La inversión social no solo es una política pública: es la columna vertebral del relato político de la actual administración. Y fue justo esa idea la que Claudia Sheinbaum colocó al centro de la conversación nacional este lunes, cuando confirmó que en 2026 México destinará un billón de pesos a programas sociales, una cifra que no tiene precedentes en la historia moderna del país.
La noticia no surgió como una cifra fría. Surgió como una continuación natural de una historia que comenzó hace más de seis años, cuando la 4T prometió un cambio de prioridades: primero la gente, luego el aparato. Y esta vez, el anuncio no fue un simple informe, sino una narrativa llena de contexto, cifras y la justificación política que hace que la discusión trascienda más allá de los números.
La ruta del bienestar: cómo se multiplicó el presupuesto en seis años
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que en 2019 —el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— los programas sociales tenían un presupuesto de 291 mil millones de pesos. Para 2025, esa cifra ya asciende a 850 mil millones, un crecimiento que supera el 190% en apenas seis años.
¿Cómo se explica ese salto? La respuesta, según Sheinbaum, está en la recaudación adicional que el gobierno logró este año: casi 400 mil millones de pesos, de los cuales 250 mil millones provienen de aduanas, sin aumentar impuestos. Un mensaje que claramente busca reforzar la narrativa de eficiencia, combate a la corrupción y disciplina fiscal.
“¿Saben cuánto pidió Argentina de préstamo a Estados Unidos? Ese monto”, lanzó la presidenta, subrayando que México logró esa recaudación sin endeudarse.
La lógica detrás del presupuesto: apoyos directos, sin intermediarios
Uno de los momentos clave del mensaje fue cuando Sheinbaum defendió el modelo de apoyos directos. “A nadie se le pregunta por quién va a votar o de qué partido es”, dijo, insistiendo en que esta política busca romper con la lógica clientelar que marcó décadas pasadas.
Esta narrativa no es nueva, pero sí estratégica: consolida la idea de que los programas sociales no son favores, sino derechos. Derechos que, según Sheinbaum, seguirán ampliándose con la llegada del presupuesto de un billón de pesos.
Entre las cifras destacadas también estuvo la del avance en la entrega de apoyos: el coordinador de Programas de Bienestar, Carlos Torres, informó que ya se benefició a más de 32 millones de personas, equivalente al 98% del padrón.
Inversión histórica, expectativas altas: el futuro inmediato
A la mitad del análisis, queda claro que la inversión social anunciada no solo implica dinero, sino una estrategia política y económica que la administración pretende consolidar como su sello más duradero. Para Sheinbaum, la meta es clara: cerrar definitivamente el paso a las factureras, aumentar la eficiencia en aduanas y construir una estructura fiscal que permita sostener los programas sin necesidad de endeudamiento ni incremento de impuestos.
El reto no es menor, especialmente en un contexto donde millones de familias dependen de esos apoyos como su primera línea de estabilidad. Pero el gobierno apuesta a que esta inversión tendrá un efecto multiplicador: más bienestar, más estabilidad económica y un país donde los derechos sociales sean garantizados como parte del presupuesto.
Un cierre que marca la ruta al 2026
Mientras los datos siguen fluyendo, la narrativa toma forma: México se prepara para destinar el mayor monto en su historia a fortalecer derechos, reducir desigualdades y consolidar la transformación. Con ello, el gobierno reafirma su intención de mantener al bienestar en el centro del proyecto nacional.
Y así, igual que comenzó, el artículo cierra regresando al concepto que atraviesa todo el discurso político: la inversión social será el motor que defina el rumbo del país en 2026 y más allá.
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