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Fiscalía de Ecuador iniciará proceso legal contra el alcalde Delfín Quishpe
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Fiscalía de Ecuador iniciará proceso legal contra el alcalde Delfín Quishpe

Las autoridades de Ecuador informaron sobre la imputación de cargos en contra del alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, por el presunto delito de tráfico de influencias.

por LaVerdad

Fiscalía de Ecuador iniciará proceso legal contra el alcalde Delfín Quishpe

Fiscalía de Ecuador iniciará proceso legal contra el alcalde Delfín Quishpe

Este lunes 14 de septiembre del 2020, la Fiscalía General del Estado de Ecuador dio a conocer que solicitó fecha y hora para formular cargos contra el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, por presunto tráfico de influencias

De acuerdo con información publicada por el portal “El Comercio” y retomada de la Fiscalía, la audiencia se desarrollará a las 11:00 del martes 15 de septiembre en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.

Las investigaciones contra el también artista continúan, ya que el pasado 4 de junio personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial incautó una computadora y documentos del Municipio de Guamote.

Elementos de la GOE realizaron la diligencia

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El alcalde es acusado de comprar aguardiente en lugar de alcohol desinfectante

En aquella ocasión, decenas de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía llegaron a la dependencia municipal junto con los investigadores de la Fiscalía, quienes no dieron declaraciones sobre la diligencia legal.

En el Municipio de Guamote, un cantón ubicado al sur de Chimborazo, hubo hermetismo respecto al anuncio de la Fiscalía. “No habrá pronunciamientos hasta después de la audiencia”, dijo Guacho. 

Cabe mencionar que el funcionario será procesado por presunto delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por lo cual Delfín Quishpe podría ir a prisión.

Quishpe podría ser sentenciado a 5 años de prisión

Según la normativa, "las o los servidores públicos que ejerzan influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros” cumplirán una condena de tres a cinco años de prisión”. 

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En el COIP se precisa que “el máximo de la pena prevista será aplicable cuando los funcionarios hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público”.

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