El gobierno federal avanza en una iniciativa para controlar la economía digital en México. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que permitirá al SAT obtener información en tiempo real de plataformas digitales que prestan servicios de streaming, intermediación entre terceros, clubes en línea, páginas de citas y educación a distancia.
El objetivo, según la Secretaría de Hacienda, es gestionar de manera más eficiente la información de los contribuyentes y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, generando mayor equidad en el pago de impuestos.
Un impacto significativo en la economía digital
Aunque los datos más recientes sobre la economía digital en México datan de 2018, el valor agregado bruto fue de 7.4% del PIB, mientras que el comercio electrónico representó 6.4% del PIB. Con el crecimiento constante de estas actividades, el gobierno busca optimizar la recaudación y tener un panorama más claro del sector.
Algunas plataformas, como Mercado Libre, han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en la inversión y competitividad, mientras que asociaciones de la industria digital consideran que el dictamen podría representar un esquema de vigilancia sin precedentes, afectando la privacidad de los usuarios.
Medidas de control y posibles sanciones
El dictamen incluye la adición del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que obliga a las plataformas a reportar sus operaciones y registros en tiempo real. En caso de incumplimiento, el SAT podrá bloquear temporalmente el acceso a los servicios digitales de las empresas infractoras.
Las autoridades aseguran que la medida no vulnera el artículo 16 Constitucional, ya que se trata de un medio de control para la recaudación fiscal, no de un acto de fiscalización directa. Además, los datos podrán compartirse con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para gestión tecnológica y análisis de datos a nivel nacional.
Reacciones y desafíos
Mientras el gobierno argumenta que la medida busca eficiencia y equidad fiscal, las asociaciones del sector digital advierten sobre riesgos en la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. El desafío será equilibrar la transparencia fiscal con la protección de la información sensible, especialmente en servicios que manejan datos personales de millones de personas.
Esta iniciativa representa un cambio importante en el control de la economía digital, obligando a empresas y plataformas a adaptarse rápidamente a la nueva normativa fiscal y reforzando la presencia del gobierno en un sector que sigue creciendo a pasos acelerados.
