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El Salvador: Los casos de aborto por los que podría terminarse su prohibición

El Salvador: Los casos de aborto por los que podría terminarse su prohibición

El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que prohíben y persiguen el aborto con décadas de prisión en cualquier cirsunstancia, incluso si la vida de la madre está en peligro.

Por Raúl Luna

14/03/2021 06:19

El debate por la despenalización del aborto en El Salvador ha cobrado mayor fuerza en las últimas semanas, mientras los medios de comunicación dan a connocer los casos de mujeres que fueron enviadas a prisión por delitos relacionados con la interrupción natural o accidental de su embarazo.

El país centroamericano ha sido señalado de violar los derechos de las mueres debido a la persecución y la prohibición del aborto estrictamente penado por el Código Penal, una normativa que no ha sido reformada desde principios de la década de los 2000.

Algunos casos de mujeres cuya vida corría peligro si no abortaban o que por accidente perdieron a su bebé han llamado la atención internacional por las duras penas, que pueden ser de varias décadas en prisión, dependiendo de la violencia con la que se practique el aborto, así como si es inducido, asistido o si la mujer recibió ayuda de su pareja o de sus familiares.

La Verdad Noticias recopila algunos de los casos más sonados de mujeres que actualmente cumplen condenas en prisiones de El Salvador por delitos relacionados con el aborto, cuyas historias están en el centro de un debate nacional entre activistas por los derechos de las mujeres, feministas y la gran mayoría conservadora del país más pequeño de América Central.

Una caída y aborto le costaron 30 años de prisión

Sara es una de las decenas de mujeres que mantienen una pugna con las autoridades salvadoreñas para obtener su libertad tras perder su embarazo. En 2012 tuvo un aborto espontáneo a la edad de 22 años luego de resbalar mientras lavaba la ropa. Fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión.

La más reciente apelación en el caso de Sara estaba programada para una audiencia el 15 de marzo, pero fue pospuesta debido a un problema técnico con la modalidad virtual que aún no se ha resuelto. Sara, nombre con el que se le conoce para proteger su identidad, aún no conoce una fecha para su nueva audiencia.

El Salvador prohibió el aborto en todas las circunstancias en 1998.

Paula Avila-Gullen, abogada y líder ejecutiva de Women’s Equality Center que asesora al equipo legal de Sara, le dijo a Al Jazeera que los estigmas en torno a los abortos perjudican el debido proceso y obligan a las mujeres a tener que demostrar “proactivamente” que son inocentes.

Se espera que en la próxima audiencia de apelación la defensa pueda presentar nueva evidencia forense que demuestre que el aborto esepontáneo de Sara se dio de manera natural y que el testimonio anterior tanía prejuicios. De ser liberada, Sara sería la décimo sexta mujer que sale de prisión desde 2018 gracias a apelaciones, nuevos juicios y conmutaciones de sus sentencias.

Manuela: revictimizada y encarcelada tras abortar

El caso de Manuela, quien murió esposada a una cama de hospital en 2010, puede ser uno de los mejores ejemplos de cómo la pobreza, la falta de educación y el simple hecho de ser mujer puede resultar en un peligro criminalizante en El Salvador.

Según narra BBC, en 2008 Manuela sufrió un aborto natural a los 31 años cuando vivía en una zona rural de El Salvador. Tras sufrir dolores intensos en el abdomen, expulsó al feto de 3 meses y después se desmayó.

Despertó en un hospital, donde el personal médico la culpó de haberse provocado el aborto para esconder una supuesta infidelidad. Manuela, que era analfabeta, fue finalmente sentenciada a 30 años de prisión por homicidio. Tenía dos hijos, de siete y nueve años.

Manuela es uno de los principales estandartes de la lucha abortista en El Salvador.

El 10 y 11 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró dos audiencias en las que por primera vez se abordó el tema de la crminalización del aborto de Manuela con posibles acciones legales contra El Salvador que podrían extenderse a los casos de otras víctimas de su Código Penal.

La tortura contra Manuela no terminó ahí, pues mientras estaba en prisión contrajo un cáncer que, según grupos de derechos de la mujer, no fue correctamente atendido, por lo que Manuela murió en 2010 aún en calidad de detenida. A más de 10 años de su muerte, sus hijos y familiares aún buscan una compensación por el golpe emocional de su detención y muerte prematura.

Evelyn y la persecución incansable del Estado

Evelyn tenía 18 años cuando fue violada y quedó embarazada, pero no lo sabía. La joven despertó una mañana con un chorro de sangre saliendo de entre sus piernas y con dolores en el vientre que por poco la dejan inconsciente. Fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años en prisión.

Tras pasar 33 meses en prisión y con su cuerpo recuperándose del peligroso embarazo, Evelyn fue absuelta en diciembre de 2018 del cargo de homicidio por un tribunal superior, pero la Fiscalía General de El Salvador apeló la decisión y la mujer fue llevada a un segundo juicio, en el que las autoridades pedían 40 años de prisión.

Evelyn fue absuelta por segunda vez en septiembre de 2019.

Bertha María Deleón, una de las abogadas que defendió a Evelyn, dijo citada por DW: “(es una) vergüenza que insistan en perseguir penalmente a una mujer sin pruebas de que cometió delito".

Leyes discriminatorias contra el aborto en El Salvador

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales han catalogado las leyes que penalizan el aborto en El Salvador como “un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica” cuando el embarazo es riesgoso para la mujer.

La ley salvadoreña reconoce que la vida inicia en el vientre materno desde el momento de la concepción, prohíbe la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y establece penas que van de 2 a 8 años de prisión, pero los fiscales han adoptado la costumbre de imputar delitos de “homicidio agravado”, que conlleva una pena mínima de 30 años.

La violencia estructural contra las mujeres

Laura Clérico fue la perito propuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar su postura en la audiencia especial por el caso de Manuela. La experta explicó cómo factores estructurales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, salud sexual y métodos anticonceptivos agravan la situación de mujeres como Manuela en el país.

Las salvadoreñas se han unido a las exigencias por el aborto gratuito y seguro en América Latina.

“La criminalización afecta en forma desproporcionada a mujeres como Manuela. Hay un perfil de mujer que está siendo criminalizada: mujeres jóvenes, pobres y que viven en la ruralidad”, dijo Clérico.

Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, apunta que determinantes sociales como los recursos económicos con los que cuentan las mujeres también son una condición que agrava el problemas pues aquellas con más dinero pueden pagarse la interrupción en clínicas privadas o fuera del país. 

“Las más afectadas son aquellas que no tienen recursos económicos y que no tienen acceso a información", dijo Herrera a DW.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer 2021, miles de mujeres marcharon hacia la Plaza Gerardo Barrios en San Salvador, la capital del país, para exigir la despenalización del aborto y denunciar las violaciones a sus derechos que, en todo caso, no cuentan ni siquiera con una agenda en el poder legislativo. 

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