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CONJETURAS: El secreto de “Rafael”
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CONJETURAS: El secreto de “Rafael”

Raymundo Riva Palacio 

Colaborador de La Verdad

por LaVerdad

CONJETURAS: El secreto de “Rafael”

CONJETURAS: El secreto de “Rafael”

La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el ex presidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en 2015.

Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguridad y ciber seguridad. El contrato al que se refirió Durazo registra la compra de un sistema de “Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, el 23 de diciembre de 2015, por el cual se pagaron poco más de 133 millones de dólares, equivalente a dos mil 458 millones de pesos a tipo de cambio de 20 unidades por dólar.

El contrato fue firmado por Damián Canales, en ese entonces jefe de Inteligencia de la Policía Federal, celebrado de manera plurianual, por el cual no presentaron justificación, de acuerdo con funcionarios federales, ante las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Un funcionario dijo que sin justificar la urgencia, riesgo o confidencialidad, y sin suficiencia presupuestal, se procedió a esa compra sin que los bienes se registraran en el inventario y en el patrimonio de la institución. El valor, agregó, tuvo un sobrecosto de su valor real.

Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubio, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.

La rebelión de la Policía Federal obligó al gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio desde noviembre de 2012, cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio. Tienen a “Rafael” para desmontar lo que se tejió en seis años.

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