La economía mexicana se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el gobierno ha lanzado una audaz apuesta por el crecimiento a través de un Plan Nacional de Infraestructura de más de 369 mil millones de pesos, diseñado para modernizar el país y capitalizar la ola del nearshoring. Por otro lado, los mercados internacionales envían señales de alerta: la confianza de los inversionistas se erosiona y la amenaza de una baja en la calificación crediticia del país se cierne como una nube de tormenta.
Este choque de realidades plantea una pregunta fundamental: ¿será suficiente la inyección masiva de capital público para blindar la economía frente a la creciente percepción de riesgo político y regulatorio?
La Apuesta del Gobierno: Inversión Pública como Motor de Crecimiento
La estrategia del gobierno es clara: utilizar la inversión pública como catalizador. El plan de infraestructura, con su enfoque en carreteras, puertos, energía y ferrocarriles, busca crear un círculo virtuoso. La construcción de estas obras no solo generaría más de 162,000 empleos a corto plazo , sino que también mejoraría la competitividad logística del país, atrayendo así más inversión privada nacional y extranjera, especialmente de empresas que buscan relocalizar sus cadenas de suministro cerca de Estados Unidos.
Desde la perspectiva oficial, cada kilómetro de carretera y cada megavatio de energía añadidos son un paso hacia una economía más robusta y resiliente.
La Visión de los Mercados: Oportunidades Condicionadas
Los inversionistas extranjeros no son ajenos a las oportunidades que ofrece México. La relativa estabilidad del peso a finales de 2024 hizo que los mercados mexicanos fueran un destino atractivo para diversificar portafolios. Sectores como el FinTech, las startups tecnológicas y el desarrollo de infraestructura sostenible son vistos con gran interés.
Sin embargo, este optimismo es frágil y está fuertemente condicionado. Los inversionistas ven oportunidades, pero también ven riesgos significativos que podrían anular cualquier beneficio potencial.
La Alerta Roja: Baja Confianza y Fuga de Capitales
Aquí es donde la narrativa del gobierno choca con la percepción del mercado. La principal preocupación de los inversionistas es la «inminente amenaza de una rebaja en la calificación crediticia». Este temor no surge de la nada; se alimenta de la incertidumbre política.
«Cambios [en el marco legal], como las reformas judiciales, podrían socavar la confianza de los inversionistas, lo que llevaría a una fuga de capitales y a una disminución de las entradas de inversión.» – Análisis de Global Banking and Finance.
Esta percepción se refleja brutalmente en los datos duros. En el Índice de Confianza de Inversión Extranjera 2025 de la prestigiosa firma Kearney, México se desplomó al último lugar (puesto 25 de 25), una caída alarmante desde el puesto 21 que ocupaba en 2024. Los inversionistas citan como principales riesgos las tensiones geopolíticas y, crucialmente, «mayores restricciones en los marcos regulatorios».
Existe una desconexión fundamental entre las proyecciones del gobierno y la percepción de riesgo de los inversionistas. El gobierno presenta el Plan de Infraestructura como la solución a los problemas económicos. Sin embargo, para el capital internacional, el contexto político en el que se ejecuta ese plan es una enorme bandera roja. La inestabilidad regulatoria y la polarización política están dañando activamente la confianza.
Por lo tanto, el plan de infraestructura, por sí solo, no es suficiente. El problema de fondo es la confianza. El gobierno cree que construir carreteras construirá confianza. Los inversionistas, en cambio, están diciendo que necesitan estabilidad política y certidumbre jurídica antes de poder confiar plenamente en que esas carreteras los llevarán a obtener ganancias. Este profundo desacuerdo es la tensión central que definirá el futuro económico de México en los próximos años.
