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Oficio de papel: Videgaray en la mira de Función Pública y la Fiscalía General
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Oficio de papel: Videgaray en la mira de Función Pública y la Fiscalía General

Miguel Badillo: Colaborador de la Verdad

por LaVerdad

Oficio de papel: Videgaray en la mira de Función Pública y la Fiscalía General

Oficio de papel: Videgaray en la mira de Función Pública y la Fiscalía General

Aun con la buena intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aplicar “punto final” a la corrupción del pasado y a partir del 1 de diciembre de 2018 concentrar todo el esfuerzo en reconstruir el gobierno y recuperar al país que parecía ya perdido, ha sido prácticamente imposible dejar pasar algunos de los muchos abusos de poder, conflictos de intereses, contratos amañados, desvíos de recursos públicos y otros muchos delitos cometidos por administraciones priístas y panistas (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña).

En esas obligadas investigaciones, varias de ellas atribuidas a la prensa, han empezado a aparecer nombres de exfuncionarios, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, y otros más. Varios de esos expedientes están abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) y otros en la justicia de Estados Unidos.

En este marco de exigencia de justicia, que se ha convertido en un clamor popular, hay un personaje que se mantiene en sigilo, tanto para no hablar como para no dejarse ver en público, pero que todos sabemos que fue el artífice principal, junto con Peña Nieto, de la corrupción y el fracaso sexenal, porque concentró un enorme poder e influencia en el gobierno anterior. Por ello, en los 6 meses de la actual administración, se ha mantenido en silencio para tratar de pasar de desapercibido ante lo que se avecina.

Hablamos del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien Peña Nieto todo consultaba y por tanto también tenía la facultad de cancelar o modificar contratos gubernamentales, y su poder se expandía hasta exigir la renuncia de cualquier funcionario del gabinete –como ocurrió con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex– que le estorbara en sus intereses económicos y políticos.

Temeroso, Videgaray espera ahora que las investigaciones judiciales por corrupción en Petróleos Mexicanos no lo alcancen, a pesar de haber sido él quien revisaba y autorizaba los grandes contratos que se hacían en el gobierno anterior.

Además de su participación en la compra-venta de empresas privadas quebradas del sector energético con sobreprecios, las nuevas autoridades de procuración de justicia podrían revisar también su expediente que guarda la Secretaría de la Función Pública sobre la adquisición que hizo Videgaray de una residencia en el Club de Golf Malinalco y que cerró indebidamente el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.

De acuerdo con lo reportado en el sexenio anterior, Videgaray habría pagado al Grupo Higa –el mismo involucrado en la Casa Blanca entregada a Peña y su esposa– la tercera parte de los 7.5 millones de pesos que costó la lujosa mansión con “obras de arte”.

Sin embargo, ante solicitudes de información las autoridades responsables rechazaron informar quiénes son los autores y que tipos de obras fueron (pintura, dibujo, boceto, grabado, escultura), aunque el propio exsecretario de Hacienda ha dicho que se trató de obras pictóricas, pero hasta ahora sin conocerse su valor económico individual y total, así como los papeles que amparen la legítima propiedad de las mismas.

Según las autoridades del gobierno de Peña, se trata de datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como “persona física identificada”.

En la columna Agenda de la corrupción en Contralínea, se publicó que fue a través de un crédito inmobiliario del Grupo Higa como se financió la compra de esa casa en Malinalco, Estado de México.

La supuesta investigación realizada por el exsecretario Andrade terminó con la exoneración a Videgaray, al considerar que aunque en la compra-venta se involucró financieramente a un contratista del gobierno, “ésta se hizo apegada a derecho”.

Dicho crédito inmobiliario por 7.5 millones de pesos habría sido saldado por el exsecretario de Hacieda Videgaray a finales de 2012 y casi la tercera parte se liquidó supuestamente con tres piezas pictóricas en cuestión, valuadas en ese entonces en 2 millones 452 mil 492 pesos.

Sin embargo, fuentes del sector financiero sostienen que todo se trató de una burda simulación, pues no hay evidencias del origen de dichas obras ni el avalúo de las mismas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría abrir una investigación por presunto lavado de dinero, para que le finquen responsabilidades administrativas y penales al exsecretario de Estado. Para evitar la impunidad, el caso está en manos de la Secretaría de la Función Pública, que preside la doctora Irma Eréndira Sandoval, y de la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero.

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