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Con Peña Nieto, cloaca de todos los partidos se repartieron como botín bienes comunales de Zona Boscosa junto a Santa Fe
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Con Peña Nieto, cloaca de todos los partidos se repartieron como botín bienes comunales de Zona Boscosa junto a Santa Fe

La alta plusvalía de la zona norponiente de la CDMX, donde se encuentra la zona empresarial y comercial de Santa Fe, fue el motivo de que comuneros del Edomex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueran encarcelados por defender sus tierras.

por La Verdad

Con Peña Nieto, cloaca de todos los partidos se repartieron como botín bienes comunales de Zona Boscosa junto a Santa Fe

Con Peña Nieto, cloaca de todos los partidos se repartieron como botín bienes comunales de Zona Boscosa junto a Santa Fe

 

La liberación de seis comuneros de Salazar, estado de México, hace cuatro meses acusados de varios delitos por defender sus tierras y bosques,  destapó una “cloaca” en donde están involucrados políticos y empresarios,  lo mismo que familiares y en donde sobresalen desde el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), León Bartlett, hasta el verde ecologista Pablo Escudero y  yerno del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

 

Durante la conferencia “mañanera de AMLO” del pasado 5 de junio donde estuvieron presentes los liberados, el titular de la Subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, descartó que estuvieran involucrados Carlos Slim, Emilio Azcárraga o el hijo de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz.

“Estos personajes no están involucrados, fueron muy claros ellos al identificar la empresa y las personas, los gestores que hicieron el intento de despojo de estas tierras”, después de que se informó la liberación de Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril, Daneyra Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García, quienes obtuvieron sentencia absolutoria.

Aunque dijo que el proceso jurídico continuará “está el reconocimiento de ser los titulares de los derechos de posesión agrario, sino también del reconocimiento de las autoridades, y ellos están en plena libertad de iniciar el proceso judicial contra quienes pretendieron este intento de despojo”.

Incluso Encinas insistió: “no es Azcárraga, ni Slim, ni el hijo del ex gobernador de Veracruz, son otras personas, con ellos no tenemos ahorita problemas, ellos ya tienen ahí sus edificaciones y no se han metido con nosotros ni nosotros con ellos”.

Y aseguró: “son otras personas, nada más que no los tenemos identificados, son otros de gran dinero que tienen ellos, pero con ellos no hemos tenido problemas ahorita”.

Y es que hace dos años estos comuneros fueron encarcelados en defensa de cuando menos 80 hectáreas que fueron cedidas presuntamente a un grupo de 20 particulares, entre empresarios, políticos y personajes del medio artístico, en la comunidad de Salazar, Lerma.

 Ventas ilegales

Durante ese tiempo, los integrantes de Bienes Comunales de Salazar dieron a conocer que supuestamente desde el año 2005, sus avecindados de la comunidad de San Mateo Atarasquillo comenzaron un proceso para cesión de derechos de las 80 hectáreas, en un acto de compra-venta con los 20 particulares.

En la lista, los comuneros mencionaron a “Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Elías Ayub, José Luis Bonilla Vaca, supuesto socio de la empresa La Costeña, e incluso el cantante Vicente Fernández”.

Esther Goujón, representante legal de los comuneros, explicó que el 17 de agosto de 2017 salió a su favor la sentencia en el juicio agrario con numeración 446/2005 emitida en cumplimiento de la Sentencia Ejecutoria, dictada en un juicio de amparo que iniciaron  el 9 de noviembre de 2016.

Goujón detalló que la sentencia fue decretada por el Tribunal Unitario Agrario número 9 de Toluca.

“Hicieron (comuneros de San Mateo Atarasquillo) contratos de cesión de derechos a favor de estas personas, incluso ya les dieron certificados de derechos agrarios, ya hasta son ejidatarios de ese poblado”, reveló su abogada.

 “Nosotros conocimos algunos contratos de cesión de derechos, hechos por la Procuraduría Agraria”, agregó la litigante.

Fabiola Vilchis, integrante de los Bienes Comunales, acusó que en los terrenos cedidos actualmente ya existe construcción de viviendas, entre ellas un rancho.

En uno de los certificados de cesión de derechos (parcelario) que se expusieron, bajo el número 000001020352, con fecha del 30 de marzo de 2015, se desglosa que se cedió una hectárea de tierra en el ejido de San Mateo Atarasquillo a nombre de José Luis Bonilla Vaca, quien se ostenta como empresario con domicilio en Naucalpan, y a quien acusan los comuneros como socio de la empresa La Costeña.

El artículo 59 de la Ley Agraria, las zonas boscosas no deben parcelarse, asimismo señala que las tierras comunales no pueden venderse, expuso la abogada Goujón.

Según los datos revelados por los pobladores, la venta de terrenos es para el desarrollo económico de la zona comercial de Santa Fe.

Los comuneros exigieron también la liberación de ocho pobladores de Salazar detenidos el 31 de agosto de 2017 y vinculados a proceso el 6 de septiembre del mismo año, acusados del delito de lesiones, robo con violencia y privación ilegal de la libertad, mismos que oficialmente fueron liberados seis,  según se constató.

La localidad de Salazar cuenta con 217 hectáreas en su territorio y tiene un aproximado de 300 viviendas, y es la zona, luego de la Marquesa, con mayor turismo instalada sobre la carretera México-Toluca y muy cercana a la zona residencial y comercial de Santa Fe, al occidente de la CDMX.

Ranchos Hípicos

                                                                                                                                

En la zona y en donde podrían estar involucrados en esta venta ilegal de acuerdo a los denunciantes estarían los ranchos hípicos y fincas de descanso de grandes empresarios, como el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández Senderos, y uno de los dos accionistas de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp, según precisaron.

Grupo Corrado  fue una compañía contratista de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Nizri fungió como su representante legal en la mayor parte de las licitaciones, según se comentó.

También figuran como propietarios de grandes extensiones de bosque acaudalados integrantes de la clase política mexicana, como el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales,  (yerno del ex gobernador Manlio Fabio Beltrones) cuyo rancho fue evidenciado con una extensión de una hectárea y un costo de adquisición de ocho millones de pesos, pero actualmente cuesta más de 300 millones de pesos, según denunciantes, el rancho de Escudero goza de un camino empedrado para conectar con la carretera Salazar-Huixquilucan y vigilancia las 24 horas del día.

De acuerdo a los afectados, otro de los nuevos residentes de la comunidad es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del  ex coordinador del bloque PT- Morena en el Senado, Manuel Bartlett Díaz y ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo a los denunciantes,  Bartlett Junior adquirió un terreno de más de una hectárea y al momento de recibir su certificado parcelario, el hijo del senador proporcionó como su domicilio un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Germán Rojas Nava, integrante de la Comisión Agraria de Salazar, asegura que existen más personas involucradas en la compra y venta de predios que históricamente pertenecen a su comunidad.

Entre ellos , la actriz Yolanda Andrade y al empresario José Luis Vaca Bonilla, mismo que en septiembre de 2017 obtuvo un permiso del ayuntamiento de Lerma para levantar una barda en un terreno de tres mil metros cuadrados en la zona que Salazar disputa con San Mateo Atarasquillo.

“Sabemos de un señor que se llama José Luis Bonilla Vaca que ha revendido muchas hectáreas, también sabemos de Yolanda Andrade con su fundación ‘EsTuDía’ porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya le había concedido todos los permisos para el cambio de uso de suelo”, expuso.

Los certificados parcelarios que amparan las supuestas propiedades de Carlos Alberto Grisi, Federico Carlos Fernández, León Manuel Bartlett y Ricardo Nizri Guasp, se otorgaron de forma irregular, puesto que ese tipo de documentos sólo se pueden otorgar a los propios comuneros, se indicó.

Estos títulos parcelarios fueron expedidos a nombre de la comunidad La Cima San Mateo Atarasquillo,  se trata de terrenos ubicados dentro de Salazar y que se trata de ventas ilegales, aprovechándose de la buena fe de los compradores.

Otros presuntos compradores, son la conductora de televisión Montserrat Oliver, un hijo del cantante de Vicente Fernández y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, aunque en estos casos no cuentan con ningún tipo de documento para comprobarlo.

Por otro lado, el abogado Mario Alberto de León Venegas, quien se ostenta como representante legal de un grupo de 18 a 20 compradores cuyos nombres se reserva, sostiene que sus clientes adquirieron de forma legal, puesto que la comunidad de La Cima de San Mateo ganó en definitiva el conflicto agrario y se le reconocieron todos los derechos sobre los terrenos en disputa.

 

Además, sostiene que entre sus clientes no se encuentran artistas o grandes empresarios, pero se niega revelar cualquier nombre, con el argumento de la secrecía profesional.

 

Expuso que no hay ningún documento que dé la razón a los comuneros de Salazar, quienes han encontrado referencias de la existencia del poblado y de sus posibles derechos desde 1550, durante el Virreinato.

 

Pelearán hasta el final

 

El titular de la CFE, el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, hace caso omiso de señalamientos en su contra y de su familia.

 

Por su parte, el propietario de Bienes Comunales de Salazar, Cutberto Vilchis Garza, agradeció la participación del gobierno federal para lograr su liberación, ya que consideró que fueron víctimas de una injusticia por parte del Gobierno del Estado de México, quien los acusó de robo, violación y privación ilegal de tres personas el pasado 20 de septiembre de 2016, tras la defensa de 217 hectáreas de bosque y de tierras comunales del municipio de Lerma.

Relató que su proceso judicial fue parte de una criminalización hecha a partir de intereses económicos y públicos que buscaban despojarlos de estas hectáreas a favor de la comunidad de San Mateo Atarasquillo, quien había vendido de forma ilegal estas tierras sin que les pertenecieran.

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