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Ana Gabriela Guevara se escuda en la CONADE y protagoniza escándalo inmobiliario
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Ana Gabriela Guevara estaría involucrada en escándalo inmobiliario

Ana Gabriela Guevara está cerca de encabezar el deporte nacional y de ser denunciada por practicar el juego sucio en un pleito legal contra un particular. 

por AlinaHuidobro

Ana Gabriela Guevara se escuda en la CONADE y protagoniza escándalo inmobiliario

Ana Gabriela Guevara se escuda en la CONADE y protagoniza escándalo inmobiliario

A tan solo unos meses de que la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, fuera nombrada como titular de La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue exhibida sobre un posible escándalo inmobiliario.

El reportero Raúl Ochoa en su columa de opinión publicada en el portal de Proceso.com.mx explicó la situación por la que se encuentra actualmente Ana Gabriela Guevara respecto a la compra de una residencia amueblada por 1 millón 800 mil dólares ubicada en el Fraccionamiento Los Encinos en el municipio de Lerma, Estado de México.

En este sentido, Ochoa comenzó explicando que Guevara nunca liquidó la transacción y entabló demandas contra la vendedora para cancelar el compromiso:

"Guevara perdió todos los juicios hasta que llegó Carlos Miguel Jiménez Mora, juez conocido por emitir fallos sin desahogar todas las pruebas y favorecer a personajes de la política"

En la misma nota, Raúl Ochoa continuó escribiendo:

"La exatleta de alto rendimiento y futura directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sólo dio un abono de 4.5 millones de pesos equivalentes a casi 438 mil dólares tomando en cuenta que el tipo de cambio de hace 10 años, cuando se formalizó la adquisición, era de 10.23 pesos por divisa.

Desde que la vendedora del inmueble, Leticia Eugenia Melo Goytortúa, y Ana Gabriela Guevara firmaron el contrato de compraventa el 4 de abril de 2008, la política sonorense no ha finiquitado la casa y también adeuda una serie de pagos a manera de penalización por incumplir lo convenido.

Tras los adeudos generados por su informalidad, la exvelocista promovió ante tribunales la nulidad del convenio con la señora Melo Goytortúa. Además, exigió la devolución del único pagó que depositó… En tres ocasiones no le favorecieron los juicios que entabló.

Sin embargo, el caso dio un vuelco ­inesperado a una década de iniciado el pleito legal: el juez vigésimo séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió en favor de la futura titular de la Conade, el 23 de octubre último.

En el cuarto juicio que Guevara promovió el pasado 2 de abril para cancelar la compra de la casa, Jiménez Mora señaló que fue la vendedora quien no respetó el trato porque “no otorgó ni firmó las escrituras del bien inmueble”.

En su resolución también expuso que le dio la razón a la exatleta porque en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en su artículo 32, se estipula que nadie puede ser obligado a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, “siendo que por los intereses de Ana Gabriela Guevara Espinoza no es su voluntad proseguir con la compraventa del inmueble”.

De esa manera el más reciente fallo indica que Guevara “fue la única de las dos partes que cumplió parcialmente su obligación de pagar la primera exhibición del precio pactado. Hasta la fecha, la demandada se ha negado a reintegrar la cantidad recibida con motivo del contrato basal, pese a los múltiples y reiterados requerimientos que se le han realizado de manera extrajudicial”.

Con la resolución del juez Jiménez, Ana Gabriela pretende recuperar su único pago y evitar las sanciones que ambas partes convinieron, como la que estipula que “si la compradora incumpliera con la liquidación del inmueble, tendrá que cubrir una suma adicional de 100 mil dólares a la vendedora”.

En la séptima cláusula se estipula que “la escritura definitiva de compraventa se otorgará el 16 de octubre de 2008 y la entrega del inmueble será en la misma fecha”.

En otro de los apartados se indica que quien no respete lo pactado deberá pagar al afectado el equivalente a 20% del precio total de la operación del inmueble, es decir, 360 mil dólares o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que corresponda.

La falta de pago puntual de la sanción convencional también le generará a la parte incumplida la obligación de compensar “en favor de la otra los intereses a razón de 1% mensual hasta la fecha del pago de la pena”, agrega el documento.

Para Leticia Eugenia Melo y su abogado, José Pedro Tapia, la resolución de Carlos Miguel Jiménez Mora es inconstitucional.

El juez valoró las pruebas de manera ­inadecuada: no tomó en cuenta las cláusulas de penalización del contrato acordadas por ambas partes, expone el abogado de la vendedora.

José Pedro insiste en que la medallista olímpica nunca liquidó el precio total del inmueble y que en el juicio tampoco demostró que su defendida se haya negado a recibir dicho pago. Ambos aspectos fueron ignorados, “eso evidencia la indebida motivación y fundamentación a la que él estaba obligado a observar al momento de resolver en definitiva el conflicto contractual sujeto a su potestad”.

De acuerdo con una nota fechada el 21 de mayo de 2006, la agencia de noticias Apro reportó que Carlos Miguel Jiménez Mora es un juez proclive a cerrar procesos judiciales sin que estén agotados.

En el texto titulado Un Juez con prisa… se expone el patrón que obedeció –por ejemplo– para resolver contra la revista Proceso y la periodista Olga Wornat en la demanda que Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, interpuso por daño moral.

En la edición en línea también se recuerda que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), hoy Ciudad de México, ordenó a Jiménez Mora reponer el procedimiento porque emitió su fallo sin desahogar todas las pruebas.

En otros asuntos, Jiménez se apresura a ordenar lanzamientos que derivan en robos y despojos.  Según el expediente 295/04, referente al pleito legal por la posesión de un inmueble, el “juez con prisa” –sin tomar en cuenta los argumentos del demandado– instruyó al actuario Juan González Casas exigir la desocupación y entrega de la casa en pugna.

Para cumplir su orden, quien también es autor del libro Fraude procesal civil facultó al actuario a usar “la fuerza pública y la fractura de cerraduras”.

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