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Estados deben pagar por el uso de elementos de la Guardia Nacional
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Estados deben pagar por el uso de elementos de la Guardia Nacional

En caso de que elementos de la Guardia Nacional se incorporen o participen con la delincuencia organizada tendrá penalizaciones con cárcel que alcanza de 30 a 60 años

por Alejandra Galicia

Entidades del país que requieran el apoyo de la Guardia Nacional para el combate a la delincuencia deberán proporcionalmente cubrir con recursos de su presupuesto los costos de operación de los cuerpos de seguridad. La Guardia Nacional está constituida por tres instituciones: la Policía Naval, Federal y la Militar.

La Ley de la Guardia Nacional, enviado por el Senado de la República, presentado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, establece en el artículo 96, que “las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesario para sufragar parcialmente los costos de operación  del personal  de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”.

La iniciativa también contempla que los presidentes municipales y gobernadores se responsabilicen de solventar gastos derivado de los convenios de colaboración de la Guardia Nacional.

El monto proporcional que deberán aportar se establecerá a través de un convenio de colaboración que los gobernadores y alcaldes de municipios firmen con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El artículo 98 de la Ley de la Guardia Nacional establece en el Título Sexto sobre la Coordinación y Colaboración de la Guardia Nacional con las Entidades Federativas y Municipios que, “los gastos no previstos, que se generen por caso fortuito o fuerza mayor, se cubrirán proporcionalmente por los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios”.

Gobernantes y presidentes municipales que requieran el apoyo de la Guardia Nacional se comprometen en el ámbito de sus competencias a aportar información que se les solicite o con las que cuenten para el combate a la delincuencia, además de “mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para enfrentar la amenaza a la seguridad pública”.

De acuerdo con la iniciativa de la ley reglamentaria al artículo 21 constitucional, la Guardia Nacional tendrá a su cargo salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener, y reestablecer el orden y la paz social y la prevención de delitos.

La actuación de la Guardia Nacional abarca desde las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, las partes pertenecientes al país, los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, además de las secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorios, los parques nacionales, carreteras federales, las vías férreas, aeropuertos y los medios de comunicación que operen  en las vías generales de comunicación, instalaciones hidráulicas y los espacios  urbanos considerados como zonas federales.

La Guardia Nacional tendrá apoyo del Ministerio Público, que realizará trabajo de investigación y prevención de delitos y también podrá ayudarse con operaciones encubiertas y de usuarios simularos, esto de acuerdo con el artículo 11 del proyecto de ley de la Guardia Nacional.

En caso de que elementos de la Guardia Nacional se incorporen o participen con la delincuencia organizada tendrá penalizaciones con cárcel que alcanza de 30 a 60 años, además de una destitución e inhabilitación equivalente a los años que pasará en la cárcel, detalla el artículo 74, en el Capítulo Tercero correspondiente a los delitos contra la disciplina de la Guardia Nacional.

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