “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a ésta”.

Además,  “se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta”.

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