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Ley general en materia de desaparición forzosa de personas

por La Verdad

Dra. Dileri Olmedo/Diario La Verdad Opinión.- Imagina que un día, tu esposo o tu hijo salen de casa para realizar sus actividades cotidianas y simplemente ya no regresan; desaparecen sin dejar rastro y las autoridades no responden para ayudarte en su búsqueda. ¿Qué harías? La desaparición forzada de personas es un delito que afecta desde el ámbito individual hasta el familiar y colectivo. Es un mecanismo institucionalizado del poder del Estado para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero; se considera una violación múltiple, grave y permanente de varios derechos humanos, como: el derecho a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la vida, la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre muchos otros. La desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, el 25 de Agosto de 1974, fue el primer caso mexicano en ser elevado a una instancia internacional para su resolución. Recientemente, el caso más sonado y recordado por este delito es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de Septiembre del 2014. En ambos casos, hasta el momento, no se ha podido establecer el paradero de las víctimas ni de sus restos, haciendo más que evidente el desentendimiento total de nuestro Estado para esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para obtener la justicia y la verdad. Sin embargo, a partir del 12 de Octubre del presente año, esta situación adquirió matices diferentes, ya que la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México. Dicha ley estipula que a quien incurra en esta falta, se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa, la cual se puede aumentar hasta en un 50 por ciento, cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos. No obstante, a pesar de que esta legislación constituye un paso muy importante para hacer frente a la crisis de derechos humanos en nuestro país, ahora falta que se den los pasos concretos para que ésta pueda avanzar con certeza a ser una realidad. Se requerirá una fuerte voluntad política y la asignación de recursos suficientes para que la ley pueda concretarse como una realidad para las más de 33 mil personas actualmente desaparecidas en México.

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