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Quintana Roo

4,800 mdp que no llegaron al campo

por La Verdad

Ariel  Velázquez/Diario La Verdad Cancún.- Luis Alberto González, que ocupó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Rural e Indígena (Sedari) malversó casi 5 mil millones de pesos entre 2015 y 2016 mediante la falsificación de documentos de un programa estatal que sí existió. La fiscalía estatal y la PGR lo buscan por el desvío millonario. Según denuncias, para 2015 las irregularidades sumaron 1,522 millones, mientras que para el 2016 alcanzaron 1,850 millones de pesos. “La cantidad que tenemos estimada para el campo es de cerca de 5 mil millones de pesos. ¡Es una barbaridad de dinero! no estamos hablando de un bien específico, hablamos de dinero líquido. Ese dinero no se ve en el campo de Quintana Roo”, reconoció el contralor estatal, Rafael Del Pozo Dergal. Una vez que entraba el presupuesto a las arcas y cuentas de la SEDARI, “se desaparecía, se esfumaba”, conformó Dergal, nuevo contralor estatal, mientras la Auditoría Superior del Estado (ASE), busca por todos los medios “pistas” que los lleve al dinero malhabido de Borge. Puras promesas Productores agropecuarios y pescadores de los municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y José María Morelos, sólo recibieron promesas y el impulso a nuevos cultivos como estevia, cacao, piña, sorgo pero nunca llegaron, lo mismo que para los tradicionales de maíz, frijol, y caña de azúcar. Los recursos eran simulados por medio de supuestos apoyos a través de listas de empleo temporal a través de programas fachada y falsificación de recursos. Pero lo más extraño es que por decreto solo se pedían bajas cantidades de presupuesto anual y en el transcurso del año se ampliaban. En el Decreto de Presupuesto de Egresos 2015 aprobado por el Congreso local, se autorizó a la secretaría 310.1 millones de pesos y para 2016 los recursos avalados fueron 273.1 mdp. Sin embargo, Borge, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), autorizó en 2015-2016 ampliaciones presupuestarias millonarias para la dependencia. Los recursos crecieron a 1,806.6 mdp ( 549% más), mientras que para el 2016 el presupuesto ampliado llegó a 2,031.7 millones de pesos ( 555% más). Los montos económicos del orden estatal abastecidos por la Sefiplan fueron inyectados al programa de “Impulso a la Competitividad del Campo”, de donde se distribuirían a favor de unos 30,000 campesinos. Los recursos estaban dirigidos a los programas de cultivos de maíz, hortalizas, chile y frijol, pero los apoyos nunca llegaron a manos de los campesinos, como se precisó. De acuerdo con un informe oficial, la dependencia no abrió una cuenta bancaria específica para depositar los fondos, sino que fueron enviados a una cuenta bancaria controlada por un subsecretario de la dependencia, German Parra y luego dispersados por medio de cheques a trabajadores. Las autoridades desconocen el destino de los recursos hasta el momento. Según el informe, la acreditación de la entrega de los recursos a sus legítimos destinatarios implicó la creación de una lista de raya con nombres y números de credenciales de elector que supuestamente fueron firmadas por los campesinos beneficiarios. De acuerdo con él información mientras que la mayoría de los apoyos oscilaba entre los nueve mil y 25 mil pesos, pero se detectaron otros que otros alcanzaban 300 mil pesos. Muestra aleatoria Para corroborar la información, la Auditoría Superior del Estado escogió una muestra aleatoria y buscó a los campesinos. La sospecha se confirmó: los labriegos desconocían el programa de apoyo y negaron haber firmado los documentos que avalaron la entrega de recursos. Una de las líneas de investigación que se siguen al caso, es que las listas de raya fueron fabricadas a partir de los datos del padrón electoral. Muchos de los cheques fueron autorizados como “gastos a comprobar” sin identificar su destino. Posteriormente, se simuló su reintegro mediante depósitos en efectivo o con cheques emitidos a nombre del funcionario cuya cuenta bancaria de origen era la misma en donde se depositaron para el destino de los recursos. “Los recursos fueron a dar a la cuenta del subsecretario de Agricultura, Parra, no estrictamente a una cuenta personal; todo lo sacaron a través de cheques y gastos a comprobar y, hasta donde se tiene evidencia, los hallazgos respectivos comprueban que, efectivamente, todo fue falsificado. Se falsificó toda la documentación para hacer el soporte”, apuntó Dergal. El informe concluye que si bien en su clasificación contable, presupuestal y programática el programa “Impulso a la Competitividad en el Campo” se creó en apego a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado, en el soporte documental no se pudo identificar los programas y proyectos que derivaron de éste, por lo que se desconoce el objetivo, las estrategias, metas, líneas de acción y el resultado del mismo. Los recursos inyectados a la Sedari —que posteriormente se convertiría en la Secretaría de Desarrollo Rural— fueron un exceso si se comparan con lo que los principales estados productores de maíz, le destinan a sus dependencias. De acuerdo con el Censo Económico 2014 del INEGI, en Quintana Roo el 45.1% de la población se dedica al comercio, mientras que otro 46.1% a los servicios privados no financieros, es decir, que si bien existen campos agrícolas, la economía de la entidad no está sustentada en la producción de alimentos, por lo que tal cantidad de recursos es injustificada. Nombramiento premeditado Dos meses después del anuncio sobre la gran inversión al campo en marzo de 2013, Roberto Borge hizo un movimiento clave en su gabinete: Luis González Flores, tío de su padrino político, Félix González Canto, dejaría la Secretaría de Gobierno —segunda posición más importante del estado— para ocupar la Sedari, encargada de distribuir los recursos a los campesinos. Dergal afirmó que las estimaciones apuntan que el daño al erario público del Estado, podría ascender a más de 15 mil millones de pesos. Dicho monto está abierto a cambiar, de acuerdo a lo que arrojen las auditorías e indagatorias realizadas. Del Pozo Dergal, admitió que es difícil asegurar cuanto de lo desfalcado por la anterior administración podría ser regresado a las Arcas del Estado. Además dijo que los recursos entregados durante el 2015, fueron entregados en un sólo cheque a un sólo funcionario. El secretario asegura que se usó un entramado legal, financiero y administrativo para sacar el dinero del erario público y depositarlo a cuentas de particulares. El Secretario de la Gestión Pública añadió que ya se presentaron denuncias respecto al ejercicio del año 2015 y el 2016. González Flores, tío del senador Félix González Canto, está señalado como presunto responsable del desvío de dos mil 800 millones de pesos de la Sedari, esto a través de transferencias bancarias y retiros en efectivo. El Secretario de Gobierno actual, Francisco López Mena, por su parte afirmó que se interpusieron seis denuncias contra altos funcionarios de la administración de Roberto Borge. Entre los delitos se incluye peculado y malversación de fondos públicos. Las cifras del dinero público que manejaron a su antojo y en contra de los quintanarroenses.

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