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Mi hijo lloraba por todo, el médico me alertó de un posible abuso sexual

por La Verdad

Ciudad de México.- Mireya Agraz Cortés decidió quitarse la vida junto a sus tres hijos y sus padres, de la cual solo la madre de ella sobrevivió, todo por no ganar la custodia de sus niños, pues ella acusaba a su exesposo Leopoldo de haberlos agredido sexualmente, pero las autoridades se negaban a creerlo, pues según las pruebas de la PGJ ninguno de los pequeños tenía evidencia de abuso sexual. Mireya Agraz ya había hecho varias denuncias en contra del papá de sus hijos pero fue ignorada, y quienes encontraron evidencia de su dicho, prefirieron ocultarla, así lo manifestó el portal Proceso. El 7 de Junio, la policía encontró 6 cuerpos , se trataba de Mireya Agraz, su hijo de 9 años, sus dos gemelas y sus padres, la única sobreviviente fue llevada a un hospital para su recuperación, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Mireya Agraz preparó una bebida de chocolate con varios medicamentos los cuales les provocó la muerte y envenenamiento a los integrantes de la familia. Antes de quitarse la vida Mireya Agraz dio una entrevista a una cadena de televisión, en él mencionó que los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre, ya que los menores no querían estar con su papá y además estaba acusado de violencia sexual. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=h5gMpP0ldGw[/embed]

La historia del abuso sexual

Publicado por el portal Proceso, en el año 2010 el niño mayor del matrimonio, el cual solo tenía 3 años, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por todo, tenía pesadillas y no quería alejarse de su mamá, cosa que le pareció muy extraño a Mireya, pues el pequeño no era así, entonces decidió llevarlo al proctólogo, el médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual. Al saber esa terrible noticia Mireya Agraz Cortés, decidió confirmar el diagnóstico del doctor y llevó al pequeño con una psicóloga, quién, durante diez sesiones de trabajo confirmó que el menor había sufrido abuso sexual por parte de su padre. Según el portal Proceso, Mireya con las evidencias que contaba decidió denunciar el 16 de Junio del 2011 (averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) ante el Ministerio Público la violación sexual a la que había sido sometido su hijo, pero lamentablemente se topó con pared, pues en realidad se enfrentó a un ineficiente sistema de agencias en delitos sexuales supuestamente especializadas. En su nota Proceso dice que ante esta gran enigma un grupo de defensoras de derechos humanos de las mujeres y de la infancia, la cual llevó este caso desde hace 4 años, expuso el recorrido que la madre y los tres menores realizaron desde el 2010 hasta llegar a la decisión que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción por parte de Leopoldo. EN Junio del 2011 Mireya pidió un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil donde se confirmaba que, efectivamente, el menor había sido abusado sexualmente, dicho documento lo presentó como prueba, pero mientras la denuncia seguía de pie, en casa Leopoldo se defendía señalando que todo eso era una mentira, y solicitó el divorcio y la patria protestad de su hijo. En Junio del 2012 por orden deun juez, el DIF hizo un segundo peritaje al niño y al padre. Dichas pruebas indicaron que Leopoldo pudo ser víctima de abuso sexual en su infancia y también se detectó que era probable responsable del abuso contra su hijo. En dicho peritaje el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras abusaba sexualmente de él. Al saber que todas las pruebas apuntaban en su contra, Leopoldo solicitó al titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizarán pruebas periciales sobre "alienación parental", prueba que no era reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigio. Según al texto de Proceso, la jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 el ombudsman local impugnó esta figura jurídica a través de una acción de inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ombudsman argumentó que dicho peritaje se trataba de un término que califica a los niños como mentirosos y a las madres de manipuladoras. La denuncia ante la Fiscalía de la procuraduría capitalina no parecía avanzar, pero en el Tribunal de Justicia Leopoldo seguía ganando pruebas para que sus tres hijos se quedaran de forma definitiva con él. De acuerdo a Proceso, el Incifo realizó un peritaje a Leopoldo, Mireya y otro más al niño. Los resultados de este tercer estudio que se le hizo al pequeño, no existía evidencia de “victimización sexual” ya que el niño usaba las mismas palabras que la madre cuando le preguntaban sobre el presunto abuso. La jueza, basándose en las valoraciones que hizo el Tribunal, ordenó una terapia entre padre e hijo, según esto para “restablecer la relación paterno filial”. Mireya estaba presionada por su exesposo y la jueza, no miraba que su denuncia avanzaba, así que el 3 de Noviembre del 2013 aceptó firmar un convenio de custodia compartida. En Febrero del 2014, aunque los padres estaban separados, decidieron viajar todos a Disneylandia pero Mireya se arrepintió al estar allá, ya que una de sus gemelas le dijo que su papá había abusado de ella. Llegando del viaje Mireya acudió inmediatamente a poner una denuncia antes la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (averiguación previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02), al mismo tiempo que Leopoldo presentaba un recurso para que le entregaran la guardia y custodia de los menores. En Septiembre de 2014 , el Juzgado Undécimo de lo familiar a cargo de la jueza Silvia García retoma el caso y llama a una audiencia en su despacho para que los niños declararan lo sucedido. El niño más grande contó todo el abuso sexual al que había sido sometido por su padre, no obstante, la jueza pidió que entrara el papá del menor, el cual llegó con juguetes, al verlo, el pequeño tiró los regalos a la basura y dijo que no quería nada de él. De acuerdo a Proceso, la Jueza intentó obligar a los menores a convivir con Leopoldo pero el abuelo materno se negó y ordenó que acudiera la policía. Para el año 2015, Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos, pero era obligada por la jueza a llevar a los menores a un Centro de Convivencia Tribunal y si no lo hacía era multada; ya tenía una orden de arresto por no querer llevar a los niños al Centro. Casi siete años después de la primera denuncia, Mireya y sus padres, y con ellos los tres menores, optaron por quitarse la vida, y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio, debido a que pudo ser provocado, y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones por indagar. Algunas  agrupaciones  por los derechos humanos alertan que hay más casos como el de Mireya, y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres, por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recurso sobre alienación parental, y finalmente derogar este concepto de la legislación capitalina.

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