El crimen organizado ha modificado drásticamente sus dinámicas de operación en los últimos años, dejando de lado los antiguos códigos de honor que prohibían ataques directos contra sectores vulnerables.
La tragedia ocurrida recientemente en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde un ataque armado en un parque público cobró la vida de menores, evidencia que la protección a la infancia ha dejado de ser una restricción para los grupos delictivos que operan en el país.
Históricamente, el crimen organizado mantenía ciertas normas no escritas que excluían de sus conflictos a mujeres, ancianos y niños. Sin embargo, especialistas en seguridad pública como David Saucedo advierten que este respeto se ha disuelto debido a la fragmentación de los cárteles y a la búsqueda de control territorial por cualquier medio, sin importar el costo humano o la edad de las víctimas.
Entender por qué el crimen organizado ha cruzado esta línea roja requiere un análisis profundo de las tácticas actuales de confrontación.
La violencia ya no se limita a enfrentamientos entre sicarios, sino que se ha extendido a los espacios públicos, donde las infancias quedan expuestas a las ráfagas de fuego y a la falta de escrúpulos de quienes ejecutan estas agresiones armadas.
Hipótesis sobre la violencia contra menores
Existen tres vertientes principales que explican el aumento de menores víctimas del crimen organizado. La primera se refiere al daño colateral, donde los niños no son el objetivo principal, pero se encuentran en el lugar de un ataque dirigido a un adulto.
En estas situaciones, los grupos armados disparan indiscriminadamente, aceptando la muerte de infantes como un efecto secundario de su objetivo delictivo.
La segunda hipótesis que involucra al crimen organizado es el ataque focalizado. En este escenario, los grupos criminales reclutan a menores para labores de vigilancia o distribución; al ser considerados parte de la estructura rival, los atacantes deciden aplicarles un «tratamiento de exterminio» similar al de un adulto, eliminando cualquier consideración por su condición de menores de edad.
Finalmente, la tercera vertiente del crimen organizado es el uso de actos de narcoterrorismo. Bajo esta lógica, el asesinato de niños se utiliza como una táctica deliberada para «calentar la plaza».
El objetivo es atraer la atención de las fuerzas federales hacia el territorio de un grupo rival o generar un terror profundo en la población para demostrar un dominio absoluto y despiadado sobre la región.
Estadísticas alarmantes de la violencia infantil
El impacto del crimen organizado en los derechos de la infancia se refleja en cifras crudas y verificables.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante el año 2025 se registraron 609 homicidios de menores de entre 0 y 17 años cometidos con armas de fuego, lo que subraya la disponibilidad de armamento y la letalidad de los conflictos actuales.
Guanajuato encabeza la lista de estados donde el crimen organizado ha cobrado más vidas infantiles, con 90 casos documentados. Le siguen Michoacán con 64 homicidios y Sinaloa con 55 casos.
Estas entidades son puntos críticos donde la disputa por rutas de tráfico y mercados locales de droga ha borrado cualquier rastro de los antiguos códigos de conducta criminal.
La impunidad que rodea estas agresiones perpetradas por el crimen organizado también contribuye a que los ataques continúen. La falta de sentencias ejemplares para quienes atentan contra la vida de menores envía un mensaje de permisividad que los grupos delictivos aprovechan para escalar sus acciones, convirtiendo a las escuelas y parques en zonas de riesgo latente.
Impacto social y respuesta gubernamental
La sociedad civil ha expresado su indignación ante la normalización de la violencia que el crimen organizado ha impuesto en diversas comunidades.
Las secuelas psicológicas en los niños que sobreviven a estos ataques o pierden a sus familiares son profundas, alterando el desarrollo social de regiones enteras que viven bajo el asedio constante de las organizaciones delictivas.
La respuesta del Estado ante el crimen organizado debe ser integral, no solo mediante el despliegue de la Guardia Nacional, sino a través de programas de prevención que rescaten a los jóvenes de las filas de la delincuencia organizada antes de que se conviertan en blancos legítimos de sus rivales.
El marco legal mexicano y tratados internacionales ratificados por la Secretaría de Gobernación obligan a la protección prioritaria de la niñez. No obstante, mientras el crimen organizado mantenga su capacidad de fuego y su falta de ética, el riesgo para los menores seguirá siendo una realidad dolorosa que requiere acciones coordinadas entre la ciudadanía y las autoridades para restablecer la paz.
El fin de los códigos de respeto por parte del crimen organizado marca una era de violencia sin precedentes en la historia moderna de México. Recuperar la seguridad de los espacios públicos es vital para garantizar que las futuras generaciones crezcan en un entorno donde su vida sea respetada, independientemente de los conflictos que mantengan los grupos que operan al margen de la ley.
