Bad Bunny sufrió un importante revés judicial después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolviera a favor de su expareja Carliz de la Cruz, quien reclama que el artista utilizó su voz en dos canciones sin contar con su autorización. La resolución permite que el proceso continúe y mantiene vigente una demanda que podría tener consecuencias económicas y legales para el cantante puertorriqueño.
El conflicto comenzó formalmente en marzo de 2023, cuando Carliz de la Cruz presentó una demanda al asegurar que una grabación realizada años antes fue utilizada en los temas “Pa Ti” y “Dos Mil 16”. En ambas producciones se escucha la frase “Bad Bunny, baby”, una expresión que terminó convirtiéndose en una de las firmas sonoras más reconocidas de la carrera del intérprete.
¿Qué resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico?
La decisión del máximo tribunal establece que la reclamación presentada por la expareja del cantante es procedente, por lo que el caso continuará su curso dentro de los tribunales. Con este fallo, Bad Bunny deberá seguir enfrentando el proceso judicial mientras ambas partes presentan pruebas y argumentos para defender sus respectivas posiciones ante la justicia.
El expediente sostiene que la grabación fue realizada cuando ambos mantenían una relación sentimental entre 2011 y 2016. Según la versión presentada por la demandante, Bad Bunny le pidió registrar el famoso mensaje de voz sin que existiera un acuerdo sobre un eventual uso comercial dentro de futuras producciones musicales.
¿Por qué la expareja presentó la demanda?
Carliz de la Cruz sostiene que nunca autorizó la utilización pública de aquella grabación y que el uso del audio provocó consecuencias personales importantes. La mujer afirma que comenzó a ser identificada constantemente por desconocidos en redes sociales y espacios públicos, situación que, asegura, le generó ansiedad, angustia e incomodidad durante varios años.
Dentro del proceso también se expone que la frase fue grabada de manera espontánea en el baño de una amiga en Arecibo, Puerto Rico. Lo que parecía un simple mensaje terminó formando parte del sello artístico de Bad Bunny, por lo que la demandante considera que existió un aprovechamiento no autorizado de su voz e identidad.
¿Qué ocurrió antes del inicio del litigio?
De acuerdo con la documentación judicial, representantes del artista, de Noah Assad y de Rimas Entertainment buscaron un acercamiento con Carliz de la Cruz antes del lanzamiento de uno de los álbumes. El objetivo era alcanzar un acuerdo económico que evitara el desarrollo de un juicio relacionado con el uso de la grabación.
El expediente señala que la propuesta consistía en un pago de 2 mil dólares para cerrar el conflicto. Sin embargo, la negociación no prosperó y Bad Bunny terminó enfrentando una demanda que con el paso del tiempo ha adquirido mayor relevancia por la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
¿Qué compensación solicita la demandante?
La expareja del cantante reclama una indemnización de al menos 40 millones de dólares por diversos conceptos relacionados con el caso. Entre ellos menciona daños y perjuicios, afectaciones a su intimidad, enriquecimiento injusto, uso no autorizado de su imagen y vulneraciones a su dignidad derivadas de la difusión de la grabación.
Además de la compensación económica, el proceso busca determinar si existió responsabilidad por la utilización de un material personal dentro de canciones que alcanzaron una enorme difusión internacional. Bad Bunny todavía podrá presentar su defensa durante las siguientes etapas del procedimiento judicial que continuará en Puerto Rico.
¿Qué sigue en este proceso judicial?
La resolución conocida esta semana no representa una sentencia definitiva sobre el fondo del caso, sino que confirma que la demanda puede seguir avanzando. Eso significa que ambas partes deberán continuar presentando pruebas, testimonios y argumentos antes de que exista una decisión final sobre las reclamaciones económicas planteadas.
Mientras tanto, Bad Bunny enfrenta uno de los procesos legales más relevantes de su carrera artística. El resultado del litigio podría convertirse en un precedente sobre el uso de grabaciones personales dentro de la industria musical, especialmente cuando no existe un consentimiento claro respecto a su explotación comercial.
