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Desde el pódium: Uber Vendetta
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Desde el pódium: Uber Vendetta

Fernando Río Rosado

por LaVerdad

Desde el pódium: Uber Vendetta

Desde el pódium: Uber Vendetta

Quinientas noventa y nueve fueron las concesiones de transporte canceladas por el Gobierno Estatal. De ellas, seis fueron rutas de autobuses, pero primordialmente cientos de taxis perdieron de hecho y de derecho, la posibilidad de transportar yucatecos de manera lucrativa.

El transporte público, esa “hidra” de seis cabezas cuya historia ha estado marcada por unidades en mal estado, trato despótico de la mayoría de sus operadores y unas décadas atrás, por prácticas monopólicas afectando la la economía de sus consumidores.

No nos confundamos, el Estado, como órgano inmaterial, es el único ente con la facultad jurídica de brindar el transporte público de pasajeros, pero éste (el Estado) lo concesiona a terceros, es decir, a la iniciativa privada bajo unas ciertas condiciones y por un plazo establecido y determinado.

Por ende, las empresas transportistas públicas gozan de la oportunidad de ofrecer el servicio, pero tiene, por ley, que cumplir ciertos lineamientos que le imponga el Estado rector del mismo, de no hacerlo, les será cancelada la concesión.

Estas 593 unidades no se presentaron a la inspección vehicular ordenada por la Secretaría de Seguridad Pública, ni tampoco gestionaron las placas de circulación específicas, entre otras irregularidades.

Estos vehículos ya formarán parte de lo ilegal, de lo pirata, y por tanto, al ubicárseles ofreciendo el servicio, deberán ser remitidos por la Dirección de Transporte a los depósitos automotores respectivos, imponiéndoseles severas multas.

¿Quién les otorgó estos permisos? ¿Por qué se les otorgó? ¿Cuánto le costó a cada taxista? ¿A quién se le pagó? ¿Con qué propósito les fue otorgado? Son algunas de las preguntas que nos hacemos al leer este tipo de noticias.

Los menos culpables son los conductores embaucados, quienes seguramente entregaron fuertes cantidades de dinero a algún funcionario o servidor público o quizá a alguno de los líderes sindicales, quienes han hecho del transporte, una inmensa fortuna personal.

Probablemente, quienes sientan satisfacción en este momento son los prestadores de transporte de las plataformas digitales, porque habrá menos competencia y el piso estará más parejo en condiciones de competencia idónea para su modelo empresarial.

Las concesiones son para satisfacer las demandas que el Estado no puede alcanzar a cubrir por cuestiones presupuestales u operativas, no deben ni deberían ser moneda de cambio político-electoral.

Lo mismo podemos hablar de otros servicios, como el de la recolección de la basura, donde ciertas empresas están invirtiendo cada vez más en equipo y en tecnología para cumplir con las exigencias del contrato de concesión.

Este acto de Gobierno es un fuerte llamado a quienes se obsesionan en vivir en un país sin leyes, donde las negociaciones se hacen debajo de la mesa, con fuertes cantidades de dinero y afectando a miles de personas.

Lamentablemente, 593 familias se quedaron sin la posibilidad de ingresar recursos para sus hogares. Veamos si entrarán al marco regulatorio, solicitando nuevamente el otorgamiento del permiso para ofrecer el transporte de pasajeros.

Si no fueron por la inspección ni por las placas, pretendieron operar de manera ilícita con las concesiones que les otorgó Rolo en pago de facturas políticas de campañas.

No hay de otra, vivimos en una comunidad regida por las leyes, así tiene que ser si aspiramos algún día a ser un país y un Yucatán con mejor calidad de vida.

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