Exportaciones petroleras de Venezuela registran una caída significativa tras la reciente incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos y la imposición de nuevas sanciones a navieras y embarcaciones que comercian con el país sudamericano. La medida ha generado un impacto inmediato en el flujo de crudo venezolano hacia los mercados internacionales y ha elevado la tensión política y económica entre Washington y Caracas.

Incautación de buque y endurecimiento de sanciones

La interrupción se produjo luego de que Estados Unidos confiscara un tanquero cargado con crudo venezolano, marcando la primera intercepción directa de un cargamento petrolero desde que se impusieron sanciones al país en 2019. A esta acción se sumó la sanción a varias compañías navieras y supertanqueros que, según Washington, han participado en el transporte de petróleo sancionado.

Este escenario provocó que el movimiento de buques dentro y fuera de aguas venezolanas prácticamente se paralizara. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que se preparan para interceptar más embarcaciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y riesgo entre operadores marítimos y compradores internacionales.

Impacto directo en las exportaciones y en la economía venezolana

El desplome de las exportaciones petroleras de Venezuela representa un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, cuya principal fuente de ingresos proviene del petróleo. La reducción del flujo de crudo limita la entrada de divisas necesarias para sostener el gasto público, importar bienes esenciales y mantener operativas las infraestructuras energéticas.

Datos recientes indican que en noviembre Venezuela exportó alrededor de 952 mil barriles diarios de crudo y combustibles, uno de los niveles más altos del año. Sin embargo, tras la incautación, ese ritmo se vio abruptamente interrumpido, evidenciando la vulnerabilidad del sector energético frente a decisiones geopolíticas externas.

Chevron, la excepción en medio del bloqueo

En contraste con la parálisis general, los tanqueros fletados por la empresa estadounidense Chevron han continuado operando. La compañía cuenta con una licencia especial del gobierno de Estados Unidos que le permite trabajar en empresas mixtas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exportar crudo hacia territorio estadounidense.

Chevron ha enviado al menos dos cargamentos de crudo pesado venezolano este mes, y otros más permanecían en proceso de carga tras la incautación. La empresa aseguró que sus operaciones se desarrollan “sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”, lo que subraya la asimetría del impacto de las sanciones, donde solo actores con autorización específica pueden mantener actividades comerciales.

Buques varados y petróleo sin salida

Uno de los efectos más visibles de la crisis es la acumulación de petróleo sin exportar. Se estima que unos 11 millones de barriles de crudo y combustibles permanecen almacenados en buques que no han podido zarpar de aguas venezolanas ante el temor de nuevas incautaciones.

Algunos de estos tanqueros ya habían sido sancionados previamente por transportar crudo iraní o ruso, lo que incrementa la probabilidad de que Estados Unidos los considere objetivos prioritarios. El buque incautado, identificado como Skipper, había transportado tanto petróleo iraní como venezolano, lo que refuerza el argumento de Washington sobre el uso de flotas vinculadas a países sancionados.

China y Estados Unidos, destinos clave del crudo

Antes de la interrupción, cerca del 80 % de las exportaciones venezolanas se destinaban directa o indirectamente a China, consolidando a ese país como el principal comprador del crudo sudamericano. Al mismo tiempo, los envíos a Estados Unidos habían aumentado hasta aproximadamente 150 mil barriles diarios, en gran parte gracias a las operaciones autorizadas de Chevron.

Este doble flujo refleja la estrategia venezolana de diversificar destinos dentro de un margen limitado por sanciones, aunque la reciente escalada demuestra que esa estrategia sigue siendo altamente frágil frente a decisiones unilaterales.

Respuesta del gobierno venezolano

El gobierno de Venezuela calificó la incautación como un “robo” y un acto de “piratería”, denunciando una agresión directa contra su soberanía y su industria energética. Pdvsa y el Ministerio de Hidrocarburos convocaron a ejecutivos y trabajadores de empresas mixtas a una teleconferencia encabezada por la vicepresidenta y ministra Delcy Rodríguez.

Durante ese encuentro, Rodríguez analizó la incautación y reiteró la posición oficial de que se trata de una acción ilegal, al tiempo que llamó a mantener la operatividad y explorar mecanismos para sostener las exportaciones en un contexto cada vez más restrictivo.

Un escenario de alta tensión para el mercado energético

La caída de las exportaciones petroleras de Venezuela no solo afecta a la economía del país, sino que también introduce un nuevo factor de inestabilidad en el mercado energético global. La posibilidad de más incautaciones y sanciones aumenta el riesgo para navieras, aseguradoras y compradores, mientras refuerza el uso del petróleo como herramienta de presión geopolítica.

En este contexto, el futuro inmediato del crudo venezolano dependerá de la evolución del pulso político entre Caracas y Washington, así como de la capacidad del país sudamericano para sortear un entorno internacional cada vez más adverso.