SAT. Para muchas personas, pagar con el celular, recibir una transferencia o cobrar mediante un código QR ya forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, una nueva iniciativa plantea ampliar todavía más el uso de estos mecanismos en México y, con ello, aumentar la cantidad de operaciones que quedan registradas en el sistema financiero.
La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue presentada ante la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2026 y actualmente continúa en análisis legislativo. Su objetivo central es promover la adopción de medios de pago digitales y facilitar el acceso a servicios financieros.
En este escenario, el SAT podría beneficiarse indirectamente de una mayor trazabilidad de las operaciones, aunque esto no significa que la iniciativa le otorgue nuevas facultades fiscales.
¿Por qué los pagos digitales pueden interesar al SAT?
La diferencia está en la huella que deja cada operación. Cuando una persona paga o recibe dinero mediante una transferencia bancaria, CoDi u otro medio electrónico, existe un registro de la operación dentro del sistema financiero.
Esto puede aportar información para diferentes procesos de revisión, pero una operación digital no significa automáticamente que exista un ingreso gravable.
Especialistas del sector contable han señalado precisamente este punto durante el análisis de la propuesta: una cuenta bancaria puede recibir préstamos, aportaciones, devoluciones o transferencias entre cuentas propias que no necesariamente representan una venta o ingreso acumulable.
Por ello, uno de los temas discutidos durante el análisis legislativo es la necesidad de evitar que un pago digital sea interpretado automáticamente como un ingreso fiscal.
¿La nueva ley dará más facultades al SAT?
La iniciativa todavía se encuentra en proceso legislativo y, de acuerdo con la información oficial disponible, su propósito principal es promover los medios de pago electrónicos y digitales, no modificar directamente las facultades fiscales del SAT. El expediente legislativo reporta que la propuesta permanece pendiente en las comisiones de origen.
El Gobierno también ha explicado que la intención de la ley es acelerar los pagos digitales, aprovechar sistemas existentes como SPEI y CoDi, ampliar la inclusión financiera y reducir progresivamente el uso de efectivo.
Esto significa que una eventual aprobación de la ley no debe confundirse con la creación automática de un nuevo impuesto o con una nueva facultad específica para revisar cuentas bancarias.
¿Qué pasa con las transferencias y depósitos bancarios?
Aquí aparece una de las principales dudas para quienes utilizan constantemente su cuenta bancaria. Recibir una transferencia no significa por sí mismo que el dinero deba considerarse un ingreso sujeto a impuestos. La naturaleza de cada movimiento es importante y puede ser necesario contar con documentación que permita demostrar qué representa una operación.
Por ejemplo, un préstamo, una devolución de dinero o un traspaso entre cuentas propias tienen características diferentes a un pago recibido por la venta de un producto o servicio.
La digitalización, por tanto, hace que las operaciones sean más fáciles de rastrear, pero el registro electrónico no elimina la necesidad de determinar qué ocurrió realmente con cada movimiento.
¿Cómo podría beneficiar la ley a los pequeños negocios?
Para un pequeño comercio, aceptar pagos digitales puede significar algo más que ofrecer otra forma de cobrar. La iniciativa plantea ampliar el acceso a medios de pago electrónicos y facilitar la contratación digital de servicios financieros. Además, el Gobierno ha señalado que la digitalización puede contribuir a generar historial financiero para los negocios.
La Secretaría de Economía informó recientemente que un programa de pagos digitales ya había habilitado a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas para aceptar este tipo de operaciones.
Un negocio que antes dependía principalmente del efectivo puede comenzar a registrar sus operaciones mediante medios electrónicos, reducir algunos riesgos asociados con el manejo de dinero físico y contar con comprobantes de sus transacciones.
¿La Ley de Economía Digital ya está aprobada?
No, este punto es importante para entender las noticias actuales. La propuesta fue presentada el 9 de septiembre de 2026 y posteriormente comenzó su análisis en la Cámara de Diputados. Al 29 de septiembre, el expediente legislativo señala que continúa pendiente en las comisiones de origen. Por ello, todavía no corresponde hablar de nuevas obligaciones fiscales derivadas de una ley ya vigente.
Mientras continúa la discusión, el tema central gira alrededor de cómo ampliar los pagos digitales, facilitar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo, al mismo tiempo que se establecen reglas claras para las operaciones electrónicas.
Para los contribuyentes, la llegada de más pagos digitales significa una razón adicional para conservar comprobantes y documentación que permita identificar correctamente sus movimientos. Y aunque el SAT puede utilizar información financiera dentro de sus procesos de fiscalización conforme al marco vigente, la propuesta de Ley de Economía Digital no debe interpretarse como una nueva facultad fiscal automática.
La iniciativa todavía está en discusión y su contenido podría cambiar durante el proceso legislativo. Por ahora, el cambio más claro planteado es avanzar hacia una economía donde pagar y cobrar digitalmente sea cada vez más sencillo y común.
