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Empresa monopoliza venta y operación de alerta sísmica

por La Verdad

Actualmente estos radios tienen un precio de 34 mil pesos y la población interesada (u obligada, en el caso de empresarios) a instalar estos equipos de alerta sísmica en sus casas o lugares de trabajo sólo puede comprárselos al consorcio CIRES-MDreieck.

CIUDAD DE MÉXICO.-  Daniela y sus papás administran desde hace diez años una pequeña escuela privada en la colonia Del Valle, que imparte educación preescolar y primaria. Desde su fundación, nunca tuvieron problemas para cumplir con las normas que marca la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para su funcionamiento, incluyendo la instalación en su plantel de un sistema de alerta sísmica. La familia, aún antes de abrir la escuela, pasaba largas temporadas en Estados Unidos, y por eso les pareció casi natural traer de ese país un sistema de alerta sísmica que les costó 200 dólares, que es el rango en que esta tecnología de alertamiento puede adquirirse del otro lado de la frontera. “Cuando hicimos todos los trámites para abrir la escuela, (en la Secretaría de Protección Civil) nos dijeron que necesitábamos alertas con el sistema NOAA, y eso fue justo lo que compramos”, dice Daniela. Este equipo extranjero no les falló en ningún sismo. Sin embargo, a finales de 2016, un grupo de inspectores de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México llegó a su escuela para anunciarles que su alerta sísmica era ilegal, no porque incumpliera con las características técnicas exigidas por la ley, sino porque no era de una marca en específico, la marca Sarmex, cuyo único vendedor en México es el consorcio CIRES-MDreieck. Por no haber adquirido sus alertas a este consorcio empresarial, la Secretaría de Protección Civil les anunció que su escuela quedaba clausurada. Los representantes del plantel le explicaron a los funcionarios lo que más de un técnico, y su propia experiencia, les decía: que sus alertas funcionaban perfectamente. Pero no había espacio para la negociación, simplemente no eran las autorizadas. Luego de esto, los funcionarios les proporcionaron a los dueños de esta escuela los datos del “distribuidor” autorizado y les informaron que, si se apresuraban a comprar sus sistemas a dicho distribuidor, quizá podrían iniciar clases a tiempo. Daniela y sus padres no lo dudaron. En la misma colonia Del Valle, a unos dos kilómetros de distancia, está una oficina del consorcio CIRES-MDreieck, que  les cobró 85 mil pesos por instalar un sistema similar al que ellos habían comprado en Estados Unidos por 200 dólares (menos de 4 mil pesos). Los representantes de esta escuela no lo sabían, pero el 7 de abril de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México había emitido la “Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-SAS- 2016”, con la que se designó al consorcio empresarial CIRES-MDreieck como único órgano autorizado para “certificar” cualquier sistema de alertamiento sísmico instalado en la capital del país. En teoría, cualquier fabricante de alertas sísmicas podría obtener dicha certificación, si cumple con todos los requisitos técnicos impuestos por la autoridad. Sin embargo, tal como señala el consorcio CIRES-MDreieck en sus páginas de internet, los únicos equipos a los que han otorgado esta certificación son, precisamente, los que ellos mismos venden de la marca Sarmex. De hecho, los equipos de alertamiento que comercializa CIRES-MDreieck son los únicos que cumplen a cabalidad con los requisitos impuestos por el gobierno capitalino, por una razón: para determinar dichos requisitos, las autoridades utilizaron un radio Sarmex como modelo ideal. Finalmente, en marzo de 2017, esta norma técnica fue nuevamente actualizada, ahora para establecer que el único sistema autorizado para advertir sobre la aproximación de ondas sísmicas en la capital del país es el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, que fue creado con recursos públicos, pero luego entregado al consorcio CIRES-MDreieck para su operación, mediante un convenio sin fecha de vencimiento. Con esta medida, otras empresas que también buscaban desarrollar tecnologías de alerta sísmica quedaron eliminadas del mercado y el consorcio CIRES-MDreieck quedó libre de competencia.

TRIANGULACIONES

Desde 1989 –cuatro años después de los sismos del 85–, las autoridades federales designaron a la asociación civil CIRES como desarrollador y operador del Sistema de Alerta Sísmica, que inicialmente se pensó para advertir a la Ciudad de México y luego al resto de estados que comparten la amenaza de enfrentar temblores fuertes, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. De hecho, con este mecanismo de triangulación, el consorcio CIRES-MDreieck ha acaparado 100% de la inversión pública destinada a la creación, operación, ampliación y modernización del Sistema de Alerta Sísmica, desde 1989 y hasta la fecha, recursos que, sumados, superan los 34 millones de dólares.

MONOPOLIO DEL MIEDO

El proceso de “modernización” del Sistema de Alerta Sísmica emprendido en 2010, mediante la compra de decenas de miles de aparatos Sarmex, se sustentó en un único argumento del consorcio CIRES-MDreieck: que dichos aparatos eran de “bajo costo” (entre 30 y 80 dólares por unidad, tal como se manejó en ese momento). Eso, se subrayó, permitiría la distribución masiva en México. Con estos radio-receptores marca Sarmex, en teoría, la población podría recibir una advertencia sobre sismos, entre 30 y 60 segundos antes de que se sintieran sus efectos. Entre 2010 y 2011, efectivamente, CIRES-MDreieck le vendió los primeros 88 mil equipos al gobierno mexicano a un costo promedio de mil 140 pesos, es decir, dentro del rango de los 80 dólares. Sin embargo, antes de que acabara el año 2011, el consorcio CIRES-MDreieck determinó que dicha tecnología ya no sería de “bajo costo” e impuso a sus radios Sarmex un sobreprecio de 2,700%. Así, estos aparatos, que en 2010 se vendían en menos de mil 200 pesos, pocos meses después elevaron su costo hasta 34 mil pesos por unidad. Las ganancias son para CIRES-MDreieck, consorcio que, además, quedó exento del pago de impuestos de importación, tal como quedó establecido en los acuerdos firmados con las autoridades mexicanas, de los cuales Animal Políticoposee copia. Supuestamente, el consorcio quedó libre del pago de dichos impuestos, para que los radios Sarmex mantuvieran su bajo costo, lo cual resultó falso.  

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